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La Seguridad Social bloquea más de 3.000 expedientes - Incapacidad Permanente Total - Incapacidad Permanente Total
Desde el pasado mes de mayo, la Seguridad Social ya no hay tribunales médicos para las bajas de entre 12 y 18 meses. Ahora un sólo médico inspector es quien decide si un trabajador o trabajadora que se encuentra de baja por enfermedad más de un año ha de continuar en esa situación, pasar la valoración de incapacidad laboral, permanente o gran invalidez, o darle de alta para retornar a su trabajo, si todavía lo conserva.
El cambio se llevó a cabo en la reforma de las pensiones que entró en vigor el 17 de mayo de este 2023 y que modificó el artículo 170 de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS) para suprimir la obligatoriedad del Tribunal Médico a los 12 meses, de forma que la empresa deberá asumir la continuación del pago delegado hasta los 18 meses. Este cambio responde a ajustes económicos "como consecuencia en un incremento del gasto derivado de las prestaciones de incapacidad laboral", lo que puso en pie de guerra a los inspectores médicos que protagonizaron protestas y varias jornadas de huelga.
Sin embargo, y a efectos prácticos, el cambio lo que ha originado es un colapso de expedientes de incapacidad permanente en las oficinas del Instituo Nacional de Seguridad Social (INSS). Así los aseguran desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), donde cifran en más de 3.000 los expedientes acumulados en los poco más de cinco meses que lleva en funcionamiento el cambio organizativo. "Los inspectores médicos han decidido prorrogar los expedientes una vez concluye el periodo de baja médica a los 18 meses ya que han protestado ante un cambio que les obliga a decidir el futuro de una persona. Así, el objetivo que originó un ahorro de dinero, implica ahora un colapso de trabajo en el INSS ante expedientes que se acumulan porque no hay altas y sí muchas prórrogas de incapacidad", explican desde el sindicato Csif.
Desde UGT denunciaron que existen instrucciones internas para que "favorezcan" las altas médicas mediante bonificaciones. Y ni con esas. ""No es una cuestión de dinero, es una cuestión de atención, servicio, derechos y garantías", apuntan desde UGT. En la Comunitat Valenciana hay 69 médicos inspectores (46 en València, 19 en Alicante y 4 en Castelló).
Y es que si una persona enferma o tiene un accidente que le impide trabajar tras finalizar la baja médica (o en su profesión o en cualquier otra) le pide a la Seguridad Social una pensión que compense los ingresos que no percibirá ya en una vida laboral que se ha truncado. Esas son las denominadas pensiones por incapacidad. Especialistas en derecho laboral aseguran que la mitad de las solicitudes se deniegan y que ante esta resolución negativa, un porcentaje mínimo de afectados decide inicial la vía judicial y pelear en los tribunales una pensión a la que, en teoría, tiene derecho. Ahora, el INSS acumula este tipo de expedientes en tramitación.
Noticia de Levante, el mercantil Valenciano
El cambio se llevó a cabo en la reforma de las pensiones que entró en vigor el 17 de mayo de este 2023 y que modificó el artículo 170 de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS) para suprimir la obligatoriedad del Tribunal Médico a los 12 meses, de forma que la empresa deberá asumir la continuación del pago delegado hasta los 18 meses. Este cambio responde a ajustes económicos "como consecuencia en un incremento del gasto derivado de las prestaciones de incapacidad laboral", lo que puso en pie de guerra a los inspectores médicos que protagonizaron protestas y varias jornadas de huelga.
Sin embargo, y a efectos prácticos, el cambio lo que ha originado es un colapso de expedientes de incapacidad permanente en las oficinas del Instituo Nacional de Seguridad Social (INSS). Así los aseguran desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), donde cifran en más de 3.000 los expedientes acumulados en los poco más de cinco meses que lleva en funcionamiento el cambio organizativo. "Los inspectores médicos han decidido prorrogar los expedientes una vez concluye el periodo de baja médica a los 18 meses ya que han protestado ante un cambio que les obliga a decidir el futuro de una persona. Así, el objetivo que originó un ahorro de dinero, implica ahora un colapso de trabajo en el INSS ante expedientes que se acumulan porque no hay altas y sí muchas prórrogas de incapacidad", explican desde el sindicato Csif.
Desde UGT denunciaron que existen instrucciones internas para que "favorezcan" las altas médicas mediante bonificaciones. Y ni con esas. ""No es una cuestión de dinero, es una cuestión de atención, servicio, derechos y garantías", apuntan desde UGT. En la Comunitat Valenciana hay 69 médicos inspectores (46 en València, 19 en Alicante y 4 en Castelló).
Y es que si una persona enferma o tiene un accidente que le impide trabajar tras finalizar la baja médica (o en su profesión o en cualquier otra) le pide a la Seguridad Social una pensión que compense los ingresos que no percibirá ya en una vida laboral que se ha truncado. Esas son las denominadas pensiones por incapacidad. Especialistas en derecho laboral aseguran que la mitad de las solicitudes se deniegan y que ante esta resolución negativa, un porcentaje mínimo de afectados decide inicial la vía judicial y pelear en los tribunales una pensión a la que, en teoría, tiene derecho. Ahora, el INSS acumula este tipo de expedientes en tramitación.
Noticia de Levante, el mercantil Valenciano