La PVD pide la dimisión de Solbes
La Plataforma por una Vivienda Digna pide la dimisión de Pedro Solbes. ¿Tiene la culpa Solbes?
Me ha llegado este comunicado:
"La Plataforma por una Vivienda Digna pide la dimisión del ministro Solbes
Para la PVD, mientras Zapatero propone medidas sociales, las leyes que salen del Ministerio de Economía son las más antisociales de la última década, y agravan las dificultades de acceso a la vivienda de los ciudadanos.
En España, las principales competencias en materia de vivienda recaen sobre la Administración Autonómica y los ayuntamientos. Sin embargo, la Administración Central, concretamente el Ministerio de Economía, cuenta con dos herramientas poderosas que afectan directamente a la capacidad de los ciudadanos de acceder a una vivienda: la política fiscal y la regulación hipotecaria. Ambas han sido modificadas en esta legislatura.
Con estas herramientas, el Ministerio de Economía, cuenta con más capacidad de influencia que el propio Ministerio de la Vivienda.
Desde la Plataforma por una Vivienda Digna, organización ciudadana creada en 2003 para defender el derecho a la vivienda, hemos analizado la gestión desarrollada por el Ministerio de Economía y Hacienda desde el principio de la legislatura. Las conclusiones no pueden ser más desalentadoras: todas las medidas y actuaciones del ministerio que más puede hacer por el objetivo de una vivienda digna, el de Economía, dan la espalda a la que es ya la segunda preocupación de los ciudadanos. Recordando las aparentes preocupaciones del ejecutivo en esta materia, las actuaciones del Ministerio de Economía resultan una auténtica estafa.
Por ello solicitamos la dimisión inmediata de Pedro Solbes. Solicitud que se argumenta en las siguientes causas:
- Por haber incumplido la promesa electoral de eliminar las deducciones fiscales para la compra de nuevas viviendas. La PVD quiere recordar que el deber del Estado es garantizar el derecho a la vivienda, no el derecho a la propiedad de la vivienda. El ministro Solbes, que hipócritamente presume de no intervencionista, ha mantenido esta intervención en el mercado que eleva los precios hasta un 20% según los expertos, propiciando la adquisición de vivienda frente a otras formas de acceso. Las deducciones fiscales a la compra consumen además dos tercios de los presupuestos dedicados a políticas de vivienda y terminan.
- Por empeñarse, al mismo tiempo, en limitar las deducciones fiscales por alquiler propuestas tanto por Trujillo como por Chacón. Por alguna razón, desde el Ministerio de Economía se ha seguido apoyando en esta legislatura la adquisición de vivienda en propiedad, cuando la gran mayoría de expertos apuntan al alquiler como una de las soluciones del problema y así se ha venido trabajando en la mayoría de países europeos.
- Por redactar una ley hipotecaria que es como una patada al derecho a la vivienda de forma sostenible. Una ley que se ha elaborado al dictado de los grandes bancos y ha despreciado enmiendas de corte social y vías para favorecer el acceso a la vivienda a medio y largo plazo. Esta ley, recientemente aprobada, debería haber incluido como mínimo un límite en la duración y cuantía de los créditos hipotecarios, como ocurrió con la ley Niertz de 1989 en Francia. Esto hubiera ayudado a contener los precios y por lo tanto a facilitar el acceso a la vivienda, sin coste alguno para la Administración. Una muestra de la sumisión de Solbes en esta ley a los bancos y grandes empresas urbanísticas es que su socio para la aprobación en el Congreso ha sido precisamente el Partido Popular.
- Por haber cambiado en la práctica la frase “Hacienda somos todos” por “Hacienda somos todos, menos los constructores y promotores inmobiliarios”. Según la Asociación de Técnicos de Hacienda (Gestha), el fraude fiscal en el sector inmobiliario asciende a 8.600 millones de euros en el último año. La misma asociación afirma que se persigue de forma masiva la fiscalidad de las rentas del trabajo, mientras esta bolsa de fraud