Pues mira esto
10.08.2010 Calixto Rivero 0
Las pequeñas y medianas empresas y los autónomos están esperanzados ante la decisión de la Justicia de establecer sanciones y embargos contra el patrimonio de los alcaldes de los municipios con más deudas.
. El responsable de la Federación ATA, Lorenzo Amor, la asociación más representativa de autónomos del país, considera que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) andaluz que establecía multas coercitivas contra el alcalde de Castilleja de Guzmán (Sevilla) por sus deudas con la compañía Aroa S. L. es una buena noticia.
A juicio de Amor, “es una sentencia que sienta jurisprudencia”. El presidente de ATA cree que la estrategia de los empresarios, y también de los alcaldes, deberá variar para evitar que las pequeñas empresas sigan cobrando tarde y mal. “A partir de ahora las pymes no tendrán más remedio de recurrir a esta vía” para sortear los impagos municipales, avanza. “Es lógico que los alcaldes tengan que responder con sus bienes personales cuando hay detrás una mala gestión. Y es triste que muchas administraciones sigan contratando a más personal sin haber pagado lo que deben”, critica.
Según el máximo representante de la Federación de Autónomos, actualmente se da la paradoja de que, en vez de recibir apoyo público para salir de la crisis, son las pequeñas compañías las que están financiando a los servicios públicos cuando los ayuntamientos y las autonomías no pagan lo que deben a sus acreedores.
“Por ejemplo, un empresario que sufre la morosidad de la administración sigue teniendo que pagar impuestos; incluso el IVA de las facturas que se han emitido pero que no han sido cobradas”, apunta. El Congreso ha pedido al Gobierno que corrija este hecho sin resultados. Quienes no quisieron hacer ninguna valoración sobre la sentencia del TSJ andaluz es la Federación de Municipios y Provincias (Femp), que actualmente preside el alcalde de Getafe, Pedro Castro.
Aunque sentencias como las del TSJ de Andalucía, que advierte de forma expresa de la “imposición de multas coercitivas” en el patrimonio del alcalde y del secretario general de un ayuntamiento si no pagan sus deudas en 30 días, son un paso adelante, los expertos coinciden en señalar que aún queda mucho por hacer. Muchos empresarios se mostraron ayer satisfechos con esta decisión.
No obstante, muchos prefieren no contar sus casos a los medios de comunicación para no recibir represalias de los consistorios que les adeudan grandes sumas de dinero y que les amenazan con más impagos si dejan en evidencia sus quejas.
Ésta es la situación que pone de manifiesto una pequeña empresaria del sector audiovisual y de la comunicación corporativa, que sufre el retraso en el pago de municipios como el de Córdoba, Pedroche y La Carlota. Sin embargo, no se atreve a denunciarlo porque esto podría suponer el fin de los pequeños contratos que le hacen subsistir mes a mes. “Todo es culpa de la malísima gestión de los alcaldes”, explica.
El Estado del Bienestar encoge
Pero, ¿quienes pagarán el despilfarro de las entidades locales? Los ciudadanos, que están sufriendo un fuerte aumento de los impuestos para que los alcaldes hagan frente a sus numerosos compromisos de pago. Los servicios y las infraestructuras públicas también se verán afectados.
Por ejemplo, según señalan compañías afectadas por la morosidad municipal, algunos consistorios que construyeron nuevas obras gracias al Plan E en 2009, están sufriendo ahora cortes de luz por las dificultades financieras sin que el Gobierno les ayude. Esta situación podría agravarse cuando entre en vigor en 2011 la prohibición de que los consistorios puedan endeudarse.
Ya hay municipios que no pueden pagar ni las nóminas de sus empleados. Ayer mismo, una decena de trabajadoras de la empresa Arquisocial, que presta ayuda a domicilio en San Roque (Cádiz), se encadenó en la plaza de toros de la localidad para exigir el pago de los sueldos.
