Echara sanchez a griñan y chaves del PSOE ?

interesante escrito sobre el tema de ferminaguilar

https://www.rankia.com/foros/politica/temas/2846455-solo-tengo-300-000-pesetas-banco

El expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves ha pedido al Supremo que no tramite el suplicatorio contra él ante el Parlamento para inculparle en el caso de los ERE y ha acusado al juez instructor de "desconocer" el procedimiento legislativo.

La defensa de Chaves ha presentado sus alegaciones ante la Sala del Supremo que debe decidir si tramita o no el suplicatorio contra él, tal y como le ha pedido el juez del caso, Alberto Jorge Barreiro.

El escrito del abogado abunda en críticas muy duras, aunque respetuosas en las formas, hacia el citado juez instructor, de quien dice: "No respeta, a nuestro humilde entender, las exigencias de la buena fe procesal", y a quien señala que "resulta casi alarmante tenerle que recordar" determinados aspectos de la tramitación parlamentaria.

Considerar que el presidente del Gobierno, como era Chaves, prevarica en relación con la aprobación del proyecto de ley de presupuestos por parte del Consejo de Gobierno de una Comunidad Autónoma supone "desconocer por completo las distintas fases del procedimiento legislativo", le dice el abogado de Chaves al juez del caso en su escrito.

'Privación del derecho a ser oído'

El abogado defensor se queja además ante el Supremo de que el instructor "ha privado a esta parte de su derecho a ser oída respecto a la solicitud de suplicatorio" y, en ese sentido, alega indefensión.

Además, el abogado de Manuel Chaves alega que ninguno de los informes alertando de irregularidades, que no ilegalidades, en los ERE, llegó a poder del expresidente.

Junto a ello, niega los hechos delictivos que se atribuyen a Chaves, tanto en relación con las modificaciones presupuestarias como con las leyes de presupuestos.

"Chaves, en su condición de presidente de la Junta de Andalucía, se limitó a participar en la formalización de la aprobación, por parte del Consejo de Gobierno que él presidía, de unas modificaciones presupuestarias que habían seguido todos los trámites legalmente exigibles", dice su defensa.

"Dicho sea con el máximo respeto, y en estrictos términos de defensa, pero considerar que la aprobación del proyecto de ley de presupuestos por parte del Consejo de Gobierno de una Comunidad Autónoma puede ser constitutivo de un delito de prevaricación es, además de gravemente errónea, una afirmación que supone desconocer por completo las distintas fases del procedimiento legislativo", añade el escrito de la defensa.

El juez ha instado el Supremo a pedir el suplicatorio de Chaves y de los exconsejeros Gaspar Zarrías y José Antonio Viera.

Pese a que el PSOE anunció ese mismo día que tras su inculpación por parte del Tribunal Supremo los tres iban a renunciar a sus escaños, lo cierto es que cuatro días después aún mantienen el acta.

Viera, incluso, ha renunciado a la militancia en el PSOE y ha pasado a formar parte del grupo mixto

El expresidente andaluz Manuel Chaves ha solicitado al Tribunal Supremo que paralice el suplicatorio que este órgano tiene previsto remitir al Congreso para poder seguir investigándole por un delito de prevaricación administrativa en la causa de los ERE fraudulento. Asegura que el magistrado instructor de su causa en el alto tribunal, Alberto Jorge Barreiro, parece “desconocer por completo las distintas fases del procedimiento legislativo” y ha cometido “un grave error” en su análisis de la conducta del exmandatario andaluz.

“Dicho sea con el máximo respeto y en estrictos términos de defensa, considerar que la aprobación del Proyecto de Ley de Presupuestos por parte del Consejo de Gobierno de una comunidad autónoma puede ser constitutivo de un delito de prevaricación es, además de gravemente erróneo, una afirmación que supone desconocer por completo las distintas fases del procedimiento legislativo”, dice concretamente en un escrito de alegaciones, al que ha tenido acceso Europa Press.

UNA TRAMITACIÓN ESCRUPULOSA

La defensa de Chaves asegura que los Proyectos de Ley de Presupuestos en los que se incluyeron las ayudas sociolaborales se llevaron a cabo siguiendo una escrupulosa tramitación parlamentaria por parte de una cámara en la que estaban representadas las distintas fuerzas políticas y con el control de una Oficina Técnica ideada con este fin.

Recuerda que ninguna de la Leyes de Presupuestos aprobadas por el Parlamento andaluz entre 2002 y 2009 ha sido declarada inconstitucional.

Chaves alega también “desconocimiento” y precisa que nunca figuró como destinatario de los informes de advertencia remitidos por la Intervención General de la Junta de Andalucía sobre la ilegalidad del sistema de financiación. Tenía una absoluta y acreditada “falta de conocimiento” sobre ellos y su contenido.

El expresidente andaluz insiste en que todas modificaciones presupuestarias se aprobaron “respetando escrupulosamente todo el procedimiento establecido” y contando con los preceptivos informes.

El escrito recuerda que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía tiene plena legitimidad para aprobar modificaciones presupuestarias y asegura que la exposición razonada redactada por el magistrado Alberto Jorge Barreiro está “huérfana” de una mínima valoración sobre cuál habría debido ser la forma correcta de proceder.

‘UNA SITUACIÓN QUE LINDA CON LO ABSURDO’

Así, el escrito menciona que en su declaración ante Barreiro, Chaves destacó que no podía recordar cuáles fueron las modificaciones presupuestarias relacionadas con las ayudas sociolaborales dado que eran muy elevadas. “Había más de 1.000 modificaciones presupuestarias”.

“En su condición de presidente de la Junta de Andalucía Chaves se limitó a participar en la formalización de la aprobación, por parte del Consejo de Gobierno que él presidía, de unas modificaciones que habían seguido todos los trámites legalmente exigibles y todos los informes favorables”, indica.

También acusa a Barreiro de basarse en “apreciaciones subjetivas” en su calificación de los hechos y utiliza una de las frases empleadas por el instructor en su exposición razonada para advertirle que sus conclusiones “se oponen a las reglas de la lógica de lo razonable y abocan a una situación que linda con lo absurdo y lo inexplicable”.

RENUNCIAS CON FECHA 2 DE JULIO

Por otra parte, el expresidente andaluz Manuel Chaves ha formalizado este lunes su renuncia al escaño de diputado, que tendrá efectos a partir del jueves, 2 de julio.

En un escrito recogido por Europa Press, fechado y registrado este lunes, Chaves comunica que renuncia a su escaño por Cádiz “con efectos del día 2 de julio”, fecha a partir de la cual ya no ostentará la condición de diputado del Congreso, y por tanto aforado.

Se trata de un escrito de renuncia prácticamente idéntico al presentado por Gaspar Zarrías, que fue su consejero de Presidencia y que también está imputado en la causa. El del expresidente del PSOE se registró media hora después en la Cámara, pero también aclara que entra en vigor el día 2 de julio. En sus escritos, ambos aprovechan para expresar su agradecimiento a los servicios de la Cámara por las atenciones recibidas en estos años de parlamentarios.

El tercer diputado imputado es José Antonio Viera, que se ha negado a dejar el escaño por lo que deja el PSOE y se pasa al Grupo Mixto. Viera no está imputado únicamente por prevaricación, sino también por malversación de fondos. Su sucesor en el cargo de consejero de Empleo fue enviado a prisión durante cinco meses por la jueza Mercedes Alaya, que lo acusaba entre otras cosas de haber firmado –precisamente con Viera– el Convenio Marco que, en teoría, daba cobertura jurídica al pago de las ayudas sociolaborales. Si Viera renunciara a su escaño, una posibilidad es que su causa volviera a manos de Alaya.

Se desmorona la versión de la Junta sobre la adjudicación de Aznalcóllar

Una técnico de la empresa que intervino en la adjudicación ha testificado que no vio ni una sola cifra.

La posibilidad de que el Tribunal Supremo mantenga la investigación sobre los ex presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como al ex diputado Gaspar Zarrías, además del José Antonio Viera, crece cada vez más. De hecho, la Fiscalía ya ha defendido esta tesis en un escrito remitido al instructor, Alberto Jorge Barreiro, según confirmaron a LA RAZÓN fuentes jurídicas. A Chaves, Griñán y Zarrías, el magistrado les imputa la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa, mientras que a José Antonio Viera también el de malversación de caudales públicos. En relación con Viera, la Sala Penal del Supremo pidió ayer, a través del presidente del citado tribunal, Carlos Lesmes, que curse al Congreso el suplicatorio para poder actuar contra él.
El Ministerio Público considera del todo punto «inescindible» la causa, es decir, que lo procedente es que el Supremo mantenga la competencia sobre todo el procedimiento, aunque en el mismo sólo esté imputado ahora un aforado, el ex diputado socialista y ex consejero de Empleo de la Junta de Andalucía José Antonio Viera.
Este criterio de la Fiscalía, según las citadas fuentes, es «coincidente» con el que mantendrá el instructor de la causa. Precisamente, Alberto Jorge Barreiro ya dejaba entrever esta postura en el auto donde mantenía la competencia del Supremo respecto a José Antonio Griñán, donde se sostenía que debía «ser investigado y enjuiciado, en su caso, en este tribunal, al resultar inescindible de los hechos que se le atribuyen a los restantes aforados».
Tal como señalaba el instructor en la exposición razonada donde instaba a solicitar los suplicatorios –en esos momentos eran diputados o senador–, tanto Chaves como Griñán y Zarrías «eran conocedores, al menos indiciariamente, de que se utilizaron partidas presupuestarias para subvencionar empresas, ya estuviesen sometidas a expedientes de regulación de empleo o para otros fines, y conceder ayudas sociolaborales, que no se ajustaron a la ley».
Una vez que reciba del Congreso el suplicatorio será el momento en que Alberto Jorge Barreiro tome la decisión que, según las fuentes consultadas, será la de mantener la investigación y el posible enjuiciamiento conjunto, aunque legalmente tampoco habría objeción para que la adelantase.
Esa resolución puede ser recurrida por las partes, lo que previsiblemente sucederá, ante una sala que, en estos momentos, está integrada por los magistrados Julián Sánchez Melgar, Andrés Martínez Arrieta y José Ramón Soriano.
No declarará la ex viceconsejera
Por otro lado, el magistrado instructor ha rechazado la petición de José Antonio Griñán de que cite a declarar como testigo a la ex viceconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, quien fue su número 2 en la mencionada consejería.
En la providencia dictada por Alberto Jorge Barreiro se argumenta que ya consta en la causa una «extensa declaración» de Martínez Aguayo, la que prestó ante el instructor del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que investiga la presunta responsabilidad en el fraude de los ERE de aforados autonómicos. Por ese motivo «no se considera necesaria la práctica de una nueva manifestación de la ex viceconsejera de Economía y Hacienda». En esa declaración ante el TSJ andaluz, Martínez Aguayo aseguró que nunca entregó ni habló a su jefe, Griñán, de los informes del intervención de la Junta de Andalucía que advertían de irregularidades en el sistema de dotación de las ayudas socio-laborales.

Leer más: La Fiscalía pide que el TS siga con la investigación a Chaves y Griñán http://www.larazon.es/espana/la-fiscalia-pide-que-el-ts-siga-con-la-investigacion-a-chaves-y-grinan-OF10260709#Ttt1Sh815JcOkoJ8
Convierte a tus clientes en tus mejores vendedores: http://www.referion.com

El Supremo no juzgará el fraude de los ERE y lo devolverá a Alaya
F. Velasco. Madrid. Hace 8 horas

No tendrá tiempo de abrir juicio oral contra Chaves y Griñán antes de que se disuelvan las cámaras en octubre

Guerrero canta todo lo que sabía de los ERE e intensifica el cerco a Susana Díaz
PEDRO DE TENA (SEVILLA)
"Díaz conocía el sistema de ayudas no porque fuera la mano derecha de Griñán, sino por los cargos orgánicos que ha tenido", dice.

Javier Guerrero ya no se calla. Habla por primera vez en el medio que puso cara al caso de los ERE, el que destapó la declaración de su chófer, que le acusaba de gastarse dinero público «en droga y copas», antes de que se imputara a la anterior cúpula de la Junta de Andalucía.

Desde entonces, se convirtió en el hombre invisible, a pesar de trabajar bajo la dirección de tres consejeros de Empleo –Guillermo Gutiérrez, José Antonio Viera y Antonio Fernández– y de adjudicar medio millón de euros en subvenciones durante nueve años.

Socarrón, seguro de sí mismo, razona cada una de las preguntas en tono alto, como si no estuviéramos en un despacho, fumando un cigarro tras otro, sin arrepentirse, ni abrumarle las cifras del caso. Su fianza por más de 686 millones de euros; 855 millones pagados en conceptos de ayudas; 6.473 trabajadores prejubilados; 144 millones defraudados; 77 expedientes a empresas; 70 intrusos; 50 millones desviados en comisiones… «Y parece que todos han seguido el proceso por la prensa».

–Es usted uno de los 270 imputados en el Caso ERE, ¿quién no estaba implicado en la Junta de Andalucía?

–Si lee las declaraciones realizadas parece que nadie, la Junta era yo. Lo más curioso es que allí dicen que no me conocen. Además, todo estaba por escrito, en la memoria del presupuesto anual con un informe de los conflictos que había que abordar, las ayudas que estaban pendientes, los pagos… Era obligatorio. ¡A ti no te ponen dinero en una partida porque sí! Para mí, no hay ni un ERE falso, siempre digo que es una locura con 270 imputados, porque parte de la base de que un sistema legal es ilegal.

–El Tribunal Supremo habla de «sistema ilegal» de ayudas sin control y por ello ha imputado a Manuel Chaves y a José Antonio Griñán por un delito continuado de prevaricación…

–Era lógico que terminaran implicados. Ellos presidían un Gobierno que tenía que conocer el sistema de ayudas. Muchos han querido hacer ver que esto era una corruptela de la Consejería de Empleo y los demás nos vamos de rositas… Han obviado la base jurídica que usó la Junta para entregar las ayudas destinadas a atender situaciones de urgencia: la orden ministerial de abril de 1995. Omitida también por la jueza Alaya. ¿Comprenderías que a un director general le encarguen la resolución de conflictos laborales con un sistema ilegal? ¡Por Dios! Es transparente, porque sé a dónde va cada euro, a qué persona, a qué cuenta y para qué fin.

–Griñán reconoció que cesó al ex Consejero de Empleo como «responsable político» de los ERE. ¿Actúo como Pilatos?

–Griñán actúo como Pilatos, porque al ser consejero de Economía, no tengo ninguna duda de que sabía cómo funcionaba la partida 31L. La confección y concesión de los presupuestos son de Hacienda, los llevan al Parlamento y reparten el dinero.

–Si Susana Díaz fue la mano derecha de Griñán, ¿conocía el sistema de ayudas?

–No es que lo crea porque fuera su mano derecha, sino por los cargos orgánicos que ha tenido. Sobre todo, estando con José Antonio Viera de secretaria de organización del PSOE.

–A pesar del seísmo que provocó la decisión del Tribunal Supremo, las dimisiones de Chaves y Griñán han sido como un cortafuegos para Susana Díaz. ¿La actual presidenta de la Junta estaba al margen de todo?

–Lo dudo con la responsabilidad que tenía, la partida 31L estaba dedicada a las políticas sociales y las tenía que conocer. Ella prescinde de todos los consejeros relacionados con la tramitación de los ERE. Creo que este caso ha servido como un ajuste de cuentas del propio PSOE, para limpiar y crear equipos. ¡Por Dios, cómo no lo va a saber!

–Antes de llegar a Presidencia, apuntan que Díaz ayudó a Griñán a que no quedara nadie de confianza de Manuel Chaves en el PSOE andaluz…

–Comparto esa idea y me tendrán que demostrar lo contrario. En la guerra se pierden y ganan batallas, pero la guerra siempre está abierta.

El fondo de reptiles
–«Fondo de reptiles» es la expresión que usted utilizó en su declaración ante la Policía para describir el sistema de ayudas.

–Utilicé una expresión coloquial desafortunada. Durante mi infancia, había mujeres que al marido le iban cogiendo algún dinerillo del sueldo y lo guardaban en una cómoda debajo de las sábanas y comentaban: «Tengo ahí un fondillo de reptiles para una necesidad». Nunca lo dije en el sentido peyorativo, porque fuera un fondo oscuro ni opaco ni ilegal. Tenía todas las bendiciones del Gobierno y del Parlamento.

–Según la investigación de la jueza Alaya, 855 millones de euros salieron de la Consejería de Hacienda para el «fondo de reptiles» de la Consejería de Empleo, permitiendo el reparto arbitrario entre personas próximas a la Junta y al PSOE durante doce años…

–La verdad es que no sé de dónde surge esa cifra. Cuando yo salí en el 2008, mi contabilidad estaba en 457 millones de los que 69 millones estaban pendiente de pago desde el 2001. Habrá sumado los que me sucedieron en el cargo que siguieron trabajando de la misma forma. La propia Junta de Andalucía ha reconocido que sigue pagando a día de hoy a más de 6.400 trabajadores y el Tribunal Supremo que la mayoría de los fondos fueron bien empleados.

–Reconoce que este sistema daba pie a la picaresca: intermediarios que cobraban un porcentaje por abrir las puertas de la Junta de Andalucía a empresas en crisis…

–No conozco ningún procedimiento que no dé lugar a la picaresca, precisamente en este país, que le damos la vuelta a todo. Ninguno. Pero esto es igual que cuando un director de una sucursal bancaria roba dinero, te enteras a posteriori, salvo que lo cojas in fraganti…

–¿No me dirá que usted se enteró por la prensa del caso ERE?

–Mira, yo me llevé nueve años trabajando una media de catorce horas, reunido con comités, con representantes de trabajadores… Eso sí, cuando salía me tomaba dos gin tonics en el Caramelo porque me cogía en línea recta, eso también se lo digo, pero los pagaba de mi bolsillo. No tenía tarjeta de la Junta.

–¿No había tarjetas black?

–No había tarjetas black ni white… La Junta no le ha dado tarjeta a nadie, ni a los consejeros. Yo vivía en mi despacho… Me salían los líos por las orejas. No sabía si los brokers cobraban comisiones, ni cuánto…

Los intrusos
–¿Quién estaba al tanto de los intrusos de los ERE?

–¡No son intrusos! Todas las ayudas se pagaban con convenios a través del IFA (Instituto de Fomento de Andalucía), que a su vez revisaban con el jefe de la asesoría jurídica de la Junta, Paco del Río. Las ayudas eran individuales, y era más barato negociar un precio global que una póliza individual. Si tengo 200 de Delphi y una individual, la unes a la empresa para que saliera mejor de precio. Parece que has colado a alguien, y no era así… De los llamados intrusos, sólo hay 70 casos que están pendientes de revisión según el Tribunal Supremo.

–¿El consejero Antonio Fernández es también un intruso? Consta como trabajador de las bodegas González Byass desde el día de su nacimiento…

–¡Nacido para los ERE! Mi consejero Fernández no ha sido un intruso. Pertenecía a la plantilla de González Byass desde 1971 y estaba en excedencia. Hay una reestructuración en la bodega y a ciertos señores le plantean la liquidación de su contrato. Él renunció a su derecho antes de que saliera publicado. No cobró nunca ninguna ayuda. La bodega le dio una indemnización por despido improcedente que se la quedó el juzgado.

–Los ERE permitió a más de 6.473 andaluces que se prejubilarán gracias al partido en el poder, ¿se elegían a dedo?

–¡Preguntas como Alaya! ¡Gracias a la Administración de la Junta de Andalucía! Era un sistema conocido por todos los agentes sociales, los sindicatos, las patronales...Y todo se aprobaba en el Parlamento de la Junta de Andalucía, con el acuerdo de todos los grupos parlamentarios. No se elegía a dedo a nadie.