España
Ahora, ya no es Rajoy, no, no. Ahora le llega el turno a Sánchez. Y ya veremos si Iglesias pide la Vicepresidencia y no se que historias los Ciudadanos, la cuestión es pedir....y quizás...
http://www.elconfidencial.com/elecciones-generales/2016-02-02/pedro-sanchez-rey-felipe-vi-segunda-ronda-encargo-formar-gobierno_1145552/
saludos
"Alguno de los controles pudo fallar". El expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, negó categóricamente un plan para el desvío de fondos públicos durante su mandato, aunque reconoció posibles errores. Su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, aseguró que durante los 19 años que estuvo al frente de la Comunidad Autónoma, "nunca jamás" se adoptó "ninguna decisión ilegal". Ambos defendieron en abril de 2015 esas versiones ante el Tribunal Supremo, dada su condición de aforados.
Desquitados ya de ese privilegio, Griñán y Chaves están citados el próximo 16 de marzo en calidad de investigados –antes imputados– en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. El juez de refuerzo Álvaro Martín, en el que Núñez Bolaños ha delegado las piezas principales del caso ERE, los llama dentro de la pieza separada del procedimiento específico. Dicho procedimiento se refiere al sistema de transferencias de financiación que logró desviar el dinero público del circuito habitual eludiendo los mecanismos de control por parte de la administración.
Álvaro Martín impulsa la instrucción con una batería de citaciones. El 30 de marzo acuerda otras tres citaciones: a la exconsejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, al exconsejero de Economía, Innovación y Ciencia, Antonio Ávila, y al exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías, en ese orden. De esta forma, el juez materializa la petición de la Fiscalía Anticorrupción.
Prevaricación
Quiere cubrir el magistrado las garantías del proceso judicial, dado que Chaves, Griñán y otros imputados en la causa no han prestado declaración ante el mencionado organismo. Cita "conforme el artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y para garantizar suficientemente como ya se ha expuesto anteriormente su derecho de defensa y el principio de igualdad de las partes ante el proceso".
En el seno de la pieza separada relativa al procedimiento específico, la juez Núñez Bolaños, sucesora al frente del Juzgado de la apartada Mercedes Alaya, incluyó a 52 exaltos cargos de la Junta. La lista se redujo a 51 personas tras el fallecimiento del ex director general del antiguo IFA, Francisco Mencía Morales.
El Tribunal Supremo procedió contra los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, aún en condición de aforados, al detectar indicios de un delito de prevaricación administrativa. Una vez consumada la renuncia al escaño en el Congreso de los Diputados del exconsejero de Empleo de Andalucía, José Antonio Viera, y el período como parlamentarios de los dos expresidentes, el Alto Tribunal devolvió el caso al Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla.
"Un gran fraude"
"Lo que he hecho siempre a través de mi trayectoria política como presidente de la Junta de Andalucía, como ministro y como vicepresidente del Gobierno, cualquier decisión política o normativa que he tomado, la he tomado siempre basada en la legalidad y con todos los trámites e informes necesarios", argumentó Chaves ante el Supremo.
Por su parte, José Antonio Griñán defendió que no hubo "un gran plan pero sí hubo un gran fraude" por lo que "alguno de los controles pudo fallar".
Según la investigación, los fondos públicos defraudados entre 2001 y 2011 ascienden a 136 millones: 50 por sobrecomisiones (hasta un 20% a las entidades que mediaron en el abono de las ayudas), 73,8 millones por ayudas de la Junta de Andalucía a empresas que no reunían las condiciones para acceder a las mismas y 12,3 millones entregados a prejubilados. El fondo de los ERE estuvo dotado con 855 millones y el coste final, cuando terminen de abonarse las obligaciones contraídas, será de 1.217 millones.
Doce cajas con alrededor de 300.000 folios, más de 270 imputados. Son los argumentos que condujeron a la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, a rediseñar en seis piezas el caso de los ERE fraudulentos
El paso de los interventores ante la comisión de investigación que trata de dirimir responsabilidades políticas por el fraude de la formación ha sido clarificador. Han ratificado de manera detallada lo que ya pusieron en sus informes: el colosal descontrol y las graves irregularidades en la gestión de estas ayudas, bajo investigación judicial. EL MUNDO de Andalucía repasa algunos aspectos sobre los que estos funcionarios han arrojado luz.¿HUBO MENOSCABO DE FONDOS? La Junta y el PSOE tratan de minimizar la dimensión del escándalo de los cursos de formación con el argumento de que no hay menoscabo de fondos públicos. Y no lo hay, argumentan, por el hecho de que aún no ha prescrito el plazo para poder reclamar el reintegro del dinero en aquellos casos que han puesto de manifiesto los interventores provinciales en sus informes especiales sobre el periodo 2009-2012. Es el último mantra del Gobierno de Susana Díaz. Esta tesis la combatió el pasado lunes durante su comparecencia ante la comisión de investigación el interventor de Huelva, Miguel Ángel García, quien sostiene que la mera infracción de la ley -como es el caso- ya supone un daño y de ello se deriva responsabilidad contable. Es el único interventor que se ha expresado en estos términos, lo que le llevó a proponer a la Intervención General la emisión de un informe de actuación. El resto se ha abonado a la tesis de que, para que haya menoscabo, debe haber un daño real, individualizado y cuantificable económicamente. Y mientras no hayan pasado cuatro años hay tiempo para reclamar ese dinero.¿Y LAS AYUDAS DE 2002-2008? Los expedientes de reintegro que ha puesto en marcha la Junta tras las graves irregularidades detectadas por los interventores provinciales corresponden a ayudas concedidas exclusivamente entre los años 2009 y 2012, el periodo objeto de control especial. Las subvenciones concedidas con anterioridad habrían prescrito ya, debido al tiempo transcurrido. La Administración dispone de cuatro años, a contar desde la finalización del plazo de justificación, para iniciar un expediente de reintegro. «Estamos ya en 2016...», contestó el interventor de Córdoba, Antonio Escudero, cuando el diputado de Podemos Juan Ignacio Moreno Yagüe le preguntó si se podría recuperar aún fondos relativos a las ayudas anteriores a 2009. «Lo veo complicado», zanjó.LA MUESTRA... Y EL UNIVERSO La cantidad de irregularidades constatadas en la muestra de expedientes de ayudas correspondientes al periodo 2009-2012 ha llevado a algunos interventores a defender la conveniencia de que se amplíe la revisión de las cuentas justificativas de todas las subvenciones, no sólo las incluidas en la muestra (una minúscula cantidad respecto a las otorgadas). Así lo expuso el titular de la Intervención provincial de Málaga, Juan José Delgado, quien advirtió de que ello requeriría un «ingente volumen de personal» en las intervenciones del que no se dispone. También lo había dejado escrito el interventor de Huelva en su informe, emitido en junio de 2014: «La importancia de las debilidades puestas de manifiesto en la gestión de los procedimientos a través de la muestra analizada aconsejan estas recomendaciones a la totalidad de los expedientes tramitados durante el periodo controlado en aras de resarcir a la Hacienda de la Junta de Andalucía del posible quebranto económico producido».¿CERTIFICACIÓN REAL? Ha quedado al descubierto que muchos de los certificados que emitió la Junta ante la Intervención acreditando que el beneficiario de la ayuda había destinado el dinero al fin para el que se concedió -trámite necesario para que se pudiera pagar el 25 por ciento restante- presentaban serias debilidades, lo que arroja dudas sobre el resto de subvenciones a las que los interventores no le han puesto la lupa al no formar parte de la muestra analizada. «¿Podrían funcionar esos certificados, al descubrirse cuando han hecho el informe que no se corresponde con la realidad, como un engaño a la Intervención?», lanzó sin rodeos la parlamentaria de IU Elena Cortés al interventor de Málaga. «No lo sé, no tengo opinión», dijo.INFORMES DE AUDITORES Han sido recurrentes las preguntas de los comisionados a los comparecientes sobre el papel de los auditores en el control de estas ayudas. La orden de 23 de octubre de 2009 por la que se regulaba la ordenación de la Formación Profesional para el Empleo en Andalucía y se establecían las bases reguladoras para la concesión de subvenciones establecía que el beneficiario estaba obligado a presentar una cuenta justificativa de la ayuda con aportación de un informe de auditor de cuentas, gasto que se podía imputar a la ayuda. En sus informes, los interventores son muy críticos con la labor realizada por los auditores y cuestionan abiertamente la rigurosidad de sus trabajos, de los que llegan a decir que se limitan a ajustarse «a los parámetros de la subvención para que el beneficiario cumplan con las normas establecidas». En pocos casos constataron, por ejemplo, el cumplimiento de contratación de los alumnos tras el desarrollo de las acciones formativas cuando era una obligación del beneficiario. ¿Pudieron haber activado las alarmas o, con la información que tenían, era imposible detectar irregularidades? INFORMES DE INSERCIÓN Entre los reproches que han realizado a la Junta se incluye que no elaborara informes para determinar qué eficacia tuvieron los cursos a la hora de propiciar la inserción laboral de los alumnos. Esos informes no aparecen en los expedientes administrativos fiscalizados, según han puesto de manifiesto los interventores. Los diputados del PSOE aseguran tener pantallazos que acreditan que se hizo ese seguimiento.EXCEPTUACIONES En los interrogatorios a los interventores han salido también a relucir las exceptuaciones excepcionales masivas que firmaron al menos cuatro consejeros por las que se eximió a cientos de entidades a justificar en plazo las ayudas concedidas y poder recibir otras con posterioridad. Para el interventor de Córdoba, el órgano gestor aplicó «incorrectamente» el artículo 124.1 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía en ayudas de 2012.FALTA DE MEDIOS Si ha habido un reproche común entre los comparecientes ha sido el de la falta de medios materiales y humanos existente en las intervenciones provinciales, que vieron incrementadas de forma notable sus cargas de trabajo cuando se les pidió la realización del informe especial sobre las subvenciones en formación profesional para el empleo a raíz de las importantes irregularidades que habían puesto de manifiesto los distintos informes provinciales de control financiero permanente del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) correspondiente a 2012. Todos han coincidido en la falta de cualificación técnica de muchos de los funcionarios adscritos para desarrollar la tarea encomendada.VINCULACIONES SOCIETARIAS Han sido numerosos los casos en los que se ha detectado vinculaciones entre beneficiarios y algunos proveedores de bienes y servicios necesarios para las actividades subvencionadas. No es algo ilegal cuando se solicita la correspondiente autorización y apenas hay rastro de que ello haya sucedido. La Junta no lo detectó, sí los interventores.PAPEL DEL PSOE No está pasando desapercibido cómo los diputados del PSOE se están desenvolviendo en la comisión de investigación, hasta el punto de que un interventor llegó a decirle al parlamentario Rodrigo Sánchez que parecía más interesado en defender los intereses de las entidades beneficiarias que el de la Administración en su intento de recuperar el dinero desviado. También hubo risotadas en la sala de comisiones a raíz de que el mismo diputado, pese al rosario de irregularidades que los interventores iban exponiendo, preguntó a un compareciente si pudo haber un «exceso de rigor» por parte del órgano gestor con las facturas.«IRSE DE ROSITAS» La frase corresponde al interventor de Granada Miguel Gutiérrez, que la pronunció cuando lo interrogaba la diputada de Ciudadanos Marta Bosquet. Vino a decir que no sólo debe exigirse la responsabilidad a los beneficiarios de las ayudas, sino que la Junta tampoco puede «irse de rositas». Los primeros tienen «nombre y apellidos» pero la Administración «es una cosa muy abstracta», añadió. El de Córdoba, por su parte, también ha defendido que la Junta tendría que haber tenido una actuación «más proactiva» para averigurar si los beneficios dedicaron íntegramente el dinero recibido a la acción subvencionada.
Chaves ratifica su declaración en el TS: su Gobierno "nunca aprobó una decisión ilegal"
EXPANSIÓN.COM/EP
El expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves ha llegado sobre las 09,45 horas de este miércoles a los juzgados de Sevilla para comparecer como investigado.
Los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán se han negado este miércoles a declarar ante el juez que investiga el caso ERE y se han limitado a ratificarse ante lo que dijeron ante el magistrado instructor del Tribunal Supremo. Los dos ex altos cargos han tenido, sin embargo, que oír las preguntas que la Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular que ejerce el PP tenían preparadas en relación a la concesión de las ayudas bajo sospecha destinadas a empresas supuestamente en crisis y a prejubilados. Esta circunstancia ha provocado el malestar de varios letrados, entre ellos el del investigado Manuel Chaves, cuyo abogado ha formulado protesta ante el juez Álvaro Martín.
En la comparecencia de ambos han estado presente también los dos abogados de la Junta de Andalucía ejerciendo la acusación particular, aunque no han formulado pregunta alguna. En sus comparecencias, que han durado menos de media hora cada una, los ex presidentes de la Junta se han ratificado en las declaraciones que hicieron ante el alto tribunal cuando eran diputados en Cortes y gozaban de aforamiento."Mi derecho a la defensa como la igualdad de las partes han quedado plenamente satisfechos en mi comparecencia ante el Tribunal Supremo que tuvo lugar el 16 de abril del pasado año", expone Griñán en un comunicado difundido a la prensa. Y añade: "En el transcurso de la misma, que se extendió por un tiempo superior a las cuatro horas y cuya transcripción ocupa 63 folios, intervinieron, además del juez instructor, dos fiscales de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, a los que contestó, con claridad y minuciosamente, a 119 preguntas que me fueron formuladas. También estuvieron presentes y formularon preguntas los representantes de la acción popular. El acta y la transcripción literal de esta declaración están incluidas en la causa. Nada añadiría, pues, una nueva declaración salvo la propia comparecencia y sus efectos mediáticos".Manuel Chaves también ha recurrido a una nota de prensa para justificar su postura de no declarar. Según expone, su posición ante los hechos que investiga el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla quedó "claramente fijada" cuando compareció ante el Supremo el 14 de abril del pasado año. "Nada ha cambiado y mi posición no ha variado, por lo que la he ratificado en todos sus términos".Quien sí ha hecho declaraciones a los periodistas que cubrían las comparecencias ha sido el abogado de Griñán, José María Mohedano, que intentó sin éxito que se suspendiera la comparecencia de su representado porque -a su juicio- lo único que se buscaba es que hiciera "el paseíllo". Según Modedano, "el Gobierno ha presionado" para que tuvieran lugar las comparecencias y así "compensar los casos de corrupción nuevos que hay en el país".Las llegadas y salidas de Chaves y Griñán a los juzgados de Sevilla ha coincidido con la protesta que llevaba a cabo un grupo de manifestantes de la plataforma Stop Desahucios al grito de "PSOE y PP, la misma mierda son" y "No hay pan para tanto chorizo" coincidiendo con el juicio a activistas por la ocupación de una vivienda del Banco Santander en Sevilla.También este miércoles estaba citado a comparecer ante el juez Álvaro Martín Gómez el ex consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico José Antonio Viera. Éste tampoco ha querido declarar, si bien se han consignado las preguntas formuladas por el Ministerio Público y la acusación del PP.Viera ya ha declarado en Sevilla ante la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, por su responsabilidad en el ERE de la Empresa de Gestión Medioambiental SA (Egmasa), incentivado por la Junta en su etapa como consejero.
Ya es definitivo. Los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, junto a otros 24 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, invetigados en la causa de los ERE que analiza el sistema de reparto de las ayudas irregulares, se van a sentar en el banquillo sí o sí. El juez de refuerzo del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Álvaro Martín, ha acordado la apertura de juicio oral contra estas 26 personas, que serán juzgadas por un delito continuado de prevaricación y por otro de asociación ilícita, tal y como solicitó el PP.
Además, 18 de ellos, entre los que está Griñán, serán también juzgados por un presunto delito continuado de malversación, por el que la Fiscalía Anticorrupción pide una pena de seis años de cárcel para el antecesor de Susana Díaz en el cargo. El órgano competente para el conocimiento y fallo de esta causa es la Audiencia de Sevilla.
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La apertura de juicio oral se acuerda contra las siguientes 26 personas por un delito continuado de prevaricación y otro de asociación ilícita: Manuel Chaves González y José Antonio Griñán Martínez, expresidentes de la Junta de Andalucía; Gaspar Zarrías Arévalo, exconsejero de Presidencia; José Antonio Viera Chacón, exconsejero de Empleo; Antonio Fernández García, exviceconsejero y exconsejero de Empleo; Magdalena Álvarez Arza, exconsejera de Economía y Hacienda; Carmen Martínez Aguayo, exviceconsejera y consejera de Hacienda; Francisco Vallejo Serrano, exconsejero de Innovación; Agustín Barberá Salvador, exviceconsejero de Empleo; Justo Mañas Alcón, exviceconsejero de Empleo; Gonzalo Suárez Martín, exviceconsejero de Innovación; Jesús María Rodríguez Román, exviceconsejero de Innovación, y José Salgueiro Carmona, exviceconsejero de Hacienda.
También se sentarán en el banquillo los ex directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero Benítez, Juan Márquez Contreras y Daniel Alberto Rivera Gómez; Juan Francisco Sánchez García, ex secretario general de Empleo y director Finanzas de la agencia autonómica IFA/IDEA; Javier Aguado Hinojal, ex secretario general de Trabajo y de Empleo; Lourdes Medina Varo, ex secretaria general técnica de Empleo; Antonio Estepa Giménez, ex secretario general de Hacienda; Antonio Vicente Lozano Peña, director general de Presupuestos; Manuel Gómez Martínez, ex interventor general de la Junta; y los ex directores generales del IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar, Jacinto Cañete Rolloso y Antonio Valverde Ramos, así como Francisco del Río Muñoz, jefe del gabinete jurídico de la Junta.
Además serán juzgados también por indicios de un delito continuado de malversación José Antonio Griñán Martínez, José Antonio Viera Chacón, Antonio Fernández García, Carmen Martínez Aguayo,Francisco Vallejo Serrano, Agustín Barberá Salvador, Justo Mañas Aleó, Jesús Mª Rodríguez Román,Francisco Javier Guerrero Benítez, Juan Márquez Contreras, Daniel Alberto Rivera Gómez, Juan Francisco Sánchez García, Javier Aguado Hinojal, Lourdes Medina Varo, Manuel Gómez, Miguel Ángel Serrano Aguilar, Jacinto Cañete Rolloso y Antonio Valverde Ramos.
Asimismo al resultar indicios de un delito continuado de malversación, el juez acuerda que presten fianza -para asegurar las responsabilidades pecuniarias que puedan declararse procedentes- los 18 procesados por ese delito de malversación. En las diligencias consta que no se han creado las piezas de responsabilidad civil sobre cuatro de estos procesados, por lo que el juez establece las siguientes fianzas para ellos: 6.229.108 euros para José Antonio Viera Chacón; 4.214.702 euros para José Antonio Griñán Martínez; 4.214.702 euros para Carmen Martínez Aguayo y 3.763.332 euros para Francisco Vallejo Serrano.
Según se indica en el auto, «para la determinación de estas cuantías se ha atendido al criterio de los ejercicios durante los cuales se participó, presuntamente, por los acusados en la malversación, ponderando el número de implicados que hubo en cada uno de esos ejercicios, de lo que cabe seguir un reparto de la responsabilidad en atención a ese número de responsables, aunque finalmente pueda acabar siendo exigida de un modo solidario. Así mismo, se ha ponderado la existencia de otros procedimientos en los que también se exige el reintegro de estas sumas, por lo que se aplica una reducción hasta el 10% de la cantidad cuantificada por el Ministerio Fiscal en cada ejercicio, lográndose así la suma total que se exige afianzar a cada acusado».
Sobre los otros 14 acusados por indicios de delito continuado de malversación, el juez establece que se traigan a este procedimiento las piezas de responsabilidad civil creadas en las Diligencias Previas 174/11 (causa de los ERE) Además, en el auto el juez establece el plazo de 30 días para que las defensas presenten escritos frente a las acusaciones formuladas. Contra este auto no cabe recurso, excepto en lo relativo a la situación personal de los acusados.
Respondiendo al título de este hilo, creo que no será necesario que los eche nadie, se tendrán que ir solitos, ¡qué remedio!
DANIEL CELA
SEVILLA.- El nuevo ministro de Interior, responsable de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, será Juan Ignacio Zoido (Montellano, 1957), al que muchos consideran la “bestia negra de Susana Díaz”. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha metido en su gabinete al hombre que destapó políticamente el mayor fraude de corrupción que implica a la Junta de Andalucía, el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos pagados con fondos públicos.
El llamado caso ERE, cuya investigación sigue en curso cinco años después de destaparse y acumula 270 imputados, provocó la dimisión y el exilio político de dos expresidentes andaluces, Manuel Chaves y José Antonio Griñán (juntos gobernaron 23 años consecutivos). De Zoido, ex delegado del Gobierno de Aznar en Andalucía y magistrado de profesión, se dice que es una persona cercana a la juez Mercedes Alaya, que instruyó el caso ERE y puso a la Junta contra las cuerdas. Los socialistas siempre le han acusado de sacar información privilegiada de los juzgados para atacar políticamente al Gobierno andaluz.
Zoido cuenta con la difícil decisión de aceptar hacerse cargo de la presidencia del PP andaluz tras la marcha de Javier Arenas
No fue el único golpe que Zoido le ha dado al socialismo andaluz. En 2011, le arrebató al todopoderoso PSOE de Sevilla la Alcaldía de la ciudad, con una mayoría absoluta sin precedentes (20 diputados). Fue regidor de la capital andaluza hasta 2015, diputado andaluz entre 2008 y 2014, y presidente transitorio del PP andaluz entre julio de 2012 y marzo de 2014. El exalcalde heredó el bastón de mando del PP andaluz tras la marcha a Madrid del histórico líder popular, Javier Arenas, que abandonó el puesto después de una victoria insuficiente en las autonómicas de 2012.
Luego Zoido se convertiría en una pieza en mitad de la guerra interna que libraron Arenas y la secretaria general del partido, Dolores de Cospedal. En este pulso, el sevillano abandonó la tutela de su viejo amigo, Arenas, y se alió con Cospedal para poner al frente del PP-A a uno de sus afines, José Luis Sanz, pero finalmente Arenas jugó la baza de su amistad personal con Rajoy, y logró imponer a su candidato, el actual presidente del PP-A, Juan Manuel Moreno.
Zoido es licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla. Uno de los momentos clave y más doloroso en su vida fue el fallecimiento de su hijo en 2003 a los 17 años o la muerte prematura de su padre, cuando el político se encontraba en el colegio.