TRIBUNALES
La Fiscalía amplía la investigación sobre el fraude del dinero del paro
- Incorpora nuevas subvenciones al listado de pagos bajo sospecha realizados desde 2007
- La Abogacía de la Comunidad Autónoma denunció el caso hace ahora un año
M. FUENTEÁLAMO > Palma
E. COLOM > Palma
Actualizado:08/06/2015 10:13 horas
La Fiscalía Anticorrupción de Baleares ha ampliado la investigación sobre un presunto fraude masivo de subvenciones en el uso del dinero público para paliar el desempleo en las Islas. Lo ha hecho poniendo bajo la lupa más expedientes y agregando a sus pesquisas una nueva batería de subvenciones bajo sospecha. La ampliación afecta a agentes que ya estaban denunciandos, entre los que se incluyen varias organizaciones sindicales y de la patronal de Baleares como Pimeb, UGT y CCOO.
La extensión de las pesquisas se produce después de que el Ministerio Público haya recibido nuevos expedientes del SOIB -Servicio de Ocupación de las IslasBaleares- que han sido remitidos por la Abogacía de la Comunidad Autónoma, que ya el pasado año denunció indicios de delito en la facturación para justificar las subvenciones contra el desempleo.
Se trata de líneas de ayudas otorgadas principalmente entre 2007 y 2011 y destinadas fundamentalmente a financiar cursos de formación y programas de orientación laboral. A raíz de las denuncias de la Abogacía pública, empezaron a ser investigados los dos principales sindicatos de Baleares, UGT y CCOO, una de las patronales más destacadas, Pimeb y media docena de centros de formación privados.
Los abogados de la Comunidad envían al fiscal otra 'lista negra' con más subvenciones
Los pagos inicialmente denunciados por los servicios jurídicos de la Autonomía afectan a la legislatura del último Pacte de Progrès, cuando la mayoría del dinero se entregaba mediante adelantos y la Conselleria de Trabajo estuvo primordialmente bajo control del PSIB. Si bien la patronal empresarial Caeb no está en la denuncia inicial, sí se señaló que los auditores están analizando sus expedientes y que estos son muy complejos y cuantiosos, no descartando, por tanto, una nueva ampliación.
La primera denuncia ante la Fiscalía se presentó hace ahora exactamente un año, cuando los letrados de la Comunidad presentaron 13 expedientes y detectaron indicios de fraude en el reparto y el uso de un total de 2,1 millones de euros provenientes del SOIB.
Este ente público, dependiente hoy de la Conselleria de Economía, avanzó que previsiblemente ampliaría la cifra y enviaría al fiscal Pedro Horrach más subvenciones, alertando de que había muchos expedientes pedientes de ser auditados.
Con la investigación todavía en fase embrionaria y el caso todavía sin judicializar (no hay denuncia ante los Tribunales sino sólo una investigación previa de la Fiscalía), la Policía trabaja organizando toda la documentación referida a estas subvenciones que ahora se ha ampliado. Además de analizar la facturación, se han estado realizando interrogatorios a personas que han tenido que ver con los cursos.
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Algunas entidades, forzadas a devolver dinero
En los últimos meses, y de forma paralela a las denuncias ante la Fiscalía para perseguir posibles delitos y castigar a sus responsables, el SOIB ha empezado a actuar para exigir la devolución del dinero cobrado por los agentes sociales investigados y que no fue utilizado. En este sentido, en las últimas semanas se ha materializado la primera devolución por una subvención. El sindicato UGT ha devuelto 270.000 euros de una subvención mayor por no haber ejecutado una serie de cursos a los que iba destinado este dinero. Se trata por tanto de una razón mayor: el sindicato recibió el dinero para unos cursos concretos que no realizó y por ello debe devolver el dinero. El resto de devoluciones no se plantean de forma tan clara, puesto que se incluye en ellas reclamaciones por una incorrecta facturación. Los auditores del SOIB han liquidado las facturas presentadas a posteriori por los agentes sociales y han descartado gastos imputados a los cursos, como nóminas de dirigentes, intereses bancarios, etc. Así las cosas, se reclama a sindicatos y patronales más de un millón de euros estos días. La cifra se suma a 3,8 que ya pidió en julio de 2013 y a los 2,1 que suman los expedientes que están en la Fiscalía: en total, 7 millones de euros que el ente público considera debe volver al erario público porque no ha sido bien utilizado en la lucha contra el paro.
http://www.elmundo.es/baleares/2015/06/08/557487c122601ddd448b457a.html