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TRIBUNALES

 'Caso Voloh'

BAJO REGISTRO

Domingo, 15 noviembre 2020 - 01:59

 

Un informe de la Guardia Civil implica a un ayuntamiento gobernado por los republicanos en un caso de corrupción

Habrá que ver si en la próxima campaña electoral al Parlament a inicios de 2021, ERC vuelve a presumir, como hizo en los últimos comicios autonómicos de 2017, de no tener ni un caso de corrupción. Lo hicieron como aviso a sus compañeros en el Govern de Junts Per Catalunya, ya que los herederos de CDC de la que ahora se desmarcan, estaban salpicados por los casos Palau, que acabo en condena, y el 3%. Sin embargo, todo apunta a que los republicanos también han normalizado su forma de cargarse el m

según se desprende de la investigación abierta en el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona contra ex responsables de Esquerra y CDC, tanto por presuntas irregularidades como tráfico de influencias o prevaricación para sus negocios, como supuestamente estar detrás del

Tsunami Democràtic

y de la financiación con fondos públicos del ex presidente Carles Puigdemont en su fuga a Bruselas. Un informe de la Guardia Civil entregado al juzgado vincula los 38.000 euros en efectivo hallados en el despacho del hasta hace poco concejal de ERC en Cabrera de Mar (Barcelona) Enric Mir con la corrupción urbanística que otro de los implicados en esta investigación, el ex conseller republicano Xavier Vendrell, pretendía hacer en los terrenos y edifico de Villa Bugatti. En el documento, al que ha tenido acceso este medio, están ampliamente fotografiados tanto el dinero encontrado como la lujosa casa por dentro y fuera. Durante la operación policial de finales de octubre por orden judicial, los agentes encontrado en un armario del despacho de Enric Mir cuatro sobres dentro de una carpeta infantil con varias cantidades de dinero que sumaban 38.000 en efectivo. "Esa incautación parece guardar relación directa con lo que estaba sucediendo en la ejecución del proyecto de Villa Bugatti", remarca el informe policial que considera que el dinero es "de muy dudosa justificación" por parte del edil detenido, quien dimitió la semana pasada tras conocerse que ERC había abierto un expediente en su contra, le suspendió cautelarmente de la militancia y lo instó a abandonar su acta de concejal en Cabrera de Mar. De esta forma, los republicanos querían mantenerse como una formación ejemplar, la misma de la que hace casi tres años, en el acto electoral de campaña autonómica tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, la secretaria general de Esquerra Republicana de Catalunya Marta Rovira sacaba pecho: "Somos el partido sin ningún caso de corrupción. Libre de deudas". La Guardia Civil remarca que Vendrell tuvo una conversación con uno de los socios de la sociedad que creó para "explotar" la operación inmobiliaria de Villa Bugatti, una finca en la que se hacían fiestas y eventos, algunos con la presencia de políticos, ya que con una recalificación pasó a doblar su valor de 5 a 10 millones de euros. El informe señala que en esta conversación, intervenida por orden judicial, los investigados hablaban del "dinero negro con el que se está sufragando el coste del proyecto de Villa Bugatti y que al concejal de urbanismo Enric Mir, el cual viene haciendo todo lo posible por agilizar los trámites para la aprobación puntual del Plan de Ordenación Urbanística Municipal de Cabrera de Mar, se le hubiesen incautado 38.000 euros de muy dudosa justificación,parece indicar que su procedencia fuese, precisamente, de los pagos realizados" por los socios de Vendrell. En el mismo momento que renunció a su cargo, Enric Mir explicó que el dinero encontrado en su despacho está relacionado con "una operación de venta particular" de un inmueble familiar y se desvinculó de un posible caso de corrupción por parte del Consistorio. Pese a esto, en la causa judicial está investigado el ex concejal así como el alcalde de la localidad, Jordi Mir, y el arquitecto municipal, ya que el juez sospecha que podrían haber cometido los delitos de tráfico de influencias y prevaricación urbanística al recalificar esta finca para aumentar su valor. En concreto, considera que presuntamente Vendrell habría obtenido un "claro trato de favor" tanto de cargos municipales como de la Generalitat para que se pudiera aprobar la modificación puntual del POUM de Cabrera de Mar y así modificar los usos urbanísticos de la finca, de casi 50.000 metros cuadrados. De esta forma pretendían mantener la actividad de celebración de fiestas y banquetes y desarrollar un proyecto educativo a través de la Fundación El Brot, de la que era presidente Vendrell. En este sentido, los investigadores creen que presuntamente el ex conseller y empresario trató de "influenciar a sus contactos políticos de máximo nivel", como los consellers Damià Calvet o Josep Bargalló, o el alcalde de Cabrera, así como otros cargos municipales y autonómicos, (hay investigados del departamento de Educación en la causa), para conseguir que la recalificación y el permiso del nuevo centro de educación especial tuvieran "una agilidad superior a la que marca la norma"..El informe añade que "esa influencia la ejerce directamente o a través de terceras personas como Marta Rovira". La Guardia Civil indica que, a pesar de no haberse tramitado y aprobado por la Comisión de Urbanismo la modificación puntual, "se han ejecutado obras y movimientos de tierra absolutamente irregulares en Villa Bugatti", sin licencia e incumpliendo "reiteradamente" las normas urbanísticas y sanitarias, una situación "no legalizada" que conocían los responsables municipales, según los agentes. Precisamente en una conversación intervenida en mayo pasado Vendrell asegura sobre el proyecto "aquí vendrá

Torra

a inaugurar" y añade que no vendrán "de la Generalitat a pedir explicaciones".

Estimará los recursos de la Fiscalía contra la concesión a los condenados de un régimen que les permitiría ir a prisión sólo a dormir algunos días

27 noviembre, 2020 08:18

 

 

 

 

 

 

María Peral @Maria_peral

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La Sala del Tribunal Supremo que impuso penas de entre 13 y 9 años de prisión a los líderes del proceso soberanista catalán rechazará autorizar que disfruten del régimen penitenciario abierto a los 13 meses del fallo condenatorio.

La Sala Penal, presidida por Manuel Marchena, tuvo ayer una primera toma de contacto sobre los recursos interpuestos por la Fiscalía contra las decisiones de los jueces de vigilancia penitenciaria de Cataluña que ratificaron la decisión de la Generalitat de conceder el tercer grado a los condenados. Ninguno de ellos ha cumplido ni siquiera la cuarta parte de la condena a excepción de Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, que están condenados a 9 años de cárcel y llevan en prisión desde hace tres.

La clasificación en tercer grado les permitiría acudir a la cárcel sólo a dormir algunos días entre semana. En esta situación se encuentran actualmente Carmen Forcadell, expresidenta del Parlamento catalán, y la exconsejera de Trabajo Dolors Bassa porque el juez Jesús Ignacio Moncada no accedió a suspender el régimen abierto cuando fue recurrido por el Ministerio Público.

En cambio, el tercer grado sí quedó paralizado en el caso de Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Joaquim Forn por decisión de la jueza María Jesús Arnau.

La decisión, que previsiblemente se conocerá la próxima semana, será estimatoria de los recursos del fiscal. Era esperada porque el pasado julio los magistrados ya rechazaron avalar la concesión a Carme Forcadell, expresidenta el Parlamento catalán, del régimen del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, un híbrido entre segundo y el tercer grado de clasificación penitenciaria.

El alto tribunal acoge los argumentos de la Fiscalía, que sostuvo en sus recursos que no se dan los requisitos que marca la ley penitenciaria para la clasificación en tercer grado, una medida que, a su juicio, no persigue "la rehabilitación del delincuente" sino "única y exclusivamente alterar la decisión condenatoria de la sentencia y su efectivo cumplimiento". Se trata, afirma, de "vaciar de contenido" el fallo dictado el 14 de octubre de 2019.

La Fiscalía destacó que, lejos de seguirse el tratamiento individualizado que exige la ley, la Administración penitenciaria catalana ha concedido, de modo conjunto y al mismo tiempo, a todos los condenados por tratar de imponer la independencia de Cataluña permisos administrativos que escapan al control judicial, luego el 100.2 e, inmediatamente después de que el Supremo tumbara ese régimen, el tercer grado.

El Ministerio Público enfatiza en los recursos que lo que hicieron los condenados "fue muy grave". Era "la primera vez en la historia de la democracia española en que se comete este delito que, por su extrema gravedad, debe ser objeto de un importante reproche, dado que en última instancia el perjuicio causado lo es a la estructura de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho, así como a la Constitución Española".

"No puede trasmitirse a la sociedad que puede quedar impune el haber convertido la propia voluntad en ley fuera de los cauces legalmente establecidos, pues la legalidad es una condición necesaria para la existencia de la libertad política y solo esta es posible cuando la regla precede a la acción", señala el fiscal respecto al delito de sedición llevado a cabo en el otoño de 2017 en Cataluña, con la creación de una legalidad paralela que derogaba la Constitución en ese territorio, la celebración de un referéndum secesionista por el Tribunal Constitucional y por los jueces y la posterior declaración de independencia por el Parlament.

 

 https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/11/29/ciudadanos_desangra_cataluna_mitad_sus_electores_busca_refugio_vox_el_psc_113777_1012.html

 

 https://youtu.be/4l3_X4pxaGw