Roca dice que no tramitaba expedientes urbanísticos en Marbella
Roca dice que no tramitaba expedientes urbanísticos en Marbella y que era Gil quien lo hacía
Málaga, 7 jun (EFE).- El ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella Juan Antonio Roca negó hoy que fuese él quien tramitara los expedientes urbanísticos y aseguró que el ex alcalde del consistorio marbellí, el fallecido Jesús Gil, era quien decidía.
Juan Antonio Roca fue trasladado esta mañana desde la prisión de Alhaurín de la Torre (Málaga) hasta los juzgados para declarar en calidad de testigo en el juicio que se sigue contra Julián Muñoz y otros siete ex ediles del Gil por delito urbanístico.
El ex asesor, encarcelado a raíz de la Operación Malaya, llegó a las dependencias judiciales sobre las 9.00 horas pero hasta las 13.00 no fue conducido hasta el juez, Rafael Linares, magistrado del Juzgado de lo Penal número 2 de Málaga, encargado de dictar sentencia.
Durante su declaración, que duró veinte minutos, fue custodiado por dos policías nacionales que le retiraron las esposas mientras comparecía ante el juez en la vista oral.
Roca afirmó que Jesús Gil dio orden para que las licencias urbanísticas se concedieran con arreglo a la revisión del Plan General de Ordenación Urbana y que todos los concejales del GIL conocían dicha instrucción.
Aclaró que él no era gerente de Planeamientos 2000, sino apoderado y que dicha empresa era una sociedad municipal que se encargaba de redactar el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y que participó en la gestión de convenios urbanísticos.
El ex asesor de Urbanismo explicó que en Planeamientos 2000, a través de sus técnicos, se hacían propuestas que se estudiaban por si podían incorporarse al nuevo PGOU, aunque se aprobaban en el pleno municipal.
Roca agregó que Jesús Gil siempre fue la persona que llevó las competencias de Urbanismo y que había "una conciencia general" de que para saber si se concedían las licencias se tenía que utilizar la revisión del Plan.
Además de Roca, esta mañana también ha declarado el abogado José Luis Sierra, que ha asegurado que él nunca emitió informes para los expedientes urbanísticos.
Sierra dijo que él sólo redactó un "informe genérico" en 1993 en el que advertía de que no se podían conceder licencias según el Tribunal Supremo, y que, por tanto, sólo se podían dar "licencias provisionales", sujetas a demolición inmediata y sin derecho a indemnización.
Mantuvo que no fue asesor jurídico del Ayuntamiento, sino abogado de Gil, que nunca participó en reuniones urbanísticas y que alguien, cuando empezaron las denuncias penales, adjuntó su informe genérico a cada uno de los expedientes.
José Luis Sierra reiteró que él sólo fue abogado del ex alcalde, que no emitía informes concretos sobre licencias de obra y destacó que tuvo "bastante con mantener en libertad a Gil durante veinte años".
El pasado lunes, Julián Muñoz aseguró durante su declaración que las licencias urbanísticas "siempre venían avaladas por la Gerencia de Urbanismo" y que el gerente era Juan Antonio Roca, extremo que éste hoy ha negado.
Julián Muñoz se enfrenta a una petición fiscal de dos años de cárcel y diez de inhabilitación y está acusado junto a otros siete ex ediles del GIL de un delito contra la ordenación del territorio al haber autorizado una licencia de obra en zona verde.
El resto de concejales que se sientan en el banquillo de los acusados son Rafael González, María Luisa Alcalá, Mario Jiménez, José Manuel Pomares, Manuel Calle Arcal y Juan Antonio Yagüe Reyes (hermano de la alcaldesa detenida en la "operación Malaya").
El juicio continúa el próximo viernes con el informe acusatorio del fiscal, Juan Carlos López Caballero, y el alegato final de los abogados personados en el procedimiento.
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