Compromiso presupuestario de 2024: déficit ≤ 3% del PIB

 

El pasado 28 de junio, la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), en su Informe las operaciones no financieras de la Administraciones Públicas relativo al 1º Trimestre de 2024, reportaba de un déficit de 6.111 millones en la primera cuarta parte del ejercicio, frente a los 3.546 millones registrados en el mismo lapso temporal un año antes. 

El peor resultado, en parte, viene justificado por el avance de los gastos a un ritmo superior al previsto para todo el año, destacando el destinado a remuneración de los empleados públicos (comparando los datos de la EPA de los primeros trimestres de ambos años se registra un incremento de efectivos de 56.000 personas) y a prestaciones sociales en dinero (los datos de Seguridad Social de las nóminas de marzo de ambos años reflejan que el número de beneficiarios de pensiones contributivas ha aumentado en más de 110.000 individuos). 

En este ejercicio, con la “desactivación” de la cláusula general de salvaguardia, puesta en vigor en 2020 con motivo de la grave recesión económica (caída interanual del PIB real de un 5,6%) que provocaron la pandemia de Covid-19 y las medidas gubernamentales de restricción de la actividad económica, en la UE se vuelve a la disciplina presupuestaria cuya observancia viene condicionada por el cumplimiento por los Estados miembros, aunque con posibles matizaciones, de dos reglas: a) la proporción entre déficit público y PIB no debe sobrepasar el 3% y b) la proporción entre deuda pública y PIB debe quedar por debajo del 60%. 

Nuestro país cerró 2023 con, respecto al PIB nominal, un déficit de las Administraciones Públicas del 3,6% por lo que la Comisión Europea, el pasado 19 de junio, elaboró el informe requerido por el Tratado de Funcionamiento de la UE en el que a la luz de la regulación “reformada” del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, consideró vana la apertura a España en este año de un procedimiento por déficit excesivo. 

En sus apreciaciones, la Comisión Europea da por bueno que España conseguirá en 2024 que el déficit de las AAPP sea igual o inferior al 3% del PIB. Respecto a la previsión de déficit es reseñable que, frente al convencimiento del Gobierno y de la AIReF, entidades como Funcas (promedio de los panelistas), el BdE, la OCDE y el FMI pronostican su incumplimiento. 

Asimismo, en este año no se activa la cláusula de escape nacional, como ha ocurrido durante 2020 a 2023, prevista en la Constitución para situaciones de emergencia extraordinaria apreciada por la mayoría absoluta en el Congreso, con lo que recuperan su vigencia los límites fijados para la estabilidad presupuestaria (equilibrio estructural de las cuentas públicas) y para la sostenibilidad financiera (valor establecido por la UE para la proporción entre deuda pública y PIB, es decir, el 60%). 

Conforme a los datos de la Comisión Europea, el ejercicio 2023 concluyó con un déficit estructural de las Administraciones Públicas españolas del 4,1% del PIB. La previsión para este año es que se reduzca hasta el 3,4%. 

A tenor de lo prescrito en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, para la Administración Estatal, las Cortes Generales han de aprobar un plan de reequilibrio para alcanzar sus límites fiscales (equilibrio estructural y 44% de deuda en relación al PIB). El proyecto de plan del Gobierno fue rechazado por el Senado, por segunda vez, el pasado 6 de marzo. 

Por los cambios habidos en el marco legal y por los primeros resultados que se van conociendo, 2024 será el último año de tranquilidad presupuestaria en España. En cuanto al asunto de la Deuda Pública, lo que ocurra al respecto en nuestra vecina Francia puede ser determinante.