España
seguro que la ira mejor que a junqueras....jjjjj
La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, no ha seguido la estrategia de los miembros del depuesto Govern y ha contestado a las preguntas que le han realizado la exfiscal general del Estado Consuelo Madrigal y Fidel Cadena.
A jonqueras se la a metido doblada puigdemont y ahora tiene la pinta que tambien se la metera forcadell.
pues si y creo que solo dormira hoy en la carcel como mucho ...jjj eso si imputada va a seguir y los 8 años no se los quitara nadie ...la dejaran en libertad con medidas cautelares (dar pasaporte no salir de españa y cada 15 dias a fichar...jjj) ademas de una fianza no creo que sea superior a 50.000 euros
saludos
De las fianzas no hay que preocuparse porque normalmente en estos casos se la transfieren de fondos publicos a la ANC y ellos pagan todos los gastos. Porque es asi...
jjj tu tranquilo que el chollo se les acaba....saludos viva españa!!!
Amnistía Internacional también es facha
La organización defensora de los derechos humanos señaló que no considera "presos de conciencia" a los dirigentes catalanes y exmiembros del Gobierno regional que se encuentran en prisión.
El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena dictó a primera hora de la noche de ayer prisión eludible bajo fianza de 150.000 euros para la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y de 25.000 euros para los miembros de la Mesa Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó y Ramona Barrufet, además de otras medidas cautelares, y les dio una semana de plazo para abonarlas, después de que la Fiscalía decidiera pedir reclusión incondicional para todos ellos y libertad bajo fianza para Barrufet y sin fianza para Joan Josep Nuet, que finalmente quedó en libertad provisional. Era el último capítulo de una jornada interminable en el Supremo una semana después de que Forcadell y el resto de los investigados consiguieran esa prórroga para preparar su testimonio. Se dio la circunstancia de que su comparecencia llegó justo en el día en el que la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela rechazó poner en libertad al exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras y a los siete exconsejeros. Forcadell y sus compañeros debían responder por los presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación por facilitar con sus votos el proceso independentista, concretamente por admitir a trámite las leyes del referéndum y de transitoriedad jurídica y la resolución de independencia que se aprobó el pasado viernes 24 de octubre. Excepto Nuet, que cimentó su defensa en que no respaldó las leyes golpistas para lo que aportó documentación que lo acreditaba, Forcadell y el resto de los investigados aprovecharon la semana de receso para entender la gravedad de su situación y la consistencia de la acusación. Decidieron cambiar su estrategia de defensa de forma radical y se distanciaron de la línea adoptada por Junqueras y el resto de los exconsejeros. A diferencia de los procesados en la Audiencia Nacional, todos ellos respondieron a las preguntas de las partes, incluidos los fiscales, y acataron expresamente la aplicación del artículo 155 en Cataluña, al tiempo que admitieron que la declaración de independencia del 27-O tenía «carácter simbólico». De hecho, utilizaron su turno de última palabra para desvincularse de la vía unilateral hacia la secesión e incluso se comprometieron o bien a «abandonar la actividad política» o a renunciar a «cualquier actuación fuera del marco constitucional». Este giro tan significativo debió pesar en la resolución del magistrado Llarena, y puede marcar el camino a seguir por otros implicados si las causas relacionadas con el golpe separatista se unifican en el Supremo. En cualquier caso, se trata de una decisión que respetamos como también lo hicimos con la de la juez Lamela, tomadas en circunstancias similares, pero no idénticas que justifican resoluciones diferentes, más allá de que el Ministerio Público mantuviera una posición común conforme a la gravedad de los delitos perseguidos y las penas previstas. Si algo confirma la prisión con fianza a toda una presidenta del Parlament es la extrema gravedad de las conductas investigadas y el peso de las pruebas en su contra. Su rectificación, ciertamente oportunista, tendrá el recorrido y el alcance que debe tener, que es atenuar un tanto su presente judicial. Otra cosa será el futuro, pues su responsabilidad en el golpe contra la Constitución como la del resto de investigados no se puede edulcorar. Es preciso recordar ahora que hace tan sólo tres semanas Forcadell pidió a los catalanes firmeza para no dar «un sólo paso atrás» en el embate contra el Estado y que, por tanto, su arrepentimiento es difícilmente creíble. Lo que está claro es que su nueva estrategia de defensa no puede ser lo que esperaban los independentistas y en ese sentido se parece más a un revés para los facciosos que a otra cosa.
Las declaraciones que hizo ante el fiscal y el juez Llarena, la hasta ahora presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha revolucionado todo el horizonte independentista catalán, hasta el punto de que ya no cabe hablar de una República catalana, al menos a corto y medio plazo. La señora Forcadell, ante el pánico de pasarse unos cuantos años tras los barrotes, cantó la palinodia, renegando de la secesión, asumiendo la aplicación del artículo 155 y, por consiguiente, aceptando la Constitución como la norma suprema de Cataluña.Por supuesto, el Tribunal Constitucional ha declarado ya inconstitucionales las Leyes del Referéndum de Autodeterminación y la de la Transitoridad Jurídica, claves de bóveda de la República catalana que querían construir. Pero las afirmaciones del jueves de Forcadell tienen un claro valor político porque su rectificación viene a significar que esas leyes no sirvieron para nada y que el referéndum fraudulento que se celebró es como si no hubiera existido nunca, es decir, ha revocado todo aquello que no estuviera de acuerdo con la Constitución. Aseveración que posee una máxima importancia por proceder de la segunda autoridad de Cataluña y por ser responsable de la viabilidad del procés que ella tanto defendió desde hace años y, especialmente, desde su cargo de presidenta del Parlament. Lo cual pone en evidencia que, desde el jueves, el ex presidente Puigdemont se encuentra colgado de la brocha en el cuadro independentista que pintaba en Bruselas. Él sabrá lo que hace, pero o viene a España para ser juzgado o se busca un país en que pueda residir muchos años.Volviendo a la realidad, el hecho es que el presidente del Gobierno -sólo o en compañía de otros- tomó la decisión, cuando por fin empezó a aplicar el benéfico artículo 155 de la Constitución, de convocar elecciones autonómicas en Cataluña para el 21 de diciembre. Medida que no ha sido bien acogida en todos los ámbitos por el enorme riesgo que se corría. En efecto, mientras que unos la recibieron con alborozo, otros la miraron con resquemor. Según la mayoría de los sondeos, se deduce que los resultados serían muy similares a los de 2015, es decir, una mayoría rondando la absoluta de los independentistas, al menos en escaños y no en votos. Sin duda, parece más fácil el acuerdo entre las fuerzas soberanistas que entre las fuerzas constitucionalistas. Al menos hasta ahora. Pero, después de la conversión de la presidenta Forcadell, es muy difícil hacer cualquier tipo de pronóstico porque, como he dicho, sus palabras en el Tribunal Supremo constituyen un huracán político. Por eso, si se quiere que cambien radicalmente las cosas en las próximas elecciones, es el momento de un pacto o coalición de los partidos no independentistas. Es cierto que el último barómetro del Centre d'Estudis d'Opinió, realizada después del 1 de octubre y de la DUI, indica que hay un 47,8% de ciudadanos que están a favor de la independencia y un 43%, en contra. Pero la huida de Puigdemont y la conversión de Forcadell han provocado que esas cifras, probablemente, ya no sean válidas. Por un lado, es posible que hagan cambiar su voto a independentistas indecisos o racionales y, por otro, la participación pueda ser mucho más alta de la que ha sido hasta ahora.Sea como sea, una victoria de los nacionalistas supondría que podrían volver a la carga con algún tipo de reivindicación que no sea ya la DUI. Por el contrario, una victoria de los constitucionalistas obligaría a un pacto constitucional en dónde todos tendrían que ceder algo para encontrar una fórmula en la que podamos vivir en paz. Para ello, es necesario que el Gobierno neutralice los medios favorables al secesionismo, como TV3, y que haga una campaña de aclaración para convencer a los independentistas razonables. Por cierto, se ha demostrado que éstos no querían solo la independencia de España, sino sobre todo la independencia del Código Penal. Ahora bien, cualquier observador objetivo que siga los acontecimientos de España, si lee el magnífico auto de la juez Lamela se quedará asombrado de lo que han hecho estos caballeros, cuyo Gobierno ha sido una verdadera "asociación para delinquir" y en cuyas reuniones oficiales han participado irregularmente, algunas veces, como ha afirmado el fiscal general, los denominados Jordis. Resumiendo sus hazañas, cabe decir que, ante la pasividad política del Gobierno central durante varios años, su único objetivo, desde que formaron Gobierno, fue alcanzar la independencia a través de todo tipo de tretas. Porque conviene aclarar que el mayor delito que puede sufrir un Estado es el ataque a su soberanía y a la integridad de su territorio nacional. De este modo, articularon una Comisión para la transición nacional, encargada de ir creando unas estructuras de Estado paralelas, incumplieron la Constitución y su Estatuto, desobedecieron las leyes del Estado, las sentencias del Tribunal Constitucional y las resoluciones judiciales de todo tipo, al mismo tiempo que aprobaban normas y acuerdos descritos como ilegales por los propios letrados del Parlament, violando los derechos de la minoría de la Cámara en contra de lo que señala el artículo 23 de la Constitución. Fueron creando pseudoembajadas propias, despilfarrando el dinero en lobbies de propaganda y en todo tipo de gastos abusivos. Y el Parlament aprobó dos leyes inconstitucionales y antidemocráticas: la Ley del Referéndum y la de Transitoridad Jurídica, convertidas en las normas supremas de Cataluña, ignorando que la democracia no puede convertir en legal algo que no lo es. Todo esto lo podía ver cualquiera porque además se fue denunciando en la prensa. Yo mismo escribí en este diario un artículo (Golpe de Estado permanente, 2 de febrero de 2017), en el que decía: "El concepto de golpe de Estado ha ido evolucionando hasta llegar a esta forma catalana de hacerse con el poder y consecuentemente de lograr la independencia..."). Sin embargo, no hizo reaccionar a quien iba dirigido y podía haber parado esta locura recurriendo al artículo 155 CE, tal como ha hecho ahora.Esta serie de delitos continuados llegó a su paroxismo con la llamada DUI, que paso a explicar. Jean-Louis de Lolme es un prestigioso constitucionalista ginebrino del siglo XVIII que escribió una obra clásica, La Constitución de Inglaterra, y a quien se atribuye una frase que es bien conocida: "El Parlamento inglés puede hacerlo todo menos cambiar un hombre en mujer". Con ello quería aclarar que el poder de hacer o no hacer del Parlamento, su autoridad transcendente y absoluta, su omnipotencia, es decir, su soberanía legal, podía lograrlo todo menos ese milagro biológico. Como expuso H. Laski, insigne politólogo, ese poder no es absoluto, sino derivado del auténtico soberano, que es el pueblo. Lo que quiero señalar es que, por ejemplo, el Parlamento británico no puede, por sí mismo, hacer cosas como conferir la independencia a Escocia o a Gales. Sin embargo, en estas latitudes todo es diferente. Tras la parodia del pseudoreferéndum del 9-N, celebrado en 2014, las fuerzas nacionalistas decidieron que las elecciones de septiembre de 2015 serían plebiscitarias a fin de demostrar que la mayoría de los catalanes estaba a favor de la independencia. En vista de ello, se presentó una coalición soberanista llamada Junts pel Sí que, junto a una decena de diputados de la CUP, sumaron 72 escaños, cuatro más de la mayoría absoluta. Lo que les permitió afirmar que la "mayoría" del electorado estaba a favor de la secesión. Pero aquí comenzaron las trampas de este Parlamento, con Forcadell a su cabeza, pues lo importante es que el número de votos contrarios a la independencia era superior a los favorables, es decir, un 48,05% en contra y un 47,70% a favor. Es igual: tras aprobar la Ley del Referéndum, declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional, convocaron el referéndum del 1 de octubre, a pesar de que el Gobierno central dijo una y otra vez que no lo permitiría porque además no había urnas. Con todo, por un lado, hubo urnas (muchas embarazadas), papeletas hechas donde se pudo, colegios que se podían utilizar las veces que se quisiera y votantes -casi todos con el sí en la mano- y, por otro, no hubo Junta Electoral, ni censo creíble, ni cabinas, ni interventores, es decir, un referéndum sin control, sin garantías y, probablemente, uno de los más chapuceros que haya habido nunca, incluidos los de los países africanos. Qué más da. Aunque el Parlament no pueda convertir un hombre en mujer, sí puede, en cambio, proclamar la independencia de Cataluña, afirmando en una Cámara medio vacía que estaba cumpliendo con "el mandato del pueblo" y ello a pesar de que los letrados advirtieron a la Mesa que la propuesta para constituir una "República catalana" no se podía tramitar y votar en la Cámara representativa. Los miembros de ese Gobierno que ha hecho tantas tropelías y ha arruinado a Cataluña, seguro que se están preguntando por qué están en la cárcel o en el exilio. Pero ya no es lo mismo: la ideóloga más influyente del independentismo ha vuelto al redil constitucional porque todo lo hecho no era real, sino meramente simbólico, es decir, donde dijo digo, ha dicho Diego.Jorge de Esteban es catedrático de Derecho Constitucional y presidente del Consejo Editorial de EL MUNDO.
El miércoles se reúne el Consejo Nacional del PDECat. Será una de las citas más importantes, no ya del partido nacido el verano de 2016, sino también de lo que fue Convergència Democràtica de Catalunya en manos de Artur Mas. Se decidirá si la formación acude a la cita electoral del 21 de diciembre con la marca del PDECat o se apuesta por una "lista del presidente", que lidere Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat, prófugo en Bélgica e investigado por malversación, sedición y rebelión.
Cerradas las opciones electorales de acudir con ERC, reeditando Junts pel Sí, por un lado, y la de presentar una "lista de país", con personas de la sociedad civil y todos los partidos independentistas, por otro, al PDECat no le queda más que la opción de elaborar una lista por su cuenta, y dirimir si hacerlo con la marca del partido o mediante una agrupación de electores.
Fuentes del partido consultadas por ABC señalaron ayer que lo más probable es que la dirección del PDECat se decante por no presentarse bajo la marca del partido, si bien todavía trabajan –con poco optimismo, eso sí– en la posibilidad de que ERC y la CUP acepten ir los tres partidos juntos en una lista encabezada por Puigdemont.
Esta salida tomó aire el sábado después de que la Asamblea Nacional Catalana (ANC) decidiera dar apoyo y liderar una "lista de país"; pero la decisión de la CUP, el domingo por la tarde, acabó por cerrar cualquier opción en esta dirección.
PABLO PLANAS (BARCELONA)
Ponsatí y Comín admiten desde Bruselas que no estaban preparados para aplicar la declaración de independencia y poner en marcha la república.
Ya lo dijo la carmen.....
Joder que os lo creeis todo!! que lo de la independencia fue todo una broma!!
jjj yo lo que no entiendo es que alguien vote a semejantes mentirosos....saludos
El 'chiringuito catalán' incluye más de 1.300 entes públicos
por favor hay que ayudarle....el pobret...jjj
Mas dice que no ha conseguido todo el dinero para pagar la fianza y aportará sus viviendas como garantía