Pref. institucionales B.Valencia (ISIN ES0115006001). Interesados en demanda conjunta x falsedad contable año2009
Hola,
Al igual que en otras ocasiones, me pongo en contacto con vosotros por el asunto de las participaciones preferentes (PP) institucionales del Banco de Valencia (ISIN ES0115006001) cuyo valor nominal era de 50.000 euros cada una. En mi caso tenía 3 PP.
Estas PP las compre en una oficina de la caja CCM ubicada en Gandía en el año 2009 a un cambio limite del 43% junto con otras subordinadas y preferentes de otras entidades BBVA, Bancaja y CCM.
SI conocía los riesgos de este tipo de inversiones, pero jamás pensé que el desenlace fuese tan catastrófico (quita del 90%, canje en acciones a 0.01 €, luego a su vez intercambio por acciones de LaCaixa a razón de 479 por una, valoración a 0.00542 €, etc...).
En principio no pensaba realizar ningún tipo de acción legal, entre otras cosas porque no se me ocurría ninguna causa, y porque el abogado al que consulte lo veía difícil dado el “tipo de inversor que era y que las compre voluntariamente”. No obstante, él (despacho Vallés Abogados) llevaba casos de mayor cuantía (millones de euros) de otros clientes en que habían iniciado tramites legales contra el BVA por falsedad contable en el año 2010.
Fue honesto y me dijo que por “economía de medios y volumen” (en mi caso era 150.000 euros) y porque no encontraba fundamento, no podía llevar el caso.
Hace unas 3 semanas, me envío un mail con la noticia en la que el “El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz estrecha el cerco en torno a la antigua cúpula del Banco de Valencia por falsedad contable en el año 2009” que os remití y puse en el foro de RANKIA. No obstante, por las causas que os he citado anteriormente, me recomendó que me pusiera en contacto con el abogado de Valencia (D. DIEGO MUÑOZ-COBO GONZALEZ; tfno.: 9636139657; mail: [email protected]) que llevaba asuntos del BVA, sobre todo accionistas, y ya estaba personado en la Audiencia Nacional.
Así hice y fui el jueves 28 de noviembre. Diego, al igual que ha ocurrido con los accionistas, me recomendó que me personará en la Audiencia Nacional como perjudicado, ya que mi decisión de compra de estas PP, aunque fueran para inversores institucionales, se baso en unos fundamentos, cuentas, balances e información remitida al Banco de España que eran falsos y por ello el juez Pedraz actuaba.
A “priori” como es un caso similar al de los accionistas pero no igual, no debe ir en la misma querella, sino a titulo individual o bien de un grupo de afectados que compramos este tipo de preferentes en el año 2009. Lo ve como un caso “fácil de ganar” puesto que ya tiene toda la información analizada, está personado en la Audiencia Nacional, los gastos serían menores, etc...
Respecto al coste del procedimiento, sería según las tasas y tablas del Colegio de abogados de Valencia, es decir, aproximadamente entre un 8-10% de la cantidad restituida. No obstante, aunque Diego “lo vea sencillo” siempre existe probabilidad de perder el caso (ya bastante perjudicados hemos salido como para perder y encima correr con más con gastos de abogados, costas, dietas, etc.!!!). Por eso, le plantee la posibilidad de que sus honorarios fueran en función de la cantidad restituida si se ganaba el caso y ¿qué porcentaje de esa cantidad sería?.
Me contesto que sería en función del volumen económico y número de afectados que nos fuésemos en el mismo procedimiento. Por eso me pongo en contacto con vosotros y os preguntó:
1. ¿Qué os parece la idea? y ¿Cual es vuestra opinión?
2. ¿habéis iniciado tramites legales con otro bufete?, y si es así ¿cual?
3. ¿estarías dispuestos a que vayamos todos juntos en la misma querella?
4. Si conocéis a algún afectado más, por favor hacérselo llegar.
5. Si decidís que iniciemos juntos el procedimiento, y como algunos no sois de Valencia ¿Quién estaría dispuesto a acompañarme al despacho de Diego a las primeras reuniones? Después, os mantendríamos informados de todo vía mail o teléfono.
Quedo a vuestra disposición para exponeros muestro caso, adjuntaros la documentación que poseo, y os rogaría me contestaseis si estáis interesados en que lo llevemos juntos, y así de este modo coger una nueva cita con Diego para la semana del 16 de diciembre para comentarle nuestra posición y saber que cuento nos va a costar o bien que sus honorarios fueran en función de la cantidad restituida si se ganaba el caso y ¿qué porcentaje de esa cantidad sería?.
Un saludo.
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz estrecha el cerco en torno a la antigua cúpula del Banco de Valencia, la pequeña entidad financiera, ya desaparecida, que ha dejado un enorme socavón en el bolsillo del contribuyente. El banco fue vendido hace un año a La Caixa por un euro, tras haber recibido dinero público por un importe cercano a los 6.000 millones de euros. Desde que el Gobierno lo intervino en noviembre de 2011, el análisis de lo sucedido ha revelado que, junto a una gestión negligente, la entidad fue víctima supuestamente de un reguero de delitos. Entre ellos, el de haber falseado presuntamente sus cuentas con el objetivo de presentar beneficios en el ejercicio 2010 para admitir solo unos meses más tarde que tenía un agujero superior a los 540 millones de euros.
El titular del juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional cree ahora que las trampas institucionales con las cuentas de la entidad fueron mayores y alcanzaron igualmente y al menos al ejercicio anterior, el de 2009. Siguiendo un informe de la Intervención General del Estado, el magistrado apunta en un auto difundido este jueves que aquel año también se produjeron “numerosas deficiencias en la gestión del riesgo de crédito y, particularmente, en la toma de decisiones con objeto de evitar el traspaso de saldos a la calificación de dudosos y la indebida calificación contable de muchos de ellos, estimándose un déficit de provisiones específicas de 177 millones de euros”.
El juez amplía de este modo la imputación por falsedad contable a los miembros del consejo de administración que aprobaron las cuentas de 2009, encabezados por el expresidente de la entidad y también de Bancaja y de la Generalitat valenciana, José Luis Olivas, que acumula cargos. Además de en el mismo caso por una macrooperación urbanística, Olivas está imputado en la causa que investiga el hundimiento de Bankia.
Pedraz solicita documentación y dibuja algunas sombras sobre el modo en que el Banco de España vigiló a la entidad
Junto a él, Pedraz extiende la imputación al exconsejero delegado Domingo Parra, al exvicepresidente Antonio Tirado, y a los consejeros Celestino Aznar, Agnès Noguera, Manuel Olmos, José Segura, María Irene Girona, María Dolores Boluda, José Luis de Quesada, Silvestre Segarra, Pedro Muñoz y Federico Michavila, así como a Miguel Monferrer, el socio auditor de Deloitte que validó las cuentas.
El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que administró la entidad desde su intervención hasta principios de este año, presentó ocho querellas contra una treintena de personas, entre dirigentes de la entidad y empresarios, sobre todo del sector inmobiliario, por haber participado supuestamente en operaciones ruinosas para el banco, que supusieron un quebranto patrimonial para la entidad de 630 millones de euros. Ninguna de las denuncias se dirigió, sin embargo, contra el consejo de administración del extinto banco. Fue una asociación de pequeños accionistas Apabankval, la que sostuvo la acusación, que posteriormente ha sido acogida por la fiscalía y por el juez.
No es la única contradicción entre el criterio del magistrado y el del Banco de España. En el breve auto de imputación conocido este jueves, Pedraz solicita una batería de documentación al supervisor. Y dibuja algunas sombras sobre el modo en que la institución vigiló a la entidad. El juez apunta, por ejemplo, que entre marzo de 2009 y julio de 2011 no consta que el Banco de España remitiera al Valencia “ningún escrito de observaciones o requerimientos” y pide que determine las vías utilizadas “para canalizar las recomendaciones”. También reclama las actas de las reuniones en las que el supervisor trató con los gestores de la entidad las deficiencias en la clasificación de riesgos y coberturas, así como las medidas que aceptó el Banco de Valencia.
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* El juez imputa al antiguo Consejo del Banco de Valencia por falsedad contable