La OCU contra la privatización del Registro Civil
El Ministerio de Justicia podría estar preparando la privatización del Registro Civil. De confirmarse, implicaría que trámites hasta ahora gratuitos para el ciudadano (inscribir nacimientos, matrimonios y defunciones, o solicitar sus certificados) pasarían a ser de pago.
Varios medios se han hecho eco de que el Ministerio de Justicia está preparando un anteproyecto de Ley de Reforma Integral de los Registros. Entre las medidas previstas, privatizar el Registro Civil, transfiriendo sus funciones al Registro de la Propiedad.
De ser así, trámites que ahora realizan los jueces del Registro Civil y no cuestan dinero al ciudadano (inscripciones de nacimientos, defunciones o matrimonios; solicitudes de partidas de nacimiento, matrimonio, divorcio, defunción o nacionalidad) pasarían a manos de los registradores de la propiedad, que cobrarían por ello.
Aunque los registradores de la propiedad son funcionarios públicos, no cobran de los presupuestos del Estado sino que sus ingresos provienen de unos aranceles que cobran a quien solicita sus servicios.
Pagar por certificados que hasta ahora eran gratis, eso supondría esta medida.
Los registradores de la propiedad en entredicho
Este sistema ha provocado múltiples abusos por parte de los registradores de la propiedad, ya que son ellos mismos los que interpretan las normas que regulan sus ingresos. Dicha interpretación siempre es a su favor y en contra de los intereses del consumidor, que a menudo acaba pagando más de lo que corresponde.
Una prueba de esto son los análisis de minutas que hemos realizado en la OCU, en los que hemos comprobado que en muchas ocasiones los registradores cobran más de lo debido.
El caso más reciente es el cobro excesivo en las cancelaciones hipotecarias desde diciembre de 2007, que denunciamos en septiembre de 2011. Tras revisar minutas notariales y registrales comprobamos que tanto notarios como registradores estaban cobrando de más a los usuarios.
En el caso de los registradores, el importe establecido en el arancel ascendía a 24 euros, pero los registradores estaban cobrando de media más de 140 euros.
La OCU denunció los hechos ante la Fiscalía del Tribunal Supremo y el Ministerio de Justicia, y ambos nos han respaldado.
Estimamos que las cantidades indebidamente cobradas superan los 400 millones de euros, teniendo en cuenta que entre diciembre de 2007 y mayo de 2012 se cancelaron más de 1,6 millones de hipotecas (según datos del INE).
Lo que pide la OCU
Desde la OCU estamos totalmente en contra de que las funciones Registro Civil pasen a manos de los registradores de la propiedad y consideramos que los servicios prestados, al ser de carácter obligatorio para el ciudadano, deben seguir siendo gratuitos.
Como hemos podido comprobar, la actuación de los registradores dista de ser ejemplar, sobre todo en tiempos en los que la crisis inmobiliaria ha reducido drásticamente la compra de inmuebles, de la que dependen en gran parte sus ingresos.
Desde la OCU llevamos años solicitando una profunda reforma del sistema notarial y registral para acabar con los privilegios de un colectivo que como hemos visto actúa impunemente:
Tanto notarios como registradores deberían ser funcionarios del Estado y con el mismo régimen que el resto de funcionarios, cobrando un sueldo público y no facturando directamente a los consumidores a través de un arancel que, como hemos visto, interpretan en su propio beneficio.
Llevamos años solicitando la integración del catastro y del registro de la propiedad en una sola institución, en línea con lo que ocurre en otros países de la Unión Europea.