9N, cuenta atrás (últimas noticias)

Pues piensa mal y acertarás...

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha afirmado que es "una exageración y una absoluta falta de veracidad" decir que hay "fiscales rebeldes o amotinados" porque lo que la querella sobre el proceso participativo del 9N ha demostrado es que la Fiscalía "no actúa a golpe de orden" sino a través de un debate jurídico.
Al ser preguntado en el Senado sobre las discrepancias con la Fiscalía Superior de Catalunya por las responsabilidades penales derivadas de la consulta del 9N, Torres-Dulce ha afirmado que han mostrado una disparidad de criterio respecto a la Fiscalía General y la Junta de Fiscales de Sala "ha decidido que era procedente la orden" que el dio al fiscal superior, José María Romero de Tejada.
"En todo este proceso, lo único que me ha preocupado es que se cumplan los principios que ordenan la actividad del Ministerio Fiscal escrupulosamente, oír primero siempre a los fiscales, sujetarse a la legalidad, comportarse con imparcialidad y que funcionen los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica", ha reconocido.
Dicho esto, Torres-Dulce ha confesado que le preocupaba también que hubiera "decisiones contradictorias" en el seno de las Fiscalías y este aspecto se ha solventado con el informe de la Junta de Fiscales de Sala reunida este miércoles.
Recuerda el principio de dependencia jerárquica
A su juicio, la institución del Ministerio Público ha funcionado con "absoluta normalidad" de acuerdo a sus Estatutos de funcionamiento y su actuación "refuerza la idea de que no funciona a golpe de orden, sino de debate previo, jurídico". "Y al final el principio de dependencia jerárquica, los fiscales jefes y el fiscal general del Estado toman las decisiones ajustadas al Estado de Derecho", ha remachado.
Al ser preguntado sobre las manifestaciones de la presidenta del PP de Catalunya, Alicia Sánchez-Camacho, dando por hecha la presentación de la querella y de dirigentes nacionalistas criticando esta acción, Torres-Dulce ha dicho respetar "extraordinariamente" las opiniones y críticas de los políticos y ha evitado valorarlas.
Además, ha remarcado que la querella contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y otros responsables del Govern todavía no se ha presentado en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y ha evitado hacer comentarios sobre su extensión o contenido "hasta que no se haga efectiva" ante los jueces, que deberán decidir

Libertad digital...eso es como si yo te traigo opiniones de "foro coches"...poco más o menos más ...aunque bien mirado en forocohes...no disfruta de financiación ilegal de la caja B de Bárcenas

Pide investigar todas las denuncias presentadas en la provincia
La Fiscalía de Barcelona es partidaria de que se admitan a trámite y se investiguen la treintena de denuncias que se presentaron en los juzgados de la provincia en relación al proceso participativo del 9N, incluso las que se archivaron. Según ha explicado fuentes de la Fiscalía, los fiscales de Barcelona son partidarios de que se admitan a trámite todas las denuncias presentadas en diferentes juzgados de la provincia, y aseguran que los fiscales recurrirán las que se rechacen, después de que al menos dos se hayan archivado.

serrallonga te mando otro para que entres mas en polemica saludos

La consulta electoral (proceso participativo según la neolengua del catalanismo) ha sido, aparte de ilegal, grotesca. Las urnas de cartón se abrieron el domingo 9 de noviembre, pero cuando lea estas líneas, querido lector, todavía se puede votar (hasta el día 25), de manera que la Generalitat pueda arañar unos cuentos cientos de papeletas más.

Sólo se encuentran condiciones tan relajadas en la votación y en el censo en elecciones y referendos celebrados en las repúblicas hispanoamericanas del siglo XIX y en las independencias africanas del siglo XX, donde el analfabetismo, el voto cantado y la depuración del censo eran habituales. La Generalitat no sólo ha vulnerado las suspensiones ordenadas por el Tribunal Constitucional, sino que además ha incumplido su propia ley de consultas.

El Gobierno presidido por Artur Mas ha vulnerado los principios que recogen las leyes generales españolas y las propias autonómicas, como los de neutralidad, pluralismo, igualdad y no discriminación. Como ha escrito el exfiscal Carlos Jiménez Villarejo:

La "actuación institucional" del Gobierno los incumple abiertamente. Basta constatar la propaganda, en forma de anuncio publicitario, publicada en todos los medios el pasado 25 de octubre, en la que se empleó, maliciosamente, el ardid de ocultar cuáles son "los objetivos del proceso". Se trata de una publicidad costeada con fondos públicos procedentes de todos los catalanes, incluidos los que rechazamos el objetivo del proceso, que no es otro sino la secesión de Cataluña. ¿De qué espacios públicos –gratuitos– dispone esa gran parte de la ciudadanía que está posicionada contra una consulta anticonstitucional y contra un proceso como el presente arbitrario e ilegal?

Y el catedrático de Derecho Constitucional Francesc de Carreras calificó la situación como propia de "república bananera".

Se ha votado sin garantías, sin base legal, sin censo, sin controles, sin mesas imparciales, sin saber si el recuento será verdad, incumpliendo la propia ley catalana que regula el proceso, con unos órganos de comunicación oficiales convertidos en puros órganos de propaganda (…), con una doble pregunta incomprensible. (…) Desde el 6 de octubre de 1934, nunca Cataluña se había parecido tanto a una república bananera.

Cinco referendos imparciales desde 1976

En Cataluña se han celebrado en los últimos 40 años cinco referendos que cumplen los requisitos aceptados internacionalmente para considerarse democráticos: sobre la Ley para la Reforma Política (1976), sobre la Constitución Española (1978), sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña (1980), sobre la Constitución Europea (2005) y sobre el segundo Estatuto de Autonomía (2006).

En la tabla hemos recogido los votos favorables a cada propuesta. Pese al crecimiento de la población y el aumento de la capacidad de influencia de los medios de comunicación, el referéndum con más votantes fue el de la Constitución, seguido por el de 1976, que aprobó la última Ley Fundamental del régimen franquista.

VOTOS FAVORABLES

REFERÉNDUM

1976

1978

1979

2005

2006

Cataluña

2.567.147

2.701.870

2.327.038

1.386.794

1.881.765

Provincia de Barcelona

1.919.430

2.095.467

1.813.657

1.066.501

1.409.057

Además, los votos favorables a la Constitución superaron en un 30% los que recibió el segundo estatuto catalán, tan ansiado por los ciudadanos, según la clase política catalana.

Si incluyésemos el recuento oficial-pero-no-oficial hecho por los voluntarios de la consulta participativa, todos vinculados a partidos y asociaciones separatistas, los partidarios del Estado propio e independiente (¿existe algún Estado propio en el mundo que no sea independiente?) ascenderían a poco más de 1,8 millones, por lo que seguirían por debajo de los recogidos a favor de la Constitución, la Ley para la Reforma Política y los dos Estatutos.

La Ley Orgánica del Estado franquista

En la reciente historia de España, la votación del 9 de noviembre en Cataluña sólo se puede comparar con el referéndum sobre la Ley Orgánica del Estado (LOE), celebrado el miércoles 14 diciembre de 1966.

Se trataba de una de las Leyes Fundamentales que configuraban el constitucionalismo del régimen franquista. Entre sus puntos estaban la separación de las jefaturas del Estado y del Gobierno, las competencias y duración del cargo de presidente del Gobierno y la apertura a la restauración de la monarquía. El texto lo impulsaron el almirante Carrero Blanco, subsecretario de la Presidencia del Gobierno, y su colaborador íntimo Laureano López Rodó, comisario del Plan de Desarrollo; ambos monárquicos, pero partidarios de la designación de Juan Carlos de Borbón, en vez de la de su padre, el infante Juan de Borbón y Battenberg.

La LOE la aprobaron las Cortes el 22 noviembre de 1966 y, en cumplimiento de la legislación vigente, como reforma y actualización de las Leyes Fundamentales, se sometió a referéndum.

Una de las medidas tomadas en los días siguientes fue la de garantizar la votación a los españoles beneficiados por el indulto de "extinción de responsabilidades políticas", fijadas en el decreto 2824/1966 de 10 de noviembre. Sorprendentemente, el régimen franquista promovió la participación de gentes que cabía suponer eran contrarias a él.

La votación se realizó el miércoles 14 de diciembre, con implicación de Franco, mediante un mensaje televisado el día 12.

Laureano López Rodó calificó así el referéndum de 1966 en sus memorias (La larga marcha hacia la Monarquía):

El mayor éxito del referéndum fue la afluencia masiva a las urnas, un testimonio que entraba por los ojos y que nadie podía negar. Votaron cerca de diecinueve millones y medio de personas y se abstuvo tan sólo el 8,9% del cuerpo electoral. En las elecciones municipales del 12 de abril de 1931, que trajeron la República, el número de votantes no llegó a tres millones y hubo un 33% de abstenciones.

El recuento, presidido por el presidente del Tribunal Supremo, José Castán Tobeñas, dio los siguientes resultados. De un censo de 21.803.397 personas, participaron 19.446.709. Los síes fueron 18.643.161 y los noes 372.692.

'La Vanguardia', con entusiasmo

Según informó la leal Vanguardia Española (15-12-1966), propiedad de Carlos Godó Valls, conde de Godó y procurador en Cortes, el censo de la ciudad de Barcelona ascendía a 1.255.855 personas de ambos sexos, de las que votaron 1.080.247 (86,02%). Dieron el sí a la LOE 951.483 (88,08%) y votaron no 56.444 (5,23%); los votos en blanco o nulos fueron 72.321 (6,69%).

En la ciudad de Barcelona, en el 9-N votaron 507.454 personas y el sí-sí lo dieron 397.933 (78,4%).

Un malpensado podría decir que el general Franco tuvo más éxito en Barcelona que el presidente Artur Mas, aunque ninguna de esas votaciones reunió los mínimos necesarios para asegurar la imparcialidad de la Administración y la neutralidad del Estado, ya que no se concedió publicidad oficial a los partidarios de rechazar la propuesta oficial ni existieron interventores de la oposición en las mesas electorales.

Otra coincidencia entre ambos referendos es que el periódico más vendido de Cataluña, La Vanguardia, apoyó el sí, a Franco y al Estado propio.

Eso sí, al menos el régimen franquista aplicó su legalidad al organizar el referéndum de 1966 y no recurrió a argucias de tendero que cambia las pesas de la báscula.

os mando foto de quien lo ha escrito por si las fuerzas revolucionarias independentistas catalanas piensan en detenerle ...je je

http://www.conoze.com/shared/images/a/barbadillo.jpg

saludos constitucionales y españolistas

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, ha subrayado este jueves que una Cataluña independiente fruto de una declaración unilateral jamás sería reconocida por la comunidad internacional.

García-Margallo, en una entrevista en Onda Cero, ha recalcado que ni Naciones Unidas ni la Unión Europea reconocerían ese Estado, lo que se traduciría en una pérdida de poder adquisitivo para los catalanes e impactaría en sus salarios y pensiones.

Por ello, ha apostado por discutir «lo que es realista» y dejar al margen lo que no lo es y ha insistido en que a los independentistas hay que explicarles que «estar en España y en la UE es un buen negocio y salirse es un mal negocio».

El ministro ha pedido a los dirigentes catalanes que no metan a sus ciudadanos en un camino que les llevaría a la «irrelevancia internacional y al empobrecimiento económico».

Sociedad Civil Catalana, la asociación ciudadana contraria a la independencia de Cataluña, ha recibido hoy uno de los premios Ciudadano Europeo 2014 que concede el Parlamento Europeo. A pesar de que la consigna en las instituciones europeas es entrar lo menos posible en el debate catalán –y la Comisión Europea y el Consejo Europeo han adoptado un perfil bajo respecto a ese asunto en las últimas semanas-, la Eurocámara ha concedido, a propuesta del PP español, a la plataforma antiindependentista uno de estos galardones, que reconocen a personas u organizaciones que hayan mostrado un "compromiso excepcional" con los valores europeos. Entre las candidaturas presentadas al premio estaba también la de la organización independentista Asamblea Nacional Catalana (ANC), con lo que la Eurocámara respalda implícitamente una de las opciones en el debate sobre la independencia de Cataluña.

La Orden Hospitalaria San Juan de Dios–con más de 50.000 colaboradores en 13 países de la UE-- y el comedor social Cocina Económica de Logroño –presente en países como Brasil, Colombia o India--, ambas a propuesta también del PP, han recibido también ese premio. El Parlamento Europeo, presidido por el socialdemócrata alemán Martin Schulz, ha premiado en total a 47 candidaturas, procedentes de 19 países.

La candidatura de Sociedad Civil Catalana había sido propuesta por el eurodiputado del PP Santiago Fisas por "por promover valores tan importantes como la concordia, la convivencia, el respeto, la tolerancia, la libertad de expresión y el diálogo". Fisas ha felicitado a la asociación catalana por este galardón que, a su juicio, "es una muestra más de que Europa apuesta por la convivencia y la unidad y no por la confrontación y la división que algunos pretenden", informa Ep. El jurado de esta edición estaba formado por la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Sylvie Guillaume, del Grupo de los Socialistas y Demócratas, y los vicepresidentes Ildiko Gall-Pelcz (PPE), Olli Rehn (Liberales) y Dimitrios Papadimoulis (Izquierda Unitaria). También era miembro del jurado el expresidente del Parlamento Europeo y exministro socialista español Enrique Barón Crespo.

Los premios Ciudadano Europeo de la Eurocámara provocaron una fuerte polémica en España el año pasado por las protestas del Partido Popular español al galardón concedido a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.

El presidente de Sociedad Civil Catalana, Josep Ramón Bosch, se ha congratulado hoy por el premio tras manifestar su apoyo a la querella que presentará el fiscal general contra el presidente Artur Mas, la vicepresidenta Joana Ortega y la consellera Irene Rigau, según ha declarado en un acto en Tarragona.