Se cuenta que el expresidentes valenciano Eduardo Zaplana, hoy en la empresa privada y apartado de la política pero con fuertes vínculos todavía en un sector de la política regional que lo mantiene como referente, ha asistido con complacencia a la pasión y hundimiento de la facción de su partido encabezada por Francisco Camps, envuelta de hoz y coz en la trama 'Gürtel'.
Pero la alegría va por barrios, y al parecer tampoco los seguidores de Zaplana tuvieron demasiados escrúpulos en el manejo del dinero público: su hombre fuerte, José Joaquín Ripoll, líder del PP alicantino y presidente de la diputación provincial, acaba de ser acusado de cinco delitos: fraude, cohecho, tráfico de influencias, revelación de secretos y negociaciones prohibidas a funcionarios.
Financiación ilegal del partido
El panorama con que tiene que lidiar Rajoy es más bien turbio: en la cúpula de la comunidad autónoma, y como es bien conocido, el presidente Francisco Camps y varios colaboradores están a punto de señalamiento de juicio con jurado por presunto cohecho impropio, mientras la fiscalía continúa investigando las extensiones del 'caso Gürtel' en el ejecutivo regional, que pueden desembocar en otras causas judiciales y hasta en el desentrañamiento de una posible financiación ilegal del partido.
En Castellón, el fiscal Anticorrupción, Luis Pastor, atribuye al presidente de la Diputación y del PP provincial, Carlos Fabra, delitos contra la Hacienda Pública, cohecho propio y prevaricación, según manifestó la acusación pública en la vista previa que mantuvo a finales de junio el juez Jacobo Pin con todas las partes implicadas.
La Ley del Jurado determina que estos delitos deben ser juzgados por un tribunal popular, por lo que probablemente Fabra habrá de pasar también por este mal trago. Junto a Carlos Fabra, la Fiscalía también imputa a su mujer, Mampa Fernández, al empresario Vicente Vilar y a su ex esposa, Montserrat Vives.
Confusión en las actuaciones policiales
En Alicante, como es sabido, después de alguna confusión en las actuaciones policiales que fueron aprovechadas por el PP para tratar de escurrir el bulto, el juez imputó ayer al presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, del Partido Popular, por su presunta implicación en una trama de corrupción político-empresarial vinculada a una contrata de basuras en la Vega Baja (al sur de esa provincia valenciana), por un importe total de 250 millones de euros. Varios empresarios de la zona han sido asimismo imputados en la causa.
La situación es difícilmente sostenible para el Partido Popular, que, aunque no tiene seguramente amenazada su hegemonía en la región -la descomposición del PSOE ha sido de tal magnitud que el partido sigue desarbolado-, habrá de adoptar decisiones rotundas para sanear esta especie de vertedero en que se ha convertido la política valenciana.
En las últimas horas, ha empezado a circular por las cercanías de Génova la especie de que la cúpula popular podría estar pensando en celebrar un congreso extraordinario en la comunidad valenciana para provocar una renovación total de los cuadros dirigentes. Rajoy ganaría prestigio y altura si fuera capaz de dar este golpe de autoridad.
fuente, eleconomista:
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/2297763/07/10/Analisis-Valencia-el-sumidero-del-PP.html
