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Resumen de dos años de inflación
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el aumento del Índice de Precios del Consumo (IPC) de los dos últimos años ha sido de un 12,6%, aunque para los “alimentos y las bebidas no alcohólicas” el porcentaje se eleva hasta el 21,4% y en el caso de los “productos energéticos” al 37,4%.
En el alza de los precios (breve exposición en ESTABILIDAD DE PRECIOS E INFLACION – Gorgojo Rojo (wordpress.com)) ha tenido un destacado papel el encarecimiento de materias primas importadas usadas en los procesos productivos de las que, quizás, una de las más conocidas sea el gas natural.
Por tanto, parte de la inflación tiene un origen externo e indefectiblemente hemos de asumirla los consumidores. Para el conjunto de los años 2021 y 2022, mi estimación es que esta inflación exógena ha supuesto un 5,5% (esta aproximación resulta de detraer del IPC el deflactor del PIB real, donde las importaciones tienen signo negativo).
En el periodo de tiempo tratado (años 2021 y 2022), las rentas de los agentes sociales y económicos han evolucionado. Por tanto, una comparación entre las variaciones de las rentas y el IPC nos dará una idea de cuánto ha caído el poder adquisitivo para cada colectivo.
Utilizando los datos de recaudación la Agencia Tributaria, deduzco que los márgenes empresariales crecieron un 9,3% en el caso de los empresarios individuales y, casi un punto más, para los empresarios societarios.
Respecto de los trabajadores del sector privado, el alza relativa del coste salarial que publica el INE ha sido del 9,4%.
Por último, el Gobierno elevó las retribuciones de los empleados públicos en un 4,4% y revalorizó las pensiones en un 5,1%. Como es sabido, este año los pensionistas se beneficiarán de una subida del 8,5% lo que, si los precios se mantuvieran constantes, daría lugar a una mejora de su poder adquisitivo del 14% tomando como dato base diciembre de 2020.
En conclusión, la inflación importada no está siendo asumida en su totalidad por empresarios y trabajadores que debieran avenirse a un pacto de rentas (en el que debe participar el Gobierno por lo que atañe a empleados públicos y pensionistas) para detener el proceso inflacionista sostenido ahora por la interacción salarios/márgenes-precios.