El problema de los pisos turísticos

El Ayuntamiento de Madrid prohibirá la transformación de locales comerciales en viviendas de uso turístico pero sí permitirá que puedan ser convertidos en viviendas destinadas a la residencia, en el marco de la normativa nueva que regulará los pisos turísticos en la capital.

Lo ha anunciado este martes el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante su intervención en el pleno municipal de julio, al responder a una pregunta de la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, que interesaba conocer si el Ayuntamiento cerrará los pisos turísticos ilegales de la capital.

Almeida ha informado de que el Ejecutivo local aprobará la nueva normativa “a lo largo del último trimestre” de 2024.

Antes, el regidor ha censurado la “doble moral” e “hipocresía” de la izquierda al hablar de medidas contra los pisos turísticos, ya que, en su opinión, Ahora Madrid no hizo “nada” para solucionar esta cuestión, al tiempo que ha cargado contra el Plan de Hospedaje del Gobierno municipal de Manuela Carmena, “un rotundo fracaso” en su opinión.

“Ustedes forman parte del Gobierno de España. ¿Qué han hecho para solucionar el problema de las viviendas turísticas? Hicieron cero inspecciones, cero sanciones y cero clausuras. Nosotros, sólo desde abril, hemos impuesto 176 sanciones en esta ciudad por valor de 30.000 euros”, ha terciado el primer edil.

Previamente, Rita Maestre (Más Madrid) ha cifrado en 25.000 las viviendas turísticas ilegales de la capital -Almeida ha puntualizado que esta cifra corresponde al número de camas en viviendas de uso turístico- y ha acusado al Gobierno local de Almeida de “trabajar a favor de la burbuja inmobiliaria de la ciudad de Madrid”.

“En la mitad de los distritos hay más viviendas para alquiler turístico que para el uso residencial”, ha puesto de manifiesto la líder de la oposición.

“No es la izquierda, son los fondos buitre, son esas compañías del hombre frío tras las que se esconden los grandes apellidos de toda la vida y son los gobiernos del PP que trabajan a favor de la burbuja inmobiliaria, que trabajan contra los vecinos y a favor siempre de los mismos, de los que especulan con el derecho a la vivienda en esta ciudad”, ha zanjado Maestre.

El nuevo decreto para regular las viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana prevé mayor autonomía de los ayuntamientos para decidir el modelo de ciudad que quieren y limitar el uso de estos inmuebles. Entre las novedades, se imponen sanciones más duras, además de la prohibición de los cajetines para llaves o la obligación de ofrecer servicio de recepción.

La norma, que se aprobará este viernes en el pleno del Consell, se presentó el jueves 1 de agosto en el Centre del Carme Cultura Contemporánea (CCCC) con la presencia del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, y la consellera de Turismo e Innovación, Nuria Montes, así como representantes del sector, sindicatos y representantes de ayuntamientos.

Este nuevo decreto modifica al anterior e incluye entre sus novedades la autonomía de los municipios para decidir qué modelo de ciudad quieren y poder limitar este uso de viviendas como alojamientos turísticos según sus circunstancias concretas.

Asimismo, todas las viviendas de uso turístico tendrán hasta el próximo 31 de agosto para comunicar la referencia catastral de la vivienda o causarán baja en el Registro, ya que el plazo es "improrrogable".

Entre las novedades también destaca la renovación cada cinco años de las declaraciones responsables que se presenten en la Generalitat para obtener su autorización y así permitir una adaptación en una oferta "en constante evolución".

Para las nuevas viviendas de uso turísticos se incluirá en la declaración responsable que certifiquen que la comunidad de propietarios donde se ubique la vivienda no prohíbe el establecimiento de viviendas turísticas tal y como permite la Ley de Propiedad Horizontal.

Y en los cambios de titularidad de la propiedad de la vivienda de uso turístico será obligatorio renovar la licencia que irá ligada al titular de la vivienda y no al inmueble para evitar la especulación con las licencias.

También se habilita la posibilidad de que la competencia para incoar, instruir y resolver los procedimientos sancionadores por infracciones leves, graves y muy graves en materia de viviendas de uso turístico ubicadas en su ámbito territorial pueda ser objeto de delegación a los ayuntamientos que así lo soliciten y cumplan los requisitos generales exigibles en la legislación reguladora del régimen local.

De este modo, se incorporan dos nuevas infracciones: una grave (negativa de las personas propietarias a facilitar identidad de titulares o documentación) y otra muy grave (alquiler por habitaciones) con multas de hasta 600.000 euros.

Se incrementa así el grado de dos infracciones: una leve pasa a ser grave (falta de comunicación de forma reglamentaria del cambio de titular), y una grave pasa a constituir una infracción muy grave (sobreventa de plazas e incumplimiento del régimen de reservas o cancelación)

Igualmente, los propietarios de las viviendas de usos turístico serán responsables subsidiarios respecto a las infracciones que se cometan. Actualmente solo es responsable quien la comercializa, que no siempre es el propietario.

Todas las viviendas que se comercialicen tendrán que cumplir con la normativa de habitabilidad y los códigos de edificación vigentes y se les exigirá algunos elementos adicionales para mejorar la calidad del servicio que presten a los turistas.

En la capital hispalense hay más de 9.000 pisos turísticos registrados. Sin embargo, hay otros 5.000 que no cumplen la normativa o que directamente carecen de licencia. Además, zonas como el casco histórico de ciudades como Sevilla, donde una de cada cuatro viviendas se dedica al turismo, o Cádiz están especialmente saturadas.

Por eso, el Ayuntamiento de Sevilla y la Junta de Andalucía han acordado 10 medidas para intentar frenar la proliferación de alojamientos turísticos ilegales, entre las que se encuentra el corte de agua.

Guerra contra los pisos turísticos ilegales: ayuntamientos de toda España comienzan a tomar medidas para limitar su uso

Según se recoge en el acuerdo entre las dos Administraciones remitido a EFE, "se va a hacer un barrido de todas las inscritas que carezcan de ocupación". Además, semanalmente, se va a dar traslado a Turismo de un mínimo de diez declaraciones de cambio de uso de vivienda particular a uso turístico para que sean revisadas.

Según la información avanzada a la agencia, se pondrá especial énfasis en aquellas viviendas "con problemas vecinales, para actuaciones conjuntas". También prevén medidas sancionadoras para aquellos titulares que sigan con la explotación aunque se les cancele la actividad.

Los vecinos de las zonas afectadas piden que se aceleren los controles y que se localicen cuanto antes los apartamentos ilegales. "Tiene que haber un poco de control porque toda la gente que trabajamos y vivimos en el centro nos sentimos un poco desplazados", dice una vecina sevillana, que añade que "la ciudad está un poco masificada".

"No veo bien que corten el agua, pero si lo cortan es para que lo arreglen, para que legalicen si está sin legalizar", critica otra ciudadana que no está segura de que la medida solucione el problema.

El alquiler por habitaciones es mismo perro con distinto collar bajo mi humilde opinión.

l Consejo de Ministros ha aprobado este martes la nueva convocatoria del bono Alquiler Joven, dotada con 200 millones de euros, una medida acordada con las comunidades autónomas (que gestionan la ayuda) y que ha abierto una brecha en el seno del Gobierno entre PSOE y Sumar. Al mismo tiempo, el Ejecutivo ha avanzado el reglamento sobre alquiler turístico, de temporada y por habitaciones, que creará un registro único para evitar los fraudes.

"Las viviendas turísticas, de temporada o por habitaciones que no hayan pasado por ese registro, no podrán comercializarse en plataformas", ha condensado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa al término de la reunión.

Las dos medidas "se suman a las ya aprobadas y a las que vendrán", ha dicho, con la voluntad de ampliar a largo plazo el parque público de vivienda para "converger" con los estándares europeos y lograr que ningún español tenga que destinar más del 30% de su sueldo en la vivienda. En declaraciones a los periodistas, más tarde, ha asegurado también que el reglamento es "pura intervención", un guiño a sus socios de Gobierno antes de avanzar que habrá más acciones a lo largo del año.

Un registro único de alquileres de corta duración antes de terminar 2024La herramienta digital contará con el Registro de la Propiedad como "ventanilla única" y busca evitar el "fraude" que se produce al utilizar estas modalidades de contrato de alquiler temporal para sortear la legislación sobre vivienda habitual. "Estará listo antes de que acabe 2024, seremos el primer país en desarrollar este reglamento europeo", ha asegurado Rodríguez, en relación con el texto sobre alquileres de corta duración aprobado en abril por los Veintisiete.El objetivo del Real Decreto, ahora en exposición pública, persigue también erradicar los apartamentos turísticos ilegales. Funcionará de forma que a cada inmueble registrado obtendrá "un número, una matrícula", con una duración de 12 meses, que le permitirá operar en las plataformas de internet.En cuanto al alquiler de temporada, será necesario demostrar una causa que justifique la temporalidad del contrato, como por ejemplo estar matriculado en un curso que dura nueve meses o estar contratado por tres semanas. De lo contrario, se considerará un fraude y tampoco podrá comercializarse en las plataformas, según detallan fuentes de Vivienda.Todo ello, de acuerdo con la ministra, facilitará el control de si cumplen las normativas, ordenanzas municipales y estatutos de las comunidades de vecinos en esta materia y, además, servirá para "priorizar ante todo el alquiler de vivienda habitual", puesto que el objetivo último es aumentar la oferta de vivienda disponible para vivir.En línea con la ley de vivienda, si estos pisos se incorporan al parque residencial en zonas tensionadas, los propietarios tendrán beneficios fiscales y, según calcula el Ministerio, los inquilinos pagarán un 5% menos.