3. La concentración empresarial en las concesiones administrativas crea un verdadero oligopolio.
Las sucesivas concesiones y las compras empresariales hacen que 3 de las 4 concesiones administrativas estén en manos de una empresa, Quirón, que además gestiona la Fundación Jimenez Díaz, con lo que un 12,47% de la población madrileña depende para su asistencia sanitaria sufragada con fondos públicos de esta empresa.
Este hecho produce una situación anómala de prácticamente un oligopolio y prácticas de holding entre los 4 hospitales gestionados por la misma empresa que planifican y coordinan su actuación utilizando para ello otros recursos públicos (por ejemplo el transporte sanitario).
La otra empresa en presencia es BUPA-Sanitas una multinacional de origen británico que compro el centro de Torrejón a Ribera Salud que fue la empresa que recibió inicialmente la concesión.
CONCLUSIONES
Diez años después de iniciado el proceso de privatización de la asistencia sanitaria pública madrileña se puede concluir que:
1. El proceso de apertura de 10 nuevos hospitales, y el traslado de otro, contra toda lógica y de una manera aparentemente sorprendente, ha supuesto una reducción en el número de camas de la región (300 camas menos) pasando de 3,50 camas por 1000 habitantes a 3,33 camas/1.000 habitantes en 2016 (promedio de la UE 5 camas/1000 habitantes). Este hecho se debe al cierre en paralelo de camas en los hospitales preexistentes.
2. La Comunidad de Madrid no ha realizado una evaluación de estos centros y la ausencia de transparencia es la norma, existiendo poca información pública confiable. Es necesario reivindicar una total transparencia y publicidad sobre todos los datos de funcionamiento de estos hospitales.
3. Los sobrecostes de los tres modelos privatizadores utilizados en la Comunidad de Madrid son bien patentes.
El modelo PFI incrementa el coste entre 7 y 8 veces sobre la alternativa de construcción y gestión pública. El de concesiones administrativa supone un sobrecoste del 14,95% anual y la concesión de la asistencia a un hospital privado ha presentado un incremento presupuestario del 25,04% anual.
4. Existen numerosos casos detectados de aportaciones extra-presupuestarias de financiación pública hacia estos centros, pero no se ha hecho un análisis sistemático de la situación. Hay que exigir una auditoria por parte de la inspección sanitaria y el tribunal de cuentas para conocer detalladamente la realidad.
5. No hay un control público sobre el funcionamiento de estos centros y el cumplimiento de los contratos que mantienen con el sector público, asimismo se desconoce, y se sospecha que no la habido, si se han aplicado sanciones por los numerosos incumplimientos conocidos.
6. El número de camas/1.000 habitantes y de trabajadores por cama es significativamente inferior en estos centros respecto a los hospitales de gestión tradicional, lo que dificulta su capacidad para garantizar la atención sanitaria de calidad y evidencia que se hacen recortes para mejorar la rentabilidad empresarial sin tener en cuenta la calidad de la asistencia.
7. Hay muchas pruebas de un deterioro sistemático de los centros de gestión tradicional, especialmente de los más cercanos a los nuevos centros y del trasvase de pacientes hacia los centros privatizados, facilitado por la gestión del call center privatizado.
8. Asimismo hay una experiencia dilatada de la práctica de selección de riesgos por estos centros de gestión privada aunque los datos oficiales permanecen ocultos. Una vez mas existe una gran opacidad en la información disponible, hay que exigir información pública y detallada de los trasvases de enfermos, incluyendo la complejidad de los mismos y las transferencias económicas que producen.
9. No existe ninguna evidencia de mejora de la asistencia sanitaria en la región, a pesar de los ingentes recurso económicos destinados a los centros privatizados, tal y como se deduce de la opinión de la ciudadanía expresada en los Barómetros Sanitarios y en el aumento del número de ciudadanos en lista de espera quirúrgica (que han pasado de 27.672 en junio de 2005 a 84.000 en septiembre de 2016).
Entendemos que todos estos hechos son más que suficientes para exigir el final de la privatización sanitaria y la reintegración de los centros privatizados así como, la Fundación Alcorcón y las Empresas Públicas Fuenlabrada y UCR en la red de gestión pública del SERMAS que está demostrando ser más eficaz y más eficiente a la hora de atender los problemas de salud de la población.
http://www.sinpermiso.info/textos/la-privatizacion-hospitalaria-en-madrid-balance-de-10-anos
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Sobrecostes, puertas giratorias y deterioro de lo público: desmanes de las privatizaciones sanitarias en España
Salud
Los diferentes pasos que se han dado hacia la privatización han acabado en múltiples ocasiones en grandes sobrecostes frente a lo presupuestado
Varios cargos públicos han fichado más tarde por empresas concesionarias: es el caso de Manuel Lamela y Juan José Güemes, exconsejeros madrileños que privatizaron hospitales y servicios
La Asamblea de Madrid aprobó en octubre instar al Gobierno regional a pedir una auditoría que analice los sobrecostes de los contratos de los hospitales.
https://www.eldiario.es/sociedad/Ejemplos-desmanes-privatizacion-sanitaria_0_755574507.html
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Guerras Púnicas - RIOT PROPAGANDA (VIDEO OFICIAL)
Un saludo