Vivienda estrecha el cerco urbanístico para acabar con el fraude
Si en cualquier ciudad o pueblo nos pusieramos a investigar las últimas obras realizadas... podríamos acabar con la mitad de ayuntamientos Españoles en prisión, a cuanto están las comisiones?????
El Gobierno aprovecha la reforma de la Ley del Suelo para exigir que los planes y convenios locales se sometan a información pública durante su tramitación. El objetivo es acabar con la opacidad en las adjudicaciones de suelo.
El Gobierno se está tomando en serio la lucha contra el fraude y la especulación inmobiliaria, sobre todo tras el escándalo del ayuntamiento de Marbella, que ha puesto de manifiesto la connivencia de algunas corporaciones locales con prácticas delictivas que afectan al urbanismo.
Por ello, y además del plan contra el fraude, cuyo envío al Congreso fue recientemente aprobado en Consejo de Ministros, el Ejecutivo ha decidido aprovechar la reforma de la Ley del Suelo para apostar por un desarrollo territorial y urbano sostenible en el que no haya lugar para la especulación.
Según confirmaron fuentes del Ministerio de Vivienda, el anteproyecto de Ley de Suelo, que está a punto de ser aprobado por el Ejecutivo una vez pase el trámite de la Comisión de Subsecretarios, establecerá la exigencia expresa de que todos los planes y convenios urbanísticos que se aprueben en España sean sometidos a información durante su tramitación. De esta forma, antes de la aprobación de los planeamientos la sociedad civil podrá tener acceso a estos documentos. En la actualidad, sólo los agentes del sector (promotores y constructores) pueden conocer los detalles de los futuras edificaciones, dejando a los ciudadanos el acceso a posteriori, es decir, cuando las obras están ya aprobadas.
Además, la propia ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, manifestó en una de sus últimas comparecencias en el Congreso de los Diputados, su intención de participar activamente en las reformas necesarias para atar más a los ayuntamientos en varios frentes, tales como la opacidad de los convenios urbanísticos, los plazos burocráticos interminables y la necesidad de que destine de forma adecuada el uso del suelo que ceden obligatoriamente los promotores, en lugar de revendérselo para que puedan edificar pisos libres, lo que supone un impuesto encubierto.
Y es que la Vivienda de protección Oficial (VPO), teórico destino de la cesión obligatoria del suelo adjudicado al sector privado, no es siempre el objetivo de los consistorios, sobre todo en aquellas zonas donde la renta disponible de la mayoría de los habitantes es muy superior a la media nacional, como es el caso de las ciudades costeras, que han experimentado un mayor crecimiento del negocio inmobiliario.
Otra de las vías para combatir las prácticas especulativas en la compra–venta de suelo, es decir, en el proceso de adjudicación de los terrenos por parte de los ayuntamientos, es clarificar la valoración del suelo rústico en función de su proximidad a los núcleos de población.
En el primer borrador del anteproyecto de ley, Vivienda estableció solamente dos tipos de suelo: rústico y urbano, por considerar que la existencia de calificaciones intermedias provoca un aumento de la burocracia y abre la puerta a aumentos artificiales de los precios que, en último caso, recaen sobre el importe final la vivienda.
Tras consultar con los principales agentes del sector inmobiliario nacional, la solución pasa por aplicar un coeficiente multiplicador del valor del terreno en función de su ubicación, es decir, que su precio dependerá, en parte, de las posibilidades que tenga de desarrollo futuro la región donde esté ubicado.
http://www.expansion.com/edicion/expansion/economia_y_politica/es/desarrollo/648695.html
Un saludo Rankiano