Gran controversia se ha desatado en Costa Rica por la prohibición de conciliar en casos judiciales sobre temas de evasión fiscal en Costa Rica. El caso de Grupo Nación se agrega a la lista de controversias entre gobernantes y prensa. Sin embargo, en términos prácticos se reduce a un proceso legal donde el medio puede llegar a estar acusado frente a las autoridades tributarias. Habrá audiencia preliminar para evaluar si inicia una causa judicial o no. La expresidenta Laura Chinchilla se queja de ser perseguida por los medios, y la contrapate alega que la prohibición de conciliar es una represalia. ¿Tiene sentido lo que está ocurriendo?
Se aviva controversia entre Grupo Nación y Laura Chinchilla
Los medios de Costa Rica han dado relevancia a la elevación de tono de las partes, a la controversia.
La publicación en exclusiva que realizó DIARIO EXTRA de la derogatoria de la directriz que estableció la anterior administración, impidiendo al Estado conciliar con grandes evasores de impuestos y en su lugar llevarlos a juicio, donde se exponen a penas carcelarias, sigue generando revuelo en múltiples sectores y funcionarios. Ahora puso en un enfrentamiento público a la exmandataria Laura Chinchilla con el diario La Nación. La puerta para los reclamos se abrió cuando Chinchilla quebrantó el silencio y en su cuenta oficial de Facebook defendió la directriz 30-P, como una medida de combate contra la evasión fiscal, que tuvo un costo grandísimo para su gobierno, el cual según sugiere fue la persecución del medio comunicativo, quien tiene un caso por el presunto delito de defraudación fiscal, relacionado con la venta de dos rotativas. “La directriz no tenía el propósito de perseguir a nadie en particular, sino de fortalecer la acción penal sobre un delito estipulado en nuestra legislación y que afecta gravemente el interés público. Pese a ello, dos personeros del diario La Nación, en su momento, le atribuyeron a esa directriz una intencionalidad que nunca tuvo y la ligaron a un caso que ese medio tiene abierto desde hace 10 años en la Dirección General de Tributación Directa y sobre el cual el DIARIO EXTRA y Noticias Repretel han informado en el pasado”, explicó Laura Chinchilla. “La avidez por desmentir públicamente una persecución política de la cual nadie la ha acusado en público es en sí misma sospechosa. Quizá la única verdad contenida en el texto de la exmandataria es la preocupación expresada en privado por personeros de esta empresa sobre el uso de la administración tributaria para perseguir a los medios de comunicación e intentar acallarlos”, alega La Nación. - Nación y Chinchilla agarrados del moño por directriz contra grandes evasores
Laura Chinchilla, expresidenta de la República, emitió su criterio ante la derogatoria que la actual cúpula del Ministerio de Hacienda realizó de la directriz N30-P, aprobada durante su administración, con la cual se impedía a los grandes evasores conciliar en casos de defraudación fiscal, tales como en el caso de La Nación y Canal 7, entre otros. La directriz emitida por Chinchilla buscaba que los evasores enfrentaran procesos penales así como el pago del monto defraudado, los intereses y el daño social provocado a la Hacienda Pública. “La directriz que ahora se quiere derogar y que firmé en el año 2012 se convirtió en un poderoso símbolo de lucha contra la evasión fiscal. Si bien es cierto, como lo justifica el Ministerio de Hacienda, la directriz no puede impedir los procesos de conciliación contemplados en la legislación, la misma envió un mensaje político muy poderoso a entes técnicos y judiciales sobre la importancia de perseguir los delitos tributarios, los cuales hasta ahora contabilizan una única condena en nuestro país. Echar para atrás esta directriz es volver a propiciar la impunidad que históricamente ha reinado en esta materia”, citó, textualmente, Chinchilla en esa red social. - Chinchilla defiende directriz contra grandes evasores y asegura que nunca concilió en caso ‘La Nación’
Para los que hemos estado en actos públicos de la señora Chinchilla, los discursos de ella, especialmente hacia el final de la administración, apuntaban públicamente a criticar lo que ella consideraba cobertura periodística que atacaba y derogaba los logros de la admnistración. Evidentemente esos comentarios nunca llegaron a ser publicados "públicamente" porque los medios son los que controlan la llegada de la información al público, y por eso no se hizo público. Es imposible hacer público algo sino se publica. Y ahora el argumento de la inexistencia de la persecución contra la presidente viene del argumento de que nunca se hizo público.
Los potenciales acusados en este caso no parecen ser meros empleados, sino los altos jerarcas de Grupo Nación. Es lógico imaginar que este tema pueda traer una cola para los accionistas en bolsa, y la posibilidad de un expediente judicial para los jerarcas. Y por ello es lógico pensar que se desate una guerra mediática. ¿O no?
La audiencia preliminar en el caso por el supuesto delito de defraudación fiscal que se sigue contra el Grupo Nación se realizará del 25 al 29 de agosto de este año, según confirmó el Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial a la Fiscalía de Delitos Económicos y Tributarios. El Juzgado notificó al Ministerio Público las fechas en las cuales realizará la discusión sobre este caso en el cual aparecen acusadas cuatro personas: Manuel Francisco Jiménez, presidente ejecutivo del Grupo Nación, su primo Carlos González Jiménez, exviceministro de Hacienda y exmiembro del Comité de Vigilancia de la empresa y los abogados Javier León y Luis Javier Uribe. El caso contra el Grupo Nación se estableció tras una documentación presentada por la Dirección de Tributación en el 2004, donde se indica que La Nación S.A. habría simulado la venta de dos rotativas viejas ya depreciadas a Capital Leasing Corporation, sociedad constituida por Carlos González Jiménez, por un monto de $2 millones. - Grupo Nación irá a audiencia en agosto, por caso de defraudación fiscal
Parece que el trasfondo de toda esta controversia es que no haya posibilidad de conciliar en casos de evasión fiscal. ¿Tiene sentido el decreto de la expresidenta? Esto es lo que dicen las noticias sobre la situación fiscal del país:
Diez empresas acusadas por fraude fiscal, por monto total aproximado a los ¢5 mil millones (casi 700 millones de euros), buscan conciliar con la Procuraduría General de la República, pese a que existe una directriz de la presidente Laura Chinchilla, en la cual se indica que en estos casos se debe buscar llegar a un juicio que implique una sanción económica y moral para los imputados. Entre las empresas que buscan llegar a un acuerdo con la Procuraduría estaría El Guadalupano S.A. y el Grupo Nación, entre otras ocho empresas más. Según indicó el Ministerio Público en un comunicado de prensa, la empresa ferretera estaría ofreciendo entregar al fisco ¢214 millones como una medida alterna para resolver el conflicto. - Diez empresas acusadas por fraude fiscal por más de ¢5 mil millones buscan conciliar con la Procuraduría
Por un lado, si las empresas no pueden conciliar, tendrán que pasar por el proceso judicial, y eso disuade la evasión. De primera entrada el decreto presidencial suena a salud fiscal para un gobierno que tiene problemas de déficit y que necesita cuando menos mejorar su recaudación. ¿Por qué entonces promover una conciliación que haría que las empresas se confíen, posterguen pagos, y no teman a cargos por evasión?
El acatamiento de la ley no es una cosa que a la gente en Costa Rica le guste mucho, aunque a ciudadanos de otros países les parezca extraño. En los buses nadie acata la directriz de dar campo preferencial a discapacitados, embarazadas y personas con movilidad reducida en los asientos destinados para ello. En materia vial, los conductores se lanzan contra vía cuando hay atascamientos de tránsito, y cuando la policía les hace una infracción se molestan. Inclusive algo tan simple como acatar las leyes laborales, para evitar que surja descontento que lleve a un chavismo en Costa Rica, no es algo que se cumpla a cabalidad en las empresas, aunque alguno jerarcas de empresas indiquen que debe seguirse lo que dice la ley. Imponen la medida de los asientos para niños en los vehículos y allí vemos a grupos de choferes protestando contra la ley. Es una cultura donde acatar la ley es opcional, y se mira con malos ojos al que intenta hacer valer la ley. Por eso esta controversia parece tener matices culturales, más que de otra índole.
Costa Rica es un país muy particular. La desigualdad en ascenso hace que los estudiantes tengan riesgos de desnutrición (22.000 estudiantes ticos están en riesgo de sufrir un trastorno alimenticio, revela estudio). Muchos pobres ven en el narcotráfico una potencial salida (30% de bandas narcos desarticuladas en el país son familias de escasos recursos) que por supuesto es falsa, porque detrás de la aparente liquidez, viene un recorte de expectativa de vida. Y en ese contexto, hay medios que parecen tener problemas tributarios.
Entre los impuestos que no cancelaron sobresalen el de renta, retenciones, remesas y el impuesto de las ventas. Algunos de los casos denunciados son La Nación y Canal 7. - Unos 27 grandes contribuyentes adeudan al Ministerio de Hacienda 28.322 millones de colones
Por el contrario, en los EUA la evasión fiscal es algo muy serio y no parece estar sujeto a debate. En casos como el de Al Capone, fue por evasión fiscal que lograron enviarle a la cárcel. Evasión fiscal (tax evasion) es distinto de evitar los impuestos (tax avoidance) en la legislación americana. El tax avoidance consiste en usar mecanismos legales que ya existen para reducir el monto que se paga en impuestos, es cuando se actúa dentro de la ley, no afuera. Quien intente evadir impuestos, sería culpable de felonía (que es un crimen serio) y tras la condena tendría una multa máxima de $100 mil si es una persona o $500 mil si es una corporación o prisión de no más de 5 años o ambos, y debe pagar los costos procesales. (26 U.S. Code § 7201 - Attempt to evade or defeat tax). También puede haber penas si no provee los documentos, no paga lo que debe, o no provee informaciòn solicitada.
En los EUA un individuo fue arrestado por evadir impuestos en Alemania ('£700million tax fraud Brit' held by US Secret Service after watching Amir Khan in Vegas). El IRS nos muestra también casos de algo tan simple como fallar en retenciones de impuestos en planillas de pago a empleados (Examples of Employment Tax Fraud Investigations - Fiscal Year 2014). En los EUA, incluso un congresista es acusado por evadir impuestos (Congressman Michael Grimm accused of business tax fraud). No parece haber mucha controversia sobre la posibilidad de conciliar en estos casos. Simplemente va a juicio y sale una sentencia, inocente o culpable. Es entendible, es un país que necesita desesperadamente recaudar tanto ingreso fiscal como pueda. Y allí acatar la ley no parece tan opcional. El problema cultural no parece existir, ni tampoco parece que se hable mucho de conciliación en Alemania tampoco. Por eso no entiendo el trasfondo de la controversia sobre la conciliación.
Un mal momento para desatar controversia
No acabo de entender por qué hay controversia. Y encima me parece un mal momento para hacerlo.
Son tiempos de crisis. Las empresas ya enfrentan dificultades por la crisis mundial, y eso hace difícil la labor gerencial. Los accionistas están nerviosos porque no parece haber un terreno seguro en tiempos de volatilidad. Y los ataques especulativos realizados por determinados entes en las economías del mindo no ayudan a asegurar la tranquilidad. En ese contexto no parece conveniente atizar la controversia aún más, porque la guerra de egos entre Chinchilla y el medio no favorece a la empresa. ¿Acaso la disputa le recuerda constantemente al accionista que hay problemas, que la empresa puede ser riesgosa? Es que si la posible inocencia depende de una conciliación, ¿existe riesgo de culpabilidad?
Además, como elemento de contexto mundial, en esta crisis el manejo de la información de los medios de comunicación internacional fue espantoso. Desde 2010 venían anunciando un default español que nunca ocurrió, una caída del euro que nunca sucedió. Los inversionistas se habrán sentido engañados por la prensa. Ese mal manejo que hace que la prensa se desacredite a sí misma fue documentado en mi post anterior La maldad del periodismo corrupto. El problema de fondo es que la prensa se ha convertido en un grupo de poder más, entre los ya existentes (La prensa que deforma, miente y engaña). Quizás la prensa internacional podría pensar que si monopoliza la información, podría hacer que otros obedezcan sus órdenes, pues la prensa puede santificarse a sí misma y demonizar a sus oponentes, pues todo se vuelve un juego de palabras propagandístico en una guerra mediática. Y al volverse internacional, puede ser adoptado como ideología empresarial, pero como ideología que es creencia, puede no corresponder con la realidad.
Esos juegos de poder ya han desacreditado a la prensa mundial, de la misma forma en que los vividores han desacreditado a las iglesias evangélicas, y los abusadores de niños han desacreditado a la iglesia católica. Así, aunque monopolice la información, la prensa es incapaz de santificarse a sí misma. Empezar una guerra mediática ¿puede malentenderse como el intento de los posibles imputados de usar el dinero de los accionistas para salvarse a sí mismos, o como un juego de poder con dinero de accionistas?
Ya Laura Chinchilla no es presidente, sino una simple ciudadana. ¿Por qué atizar contra ella? La fórmula de demonizarla parece haber funcionado, como una manera de santificar a medios y vender ejemplares en el pasado cuando ella ocupaba un cargo público. ¿Podría servir como mecanismo para amedrentar al actual gobierno? Laura Chinchilla, Justo Orozco y Karina Bolaños fueron convertidos en el pato de un festín mediático, así como otras personas, en el pasado. ¿Puede verse como un intento de desviar la atención de los accionistas hacia personas y guerras de ego, para que no miren los cargos judiciales en contra de la empresa? Y si se mira como un intento de amedrentar políticos, ¿puede traer efectos adversos? La medida de evitar la conciliación se mira como algo que apunta a la salud fiscal del gobierno y del país en general, y también no es justo que unos paguen sus impuestos y otros no. ¿Se puede demonizar sobre la base de una medida apropiada para garantizar la salud fiscal del gobierno?
No es normal hacer publicidad a sus propios escándalos, donde una autoridad podría cuestionar el cumplimiento de normativas por parte de la empresa. ¿Puede empantanar aún más el panorama en muchos ámbitos?
Siendo pragmáticos, hay un posible caso judicial, una posible acusación que ventilar, y si llegaran a existir cargos, existe un riesgo legal para el accionista, que debe ventilarse apropiadamente. Hay un decreto que existe por la razón que sea, en un país que necesita disuadir la evasión fiscal. Toda otra actividad o discusión o debate o controversia adicional resulta inútil, irrelevante. Y encima de todo, ¿puede resultar contraproducente para la empresa y el accionista antagonizar una medida que empuja la salud fiscal de un país?
Dicen que estando hundido hasta el cuello en arenas movedizas, lo mejor es no moverse para no hundirse. Lo que pasa es que hay una palabra que los que manejan las palabras no suelen manejar, y se llama silencio. El buen uso del silencio no se trata de callar, sino de hablar sabiamente, algo que no estoy seguro de que esté sucediendo. No estoy seguro de que sea un buen momento para que hayan desatado la controversia.
