Nuevas tasas en justicia, reclamar muerte de familiar 14.000€, recurrir al supremo 20.000€...
Por ejemplo una persona que reclame una indemnización cuantiosa por una negligencia médica en la que haya fallecido una familiar, deberá adelantar 14.000 euros. Y si quieres ir al supremo por cualquier reclamación se tiene que adelantar unos 20.000 euros...
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/11/12/andalucia/1352740981.html
-----
Letrados de toda Andalucía denuncian las nuevas tasas de Justicia
Aseguran que creará una justicia para ricos y otra para pobres
Los nuevos precios se aplicarán a partir de los 1.100 euros de renta
Rosa Jiménez
Varios centenares de abogados andaluces se han concentrado en la mañana de este lunes en las ocho provincias andaluzas a fin de mostrar su rechazo al proyecto de Ley de Tasas impulsado por el Ministerio de Justicia y tramitado por vía de urgencia en el Parlamento, anunciando que en caso de que "suceda lo peor" y el Gobierno central termine aprobando esta Ley se interpondrá el correspondiente recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC).
En rueda de prensa en Sevilla, el portavoz del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados y decano de la institución colegial en Sevilla, José Joaquín Gallardo, ha explicado que la concentración de protesta secundada por los letrados andaluces supone el "último grito" en contra de una Ley "que vulnera el derecho de todos los ciudadanos a la tutela judicial efectiva" y que supone "un ataque frontal al Estado de Derecho".
Al hilo de ello, Gallardo ha subrayado que la Ley de Tasas "es un atropello" y "dificultará enormemente, obstaculizará e incluso impedirá" el acceso a la Justicia "de millones de españoles, ya que se establecen unas tasas "prohibitivas para muchos ciudadanos", punto en el que ha opinado que dicho proyecto de Ley "tiene un claro desmedido afán recaudatorio".
'O pagas o no se mueve un papel'
Tras criticar la "insensatez legislativa" del Gobierno de Mariano Rajoy en este asunto, el también vicepresidente del Consejo General de la Abogacía Española ha señalado, en torno a dicho "afán recaudatorio", que se trata de "una motivación suficientemente maligna" con la que "se está tocando uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho".
Tras tachar de "lamentable" que el Gobierno "use a la Justicia como ventanilla recaudatoria", José Joaquín Gallardo ha señalado que un proyecto como éste "no lo habíamos visto nunca, ni en democracia ni antes de la democracia", y a ello se suma que el Ministerio de Justicia "ha llevado este proyecto en solitario, sin escuchar a nadie".
No obstante, y "si los peores augurios se cumplen", la Abogacía española presentará recurso de inconstitucionalidad contra un proyecto que ha resumido con la frase "o pagas, o no se mueve un papel", ha anunciado el decano de los letrados sevillanos en una rueda de prensa que ha estado presidida por la pancarta 'No a las tasas, Justicia para todos'.
'Justicia de ricos y de pobres'
También el decano del Colegio de Abogados de Córdoba, José Luis Garrido, ha considerado que esta nueva medida sólo va a servir para crear "una justicia de ricos y otra de pobres", y por ello ha exigido la retirada inmediata de la ley de tasas y la puesta en marcha de medidas válidas y eficaces para mejorar "el deficiente funcionamiento de la administración de justicia". El decano ha explicado que esta protesta no sólo defiende los intereses de los abogados sino también los del ciudadano.
Como ejemplo, Garrido ha señalado que a partir del próximo día 26 recurrir una multa de tráfico de 300 euros va a costar el 150 euros. En cuanto a casos de responsabilidad civil, el letrado ha explicado que una persona que reclame una indemnización cuantiosa por una negligencia médica en la que haya fallecido una familiar, deberá adelantar 14.000 euros.
Este proyecto de ley contempla una subida de las tasas en todas las jurisdicciones, excepto la penal, de entre 50 y 750 euros para familias con ingresos superiores a 1.100 al mes y que, por tanto, no tendrán derecho a la justicia gratuita.
Por ello ha exigido la retirada inmediata de la ley de tasas y la puesta en marcha de medidas válidas y eficaces para mejorar "el deficiente funcionamiento de la administración de justicia".