El BCE impone sus condiciones para el rescate
España e Italia se acercan cada vez más al abismo del rescate financiero. La crisis de deuda se está agudizando y focalizando en los mercados elevando su coste de financiación. Pese a las presiones de ambos países, el BCE sigue sin dar su brazo a torcer y lleva meses sin comprar deuda periférica. La exigencia de solicitar el rescate de forma formal para recibir esta ayuda pasa por acometer las reformas que ‘aconseja’ el BCE.
La tensión sobre la prima de riesgo, el diferencial entre la rentabilidad que se ofrece por el bono alemán con respecto al resto de países, aumenta cada día. España lleva más de un mes por encima de los 500 puntos, ha llegado incluso a superar los 600 en el mes de julio, mientras que el sobrecoste del país transalpino se sitúa por encima de los 450 enteros.
La inestabilidad y desconfianza instalada en los mercados ha producido una significativa alza en el coste de financiación de la economía española e italiana. Tras varios meses esperando una intervención del BCE para suavizar la situación, la semana pasada era su presidente, Mario Draghi, el que instaba a Monti y a Rajoy a solicitar el rescate como paso previo de conseguir que el organismo volviese a los mercados de deuda.
Entre tanto, el Tesoro Público tendrá que captar unos 100.000 millones de euros para financiar los vencimientos pendientes y el déficit público, según datos del mercado primario citados por Europa Press antes de finales de año. Por su parte, Italia, debe hacer frente a aproximadamente 140.000 millones, sólo en vencimiento de deuda en ese mismo plazo.
El BCE volvió a avisar este jueves e imponer sus condiciones. La institución presidida por Mario Draghi en su boletín del mes de agosto defendía que España habría podido evitar en gran medida la significativa destrucción de puestos de trabajo registrada en su mercado laboral desde que comenzó la crisis de haberse aprobado "hace unos años" una reforma laboral similar a la adoptada finalmente en febrero de 2012.
De este modo, el BCE pronostica que en el futuro se produzca "una acusada caída de la remuneración por asalariado" en España, "como consecuencia de nuevos recortes de los salarios del sector público y del impacto de la reforma laboral en la moderación de las reivindicaciones salariales del sector privado", orientando así a Mariano Rajoy a acometer más ajustes.
El instituto emisor de la eurozona considera que, dado que la necesidad de reequilibrio todavía es considerable, "todos los países tendrán que emprender reformas adicionales de gran calado" e introducir medidas adecuadas para aumentar la competitividad vía precios y la competitividad no precio, así como para reducir el desempleo y restablecer la sostenibilidad de las finanzas públicas.