Los políticos acuerdan mantener su pensión máxima con solo 7 años cotizados mientras recortan todas las demás
No es una inocentada: la reforma de las pensiones que prosperará en el Congreso mantiene las prerrogativas de los diputados. Y es que funciona una secreta solidaridad grupal: ninguno de los parlamentarios intervinientes hizo mención durante el debate a su situación privilegiada, por la que consiguen la pensión máxima con solo siete años cotizados. Esta ventaja con respecto al resto de los ciudadanos se suma a otras ventajas fiscales, ya que no tributan de su sueldo casi un 30% del mismo y en la Ley del IRPF figuran en su artículo 17.2 apartado b sus exenciones por ser políticos: los beneficiarios son, según esta ley, “los diputados españoles en el Parlamento Europeo, los diputados y senadores de las Cortes Generales, los miembros de las asambleas legislativas autonómicas, concejales de ayuntamiento y miembros de las diputaciones provinciales, cabildos insulares u otras entidades locales”. Y además lo escandaloso hoy es que sus pensiones, a las que llegan en su valor máximo con sólo los mencionados 7 años cotizados pueden, incluso, compatibilizarse con varias pensiones más, para mayor escarnio hacia el resto de los ciudadanos
La reforma la va a aprobar el PP en solitario pero sobre toda esta ristra de privilegios nada dice la oposición socialista o de IU. El PSOE, que con el gobierno de Zapatero retrasó la edad de jubilación a los 67 años, llegó a congelar las pensiones en 2011. Las propuestas para hacer sostenible este sistema, que equipos como Fedea ven abocado a la quiebra, se limitan a mantener el denominado “Pacto de Toledo” , acuerdo secreto entre todos los partidos para asaltar la caja pública con los ahorros de las pensiones cada vez que a un partido le falte dinero para mantener el despilfarro del Estado. Todo ello aflora una situación desconocida: los políticos se salvan a costa del ciudadano, pues la situación de sus pensiones les garantiza no verse afectados nunca por los duros recortes que está viviendo el resto de la ciudadanía. Creen que jamás les van a pedir rendir cuentas a su voto en las cámaras.
Uno de los pilares en los que se están apoyando los ciudadanos españoles en situaciones de precariedad es la ayuda que reciben de sus padres, abuelos y, en general, familiares con pensión. Esta reforma que acaba de aprobar el PP con toda la oposición en contra va a reducir la capacidad adquisitiva del sistema de pensiones español, a la par que mantienen intactas las privilegiadas pensiones políticas.
La parafernalia del discurso político-legal afirma que lo único que se está haciendo es “ajustar el valor de las pensiones a la esperanza de vida y a la cantidad de perceptores de pensiones”, pero no es verdad. Están gastando el dinero que detrajeron a los trabajadores para su pensión futura porque les sirve para ocultar el fracaso económico al que está llevando su gestión de la crisis y que asientan, como siempre, sobre las clases menos pudientes.
Y es que la emergencia social no puede ocultarse por más tiempo. Cruz Roja denuncia en su último informe que los mayores son los que están sosteniendo de forma abnegada las consecuencias del paro en las familias. Uno de cada cuatro vive en un hogar con todos los miembros desempleados. Son 420.000 hogares los que viven gracias a la pensión del abuelo, según esta organización.
El portavoz de la Cruz Roja, Antoni Bruel, ha insistido en que los pensionistas son un colectivo que no se queja pero que supone un muro de contención social y económico ante la catástrofe económica y social que padece España. Este factor, junto a la diversidad de los ayudados – hijos (59,8%), nietos (12,8%) y otros familiares (9,8%) – explica la aparente calma de los españoles respecto a la tremenda situación de paro. Todo ello, además, a costa de la salud de los ancianos, pues un 38,3% de los mayores enfermos ha tenido problemas relacionados con su salud. El 17,7% ha encontrado problemas para sufragar las medicinas no cubiertas por la Seguridad Social y el 9,7%, para afrontar el copago de los medicamentos que necesitaba. «El impacto de este coste para una pensión de 300 euros es mucho dinero», ha denunciado Bruel.