El Gobierno estudia cobrar por el uso de las carreteras
¿Qué os parece esta medida? A mí me parecería tan caro que mucha gente dejaría de usar el coche y eso conllevaría una reacción en cadena que afectaría a muchos empleos.
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FERNANDO DÍAZ VILLANUEVA
"Las grandes carreteras de Europa ya están hechas. Ahora toca la gestión, mantenimiento y conservación. No nos podemos permitir el lujo de que se nos estropeen", afirmaba hace mes y medio el director general de la DGT, Pere Navarro. El debate quedaba formalmente abierto. Podría ser que, en un futuro no tan lejano, no sólo nos toque pagar el hipergravado litro de gasolina y el impuesto de circulación, sino también una especie de tasa para poder utilizar las carreteras.
La idea no es nueva. La Asociación Española de la Carretera (AEC) ya la había propuesto hace tiempo. Como la red de carreteras es un bien común, que pague más el que más la utiliza. Hasta aquí todo correcto y, aparentemente, de una justicia intachable. En principio, no es de recibo que alguien que no posee automóvil y que se mueve en Metro, tren y avión tenga que correr con los gastos de mantenimiento de las carreteras.
Las autopistas de peaje son eso mismo. Paga quien circula por ellas. En España hay cerca de 3.000 kilómetros de autopista de pago, el 60% de los mismos controlados por la empresa Abertis. Los grandes ejes del peaje nacional son el valle del Ebro, la costa mediterránea desde La Junquera a Alicante, los nuevos accesos a Madrid y el País Vasco. Pero en todos los casos hay alternativa. Quien no quiera pagar tiene siempre a su disposición una carretera nacional y, a veces, una autovía gratuita que, por lo general, está cargada de tráfico y tiene un firme en peores condiciones.
El debate, por lo tanto, no es de pago por uso, viejo caballo de batalla de los empresarios del peaje, que no ponen en ningún momento en duda la necesidad de que exista una red pública que se mantenga con dinero de los contribuyentes, sino de pago sin más. La propuesta de la DGT sería cobrar directamente por el uso de las carreteras sin importar que haya o no alternativas, es decir, que recorrer un kilómetro tenga un coste añadido al de la gasolina, el automóvil y el seguro del mismo.
¿Cuántos impuestos pagan los conductores?
La pregunta es saber si de dónde viene el dinero con el que se mantiene la red viaria de titularidad pública. Partiendo del hecho de que el impuesto de circulación municipal va dirigido al mantenimiento de las calles y el "alquiler" del espacio que el coche ocupa, las carreteras sólo pueden mantenerse con los impuestos extraordinariamente altos que se pagan al repostar gasolina.
En nuestro país más del 50% de cada litro de combustible va a parar a las arcas del Estado. Los impuestos sobre los carburantes son tan elevados que, si no estuviésemos tan habituados a pagarlos, diríamos que se trata de un impuesto confiscatorio ya que dobla el precio del bien gravado.
Cada litro de gasolina incorpora tres impuestos distintos que se van sumando. El primero el Impuesto de Hidrocarburos, un lineal de 37 céntimos/litro en el caso de las gasolinas y de 27 céntimos/litro en el caso de los gasóleos. Por hidrocarburos el Estado recaudó en 10.500 millones de euros en 2008. El segundo el llamado Impuesto Especial Ventas Minoristas (IEVM), que consiste, como el anterior, en un importe fijo dependiendo del tipo de carburante. El IEVM le reporta al Estado cerca de 1.000 millones de euros anuales. El tercero y último, que hay que sumar a la suma de los dos anteriores es el IVA en su tramo del 18% (antes del 16%). Con semejante cóctel fiscal el Gobierno recauda la friolera de 16.000 millones de euros en números redondos.
Parece y, de hecho, es mucho dinero, algo más de lo que costó financiar los dos planes E que Zapatero se sacó de la manga al principio de la crisis. El Estado debería tirar de ahí para mantener las carreteras. Y es justo, porque quien más carburante pone es quien más usa la carretera y quien más impuestos especiales paga.
Pero no es suficiente. El plan de Pere Navarro es hacer llegar hasta las arcas públicas otros 25.000 millones de euros que, según él, garantizarían el mantenimiento y mejora de la red vial. Eso supondría que cada uno de los 47 millones de españoles tendría que aportar 530 euros más. Como no todos conducen, esa cantidad sería mucho mayor. En España hay, aproximadamente, unos 30 millones de automóviles por lo que la cantidad a pagar por automóvil sería de 830 euros.
La pegatina "inteligente"
Pero lo que Navarro ha pensado no es una tarifa plana sino un sistema de pago por uso. Eso sólo puede hacerse colocando cabinas de peaje en todas las carreteras y convertir con ello a España en un país intransitable, o bien obligar a los conductores a colocar un dispositivo como los del telepeaje. Esta es la opción por la que se inclina el director general de la DGT. Cada coche llevaría esta pegatina con chip que, al pasar bajo los pórticos situados sobre las carreteras, informaría al sistema central de la cantidad de kilómetros que ese automóvil ha hecho durante el ejercicio fiscal.
En el proyecto presentado por la AEC cada coche pagaría entre 10 y 12 céntimos por kilómetro. Cada automóvil tendría una franquicia de 15.000 kilómetros al año si es un privado y de 100.000 kilómetros al año si es un profesional. A partir de ahí cada kilómetro de más tendría que abonarse aparte. Pagaría más el que más circulase y el que lo hiciese a ciertas horas y en ciertos días. En la propuesta de la AEC, presidida por Miguel María Muñoz Media (que fue director general de la DGT entre 1988 y 1996), circular de noche sería gratuito y a ciertas horas valle costaría más barato.
Este sistema, que haría de conducir un lujo bastante costoso, penalizaría a los conductores que más cogen el coche o a los que lo hacen por las carreteras más congestionadas. Así, viajar de Madrid a Barcelona costaría entre 63 y 75 euros sólo de tasa especial por trayecto, y no sería el más caro. Ir del norte al sur del país (Bilbao-Cádiz) o del este al oeste (Gerona-Vigo) se pondría cerca de los 150 euros sólo ida, 300 ida y vuelta. El AVE o el avión pasarían, de este modo, a ser muy competitivos en comparación con el automóvil.
Pero la mayor parte de desplazamientos privados no es a largas distancias sino en las cercanías de las ciudades. Ir de Las Rozas al centro de Madrid diariamente en coche vendría a salir por unos 25 euros cada semana, es decir, unos 100 euros mensuales. De Sabadell al centro de Barcelona saldría ligeramente más caro: 30 euros semanales y 125 mensuales. En ambos casos el equivalente a lo que cuesta alquilar una plaza de garaje en el centro de Madrid o Barcelona durante el horario laborable.
Los viajes a la playa también se resentirían, especialmente, para los residentes en la meseta y el valle del Ebro. De Valladolid a Valencia el conductor debería ir previendo 130 euros para el viaje de ida y vuelta aparte, claro está, de la gasolina. Los zaragozanos serían más afortunados, por menos de 60 euros podrían pagar la tasa correspondiente a la escapada a Salou.
La pegatina "inteligente" dispuesta sobre el parabrisas no sólo le comunicaría a Tráfico los kilómetros que llevamos recorridos, sino otros datos "de interés" para las autoridades como la velocidad a la que circulamos en ese momento, o el lugar donde estamos y la hora a la que pasamos el control. Hechas las oportunas comprobaciones, en milésimas de segundo el ordenador central cargaría en nuestra cuenta corriente el importe correspondiente.
Se entiende que, en caso de detectar a un conductor moroso pasando debajo de un pórtico, la computadora avisaría de inmediato a una patrulla de la Guardia Civil para que le diese el alto. Ni George Orwell hubiera podido imaginar un sistema tan diabólicamente perfecto para tener a todos los ciudadanos localizados, controlados y fiscalizados.
La AEC cree que, de implantarse un sistema así en las carreteras españolas, el Estado podría recaudar del orden de 25.000 millones de euros al año, justo los que necesita Pere Navarro para que no se le estropeen las carreteras. Nunca los números cuadran tan exacta como cuando un político pide que se abra un debate sobre algún asunto que tiene que ver con el dinero de los demás.