En ING me bloquean las cuentas.

 la excusa de la ley de blanqueo de capitales 

 — Bloqueo motivado por exigencias derivadas del cumplimiento de la normativa de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. 

La Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, establece en su artículo 5 que los sujetos  obligados deben obtener información sobre el propósito y la índole prevista de la relación de negocios, así como recabar de sus clientes información a fin de conocer la naturaleza de su actividad profesional o empresarial y de adoptar medidas que permitan comprobar razonablemente la veracidad de la información. Y el artículo 6 impone a las entidades la aplicación de medidas de seguimiento continuo de la relación de negocios, incluido el escrutinio de las operaciones efectuadas a lo largo de dicha relación.  Por otra parte, el artículo 7.3 señala que los sujetos obligados no establecerán relaciones de negocio ni ejecutarán operaciones cuando no puedan aplicar las medidas de diligencia debida que prevé la ley, poniendo fin a la relación de negocio cuando no puedan aplicar dichas medidas, al tiempo que señala que la negativa de las entidades a establecer relaciones de negocio o a ejecutar operaciones o la terminación de la relación por no poder aplicar las medidas de diligencia debida no conllevarán, salvo que medie enriquecimiento injusto, ningún tipo de responsabilidad para la entidad. 

Estas obligaciones fueron desarrolladas por el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, cuyo artículo 11 exige a las entidades, a su vez, que apliquen medidas de seguimiento continuo de la relación de negocios, incluido el escrutinio de las operaciones efectuadas a lo largo de la relación, a fin de garantizar que coinciden con la actividad profesional o empresarial del cliente y con sus antecedentes operativos, así como que se aseguren de que los documentos, datos e informaciones obtenidos como consecuencia de la aplicación de las medidas de debida diligencia se mantengan actualizados y se encuentren vigentes. 

 Procede igualmente mencionar que el Real Decreto-ley 19/2017, de 24 de noviembre, anteriormente mencionado, permite, en su artículo 4, la denegación del acceso a una cuenta de pago básica en caso de que el potencial cliente no aporte la información que requiera la entidad en función del nivel de riesgo de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo de su potencial cliente. Del mismo modo, el artículo 6 de la norma permite resolver unilateralmente el contrato marco cuando el cliente no haya aportado la documentación o información requerida en el curso de la relación de negocios, determinando la imposibilidad de aplicar las medidas de diligencia debida u otras obligaciones previstas en la Ley 10/2010, de 28 de abril 

 Teniendo en cuenta lo anterior, el DCMR considera que la actuación consistente en el bloqueo unilateral de la cuenta (dando aviso al cliente y justificando su proceder) —esto es, la observancia de la normativa y de las obligaciones legales que le afectan, y en concreto la diligencia exigida respecto al cumplimiento de la normativa de prevención del blanqueo de  capitales y de la financiación del terrorismo— no puede ser considerada apartada de las buenas prácticas financieras. 

 Sin perjuicio de ello, el DCMR ha observado que, en algunos casos, las entidades no están en condiciones de acreditar que las cuentas de sus clientes han sido bloqueadas respetando los criterios de diligencia anteriormente citados. Así, en el expediente R-201812579, habiendo expuesto que, con carácter general, la competencia del DCMR no alcanza a valorar la adecuación o proporcionalidad de las medidas adoptadas por las entidades en cumplimiento de las obligaciones establecidas por la normativa de prevención del blanqueo de capitales, no se pudo sino observar que, según la documentación que obraba en el expediente, la entidad había bloqueado la cuenta de la parte reclamante sin que constase que hubiera efectuado ningún requerimiento o aviso previo. El DCMR estimó, por lo tanto, que la conducta de la entidad se había apartado de las buenas prácticas y usos financieros. Esto se ha desarrollado de manera más detallada en el epígrafe 5.1, «Identificación y tipología de los potenciales titulares. Requisitos de capacidad y particularidades en su identificación».