España
jo la ultima ni se presentan en baleares....bueno en cantabria para lo que van a sacar...
El PSOE justifica no presentarse en Baleares bajo sus siglas como algo 'puntual'
Hernando: "Esta es una decisión puntual y extraordinaria, que no se va a extender"
De este modo, los socialistas baleares (PSIB-PSOE) liderados por la secretaria general, Francina Armengol, se adelantan a una posible debacle electoral -las últimas encuestas lo sitúan como tercera fuerza política- y han decidido dar vía libre a las agrupaciones locales para alcanzar pactos con fuerzas políticas emergentes en las que estarían incluidos miembros de Podemos
Estas son respuestas a preguntas clave para entender qué es el fraude de los ERE, cómo se originó, por qué no se actuó en 10 años y quiénes están implicados en el caso por acción u omisión:
¿Qué es el caso ERE?
Es la investigación de las ayudas concedidas por parte de la Junta de Andalucía a empresas en crisis entre 2001 y 2011. A estas subvenciones accedieron miles de trabajadores de forma legal, pero también personas que ni siquiera habían trabajado en las entidades subvencionadas o no tenían derecho a los beneficios. Son los llamados intrusos, que según la Junta fueron 196. Los fondos, dotados con 855 millones de euros, se tramitaron a través de CC OO y UGT y empresas consultoras y aseguradoras, que también están siendo investigadas, así como los responsables de empresas e instituciones beneficiarias y de las consejerías implicadas en todo el procedimiento.
¿Quiénes y qué entidades están presuntamente implicados?
En la causa figuran cinco aforados, entre los que destacan los expresidentes de Andalucía José Antonio Griñán y Manuel Chaves, imputados por el Tribunal Supremo y que se suman a los 266 implicados por la juez. El magistrado Alberto Jorge Barreiro, los ha citado los días 9 y 14 de abril, respectivamente, para que comparezcan en calidad de imputados. Barreiro investiga si Chaves y Griñán intervinieron de manera "directa o indirecta” en el diseño del fondo.
El principal de los 266 imputados por la juez que lleva el caso es el exdirector general de Trabajo Javier Guerrero, a quien también se le atribuye el uso de fondos públicos en drogas y alcohol. También están implicados responsables de las consultoras Vitalia y Uniter, que recibieron 68 millones en comisiones. De estos fondos, la Guardia Civil estima ilegales 50 millones. En la trama de corrupción también figura el intermediario Juan Lanzas, exsindicalista de UGT.
¿A cuánto asciende el fraude?
La investigación del caso considera que los fondos públicos defraudados entre 2001 y 2011 ascienden a 136 millones: 50 por sobrecomisiones (se pagó hasta un 20% a las entidades que mediaron en el abono de las ayudas), 73,8 millones por ayudas de la Junta de Andalucía a empresas que no reunían las condiciones para acceder a las mismas y 12,3 millones entregados a intrusos (prejubilados ajenos a las compañías beneficiadas). El fondo de los ERE estuvo dotado con 647 millones y el coste final será de 1.217 millones.
¿Cómo y cuándo comienza el fraude?
El fondo de los ERE se crea en 2001 para actuar de forma rápida ante conflictos laborales por las sucesivas crisis de empresas que dejan a centenares de trabajadores sin medios de subsistencia. Para la concesión de ayudas se recurrió a las transferencias de financiación: traspaso de fondos desde la Consejería de Empleo mediante un procedimiento administrativo ágil, pero también opaco y discrecional, según argumenta la juez de los ERE, Mercedes Alaya. De esta forma, desde la Dirección General de Trabajo, de la que era responsable Javier Guerrero, el principal imputado, se dispuso sin control de cientos de millones.
¿Cuánto duró y por qué nadie advirtió el fraude durante una década?
La investigación judicial comenzó en 2010 y abarca ya ERE tramitados desde 2001 hasta 2011. La Intervención de la Junta advirtió de la irregularidad del procedimiento en 2005 a la Consejería de Empleo. La extitular de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, entonces viceconsejera, afirmó que no hizo llegar las advertencias a sus superiores, y que la Intervención nunca hizo el llamado “informe de actuación”, que sí habría llegado directamente a los entonces presidente, Manuel Chaves, y consejero, José Antonio Griñán. El exinterventor general Manuel Gómez afirmó que los informes eran suficientes.
¿Quiénes eran responsables de la Junta durante el fraude?
El expresidente José Antonio Griñán, que fue consejero de Economía durante la época investigada. Los consejeros de Trabajo fueron José Antonio Viera (diputado del PSOE en el Congreso) y Antonio Fernández, en libertad bajo fianza. El presidente de la Junta era Manuel Chaves. Magdalena Álvarez fue consejera de Economía entre 1994 y 2004, pero Alaya solo le atribuye responsabilidad entre 2001 y su marcha.
Creo recordar que alguien con autoridad dentro del PSOE, probablemente Susana Díaz, dijo que si los imputaban, Chaves y Griñán tendrían que dejar el escaño. Pues bien, los imputan y, como cualquiera podía fácilmente haber previsto, ni se plantea que lo hagan. Se justifica peregrinamente alegando que no se les ha imputado ningún delito concreto y van a comparecer como imputados porque han pedido ellos voluntariamente declarar. Como si no hubiera otra forma de comparecer ante el Supremo que no sea en calidad de imputado. O como si su situación no se debiera a que la juez Alaya vio suficientes indicios de delito en sus conductas y el Tribunal Supremo, competente por estar los dos galopines convenientemente aforados, no hubiera al imputarlos confirmado la vehemencia de esos indicios.
Ahora, con ser este comportamiento del PSOE cínico e hipócrita, no es lo más grave. Lo peor es que sea electoralmente rentable mantener a los dos expresidentes de la Junta de Andalucía en sus escaños a pesar de haber sido imputados. Quiere esto decir que los españoles toleran que un imputado siga desempeñando una función pública y lo que les escandaliza es que dimita porque es tanto como reconocer que hay fundamento para la imputación. Sin embargo, la consecuencia inmediata de ésta debería ser la desafección del electorado tan sólo susceptible de ser mitigada mediante una inmediata dimisión.
No es así porque al electorado se le engaña con el argumento inaceptable de la presunción de inocencia. Mientras uno no es condenado, se presume inocente. Muy bien. Pero eso en política no debería valer. ¿Alguien puede imaginarse a un presidente de Gobierno juzgado por asesinato que se niegue a dimitir mientras no haya sentencia firme condenándole? Nadie, pero el caso es que buena parte del electorado de cada uno de los dos grandes partidos rechaza la dimisión de los suyos a renglón seguido de una imputación alegando que podría ser injusta si luego resulta ser el imputado inocente.
El argumento parte de una premisa falsa, a saber, que el desempeño de un cargo político es un derecho inalienable del que sólo puede uno ser privado por una resolución judicial. Y no es así. La política es un servicio público temporal que realizan quienes tienen vocación de ello más allá de la profesión que ostenten. Si, por lo que sea, por una derrota electoral, por perder el favor del líder o por ser uno imputado en un procedimiento penal, se hace necesario abandonar la política, se deja y se vuelve uno a su profesión sin que tenga que ser un drama. Y sin embargo lo es porque los políticos españoles son profesionales de la política y no saben hacer otra cosa. Por eso el caso de Chaves y Griñán se trata como si estos tuvieran derecho al escaño como los demás lo tenemos a circular libremente, algo de lo que no pueden ser de ninguna manera privados salvo en circunstancias excepcionales tasadas por la ley. Luego se quejan de que les llamen casta.
Los dos expresidentes andaluces y del PSOE, Chaves y Griñán, tendrán que acudir al Tribunal Supremo a dar cuenta del saqueo sistemático de los fondos para el empleo que, durante una década, tuvo lugar en la Junta de Andalucía cuando ellos estaban al frente del cotarro. Los dos socialistas se acogieron a sagrado en las Cortes con el fin de esquivar a la Justicia ordinaria pero, sobre todo, a la jueza Mercedes Alaya, cuya tenacidad en la investigación de los trinques sociatas constituye un hito sólo comparable al del juez Castro en los juzgados de Palma, con el mérito añadido de que Alaya está todavía lejos de su jubilación al contrario que su colega palmesano.
Chaves y Griñán serán interrogados en el Tribunal Supremo en calidad de imputados, algo que consideraba probable todo el mundo excepto los dirigentes socialistas, a quienes los acontecimientos, incluso los muy previsibles, les acaban siempre sobrepasando. Las dos ruedas de prensa consecutivas del portavoz parlamentario del PSOE, Antonio Hernando, para contradecirse a sí mismo acerca de si los dos jerarcas andaluces han de ser obligados a dejar sus cargos o pueden seguir disfrutando de sus actuales prebendas han ofrecido una imagen penosa de la dirigencia de un partido cuesta abajo en todas las encuestas. Pero lo más pintoresco ha sido la explicación con la que, finalmente, Hernando ha dado el asunto por zanjado.
Según el portavoz socialista, Chaves y Griñán sólo serán obligados a dejar el partido en el caso que resulten "imputados de algún delito". Hasta ahora desconocíamos la existencia de la figura de imputado de algún delito, hallazgo jurídico que debemos a Hernando, seguramente inspirado por Pedro Sánchez, que está últimamente que se sale. Pero como la imputación sin delito es un oxímoron, Hernando debería haber valorado la posibilidad de alumbrar una nueva figura mucho más apropiada al caso de los dos prebostes sociatas andaluces y su idiosincrasia regional: los imputadillos. Imputados, pero sólo un poquito, a pesar de los 800 millones de euros desaparecidos de las arcas del organismo público que ellos presidían.
El episodio grotesco resalta la relación ancilar de Pedro Sánchez respecto a Susana Díaz, la verdadera responsable de este sainete de declaraciones oficiales en torno a un asunto bien sencillo. Tanto como lo demuestra el caso de Tomás Gómez, dirigente socialista apartado de sus cargos a pesar de que, a diferencia de Chaves y Griñán, ni siquiera está imputadillo.
CABEZA DE LISTA POR HUELVA
El PP denuncia que Mario Jiménez, mano derecha de Susana Díaz, usó tarjetas "black"
Pagó más de 500 euros en un restaurante de lujo de Punta Umbría con la tarjeta de la caja de ahorros de El Monte.
si señor tiene buen gusto un buen restaurante buen marisco...aunque un poco caro
