Aunque el gobierno ha insistido por activo y por pasiva que no será así, lo cierto que es que emitir 6.000 millones de euros de deuda para inyectársela a las entidades que no puedan sostenerse por sí misma, es ya un coste. Porque esa deuda implica pagar unos intereses. Y los números ya están encima de la mesa: cada español debería pagar 150 euros más para salvar a los bancos.
No contará como déficit, pero sí como deuda, por lo que habrá dinero público para las entidades que no sean capaces de sobrevivir en el nuevo entorno financiero. Al margen del saneamiento de los propios bancos, el Estado, a través del FROB, va a aportar 6.000 millones de euros. Eso es deuda pública y aunque es verdad que España cuenta con más margen en esta variable, no quiere decir que no se tenga que pagar en forma de intereses y a cuenta de los presupuestos.
Cuando la banca asegura que no presta porque no hay demanda solvente, el gobierno obliga a que cada español pague con dinero público a entidades cuya solvencia está en seria duda y cuya devolución de los fondos del estado no está garantizada. Ése ha sido el caso de UNNIM, entidad que pidió recursos públicos y que fue incapaz de devolver por los altos intereses que los mismos suponían.
Hacer además que las entidades grandes se queden con las pequeñas tampoco será gratuito. Ya lo dijo Emilio Botín, presidente del Banco de Santander.
Y esas ayudas ya tienen donde mirarse: el esquema de protección de activos por 20.000 millones de euros que sirvió al Sabadell para quedarse con la CAM. Eso también es dinero del contribuyente español aunque el gobierno, fiel a su mantra de que la reforma no tendrá coste público, lo niegue un día sí y otro también.