Uno de los problemas recientes que se ha materializado en el sector bancario a consecuencia del coronavirus ha tenido que ver con el posible incremento de las provisiones bancarias y la disminución de crédito a la economía real que esto traería aparejado. Esto, en las condiciones actuales donde tanto empresas como hogares necesitan tener un fácil acceso a la liquidez, se mostraría altamente contraproducente y agravaría aún más los efectos negativos sobre la economía.
Las provisiones bancarias se realizan con el objetivo de cubrirse ante el posible impago derivado de un préstamos o crédito fallido. A nivel de entidad las provisiones implican un coste de oportunidad ya que los recursos destinados a hacer frente al posible impago no se pueden prestar y, por lo tanto, no reportan ningún rendimiento. A nivel económico, a pesar de que estas aumentan la estabilidad del sistema bancario, pueden limitar el crédito en momentos donde este es necesario.
A diferencia de lo ocurrido durante la Gran Recesión la regla contable sobre la que se basan las provisiones bancarias actuales, la IFRS 9 (International Financial Reporting Standard 9), obliga a las entidades bancarias a aprovisionar recursos ante las pérdidas esperadas. Este nuevo método, se introdujo para solucionar los fallos derivados del método anterior, el IAS 39 (International Accounting Standard 39), el cual estuvo en funcionamiento antes y durante la anterior crisis económica. El antiguo método de provisiones se basaba en el modelo de pérdidas incurridas. De acuerdo con este, las provisiones se debían de realizar cuando se materializaban las pérdidas, produciéndose estas si se producía el default efectivo de un préstamo, es decir, cuando pasaban 90 días desde que se había producido el impago. El principal problema que se derivó de esta regla contable fue que las entidades bancarias, haciendo uso de los 90 días estipulados por la IAS 39, retrasaron el reconocimiento de los impagos en los préstamos hasta que les fue posible. Una vez reconocidos estos, la gran cuantía de provisiones a las que tuvieron que hacer frente de manera acelerada contribuyó en gran medida a reducir la oferta de crédito, causando así severos daños a la actividad económica.
Este efecto procíclico sobre el crédito, además de la tardanza para realizar las provisiones y el poco volumen de estas, hizo que el International Accounting Standards Board, a petición de diversos organismos internacionales, elaborará un nuevo mecanismo de provisiones. El antiguo método IAS 39 quedó así sustituido en Europa por el IFRS 9, el cual, se basaría en un sistema de pérdidas esperadas teniendo en cuenta la evolución económica y la del deterioro del préstamo. El periodo de transición a este nuevo sistema se inició en el 2018 y establecía que las entidades tenían hasta 2023 para acogerse plenamente a este. Mediante este método, el reconocimiento más rápido de las pérdidas se consigue a través de un mecanismo de segmentación de activos. A partir de este, los activos se clasifican en 3 grados (stages según su terminología en inglés) de acuerdo con su riesgo de impago. En el Stage 1 se incluirán todos aquellos préstamos cuyo riesgo de crédito sea el mismo que el que tenían el día de su concesión. El Stage 2 estará constituido por aquellos préstamos donde el riesgo de impago haya aumentado debido a que se ha producido un retraso en el pago de las cuotas de al menos 30 días. Por último, el Stage 3 incluirá todos aquellos préstamos donde se hayan producido retrasos en los pagos en un periodo de tiempo de más de 90 días.
En cuanto a las provisiones, estas también varían en relación con los grados anteriores. Para el Stage 1, en el caso de producirse un retraso en el pago menor de 30 días, se realizarán pequeñas provisiones a 12 meses vista. La inclusión de los activos en la Stage 2 y 3 supondrá sin embargo un aumento considerable en la cuantía de las provisiones debido a que en estas el riesgo de impago comienza a aumentar y a que se pasa a considerar toda la vida del préstamo y no únicamente los 12 meses posteriores.
La introducción de la regla contable IFRS 9 ha conllevado que los bancos hayan sido más cautelosos a la hora de conceder crédito además de haber permitido reaccionar ante los problemas derivados de la morosidad de manera más rápida. Sin embargo, tal y como han señalado algunos autores, la prociclicalidad en la concesión de crédito no se ha conseguido solucionar. Si bien es cierto que la inclusión de la evolución de las condiciones económicas como variable para determinar las pérdidas esperadas permite anticipar escenarios adversos, no permite cubrirse ante shocks exógenos inesperados. Esto hace que, en el caso de encontrarnos ante una de estas situaciones, las provisiones tiendan a aumentar de manera muy rápida. Este rápido crecimiento, junto con la imposición de unos requerimientos de capital y la limitada capacidad para incrementar capital en tiempos de contracción económica, obliga a las entidades bancarias a reducir el flujo de crédito a la economía. El shock económico desencadenado a consecuencia del coronavirus ha puesto a las entidades bancarias en la hipotética situación anterior.
Ante este escenario y dadas las crecientes necesidades de liquidez por parte de empresas y hogares, diversas autoridades a nivel internacional han comenzado a reaccionar ante el importante aumento de provisiones que se espera a consecuencia del coronavirus. A nivel europeo, la necesidad de mantener la liquidez en la economía real ha hecho que el Banco Central Europeo y la Comisión Europea hayan tomado medidas para minimizar el impacto de las provisiones.
Con relación al BCE, este anunció el 12 de marzo que se permitiría, de forma transitoria, el incumplimiento de los requisitos de capital y liquidez y que se liberan 120.000 millones de euros de los colchones de capital[1] para ser destinados a dar créditos y a hacer frente a posibles pérdidas. Además de lo anterior, el 20 de marzo expresó que los préstamos o créditos garantizados por entidades públicas, no se tendrán en cuenta a la hora de contabilizar préstamos morosos (Non Performing Loans por su terminología en inglés). Junto a estas medidas la entidad monetaria aconsejó también que se hiciera uso de los acuerdos de transición incluidos en la IFRS 9 los cuales facilitan la transición entre reglas contables permitiendo que se contabilice una menor cuantía de provisiones durante el periodo de implementación (entre 2018 y 2023). La CE por su parte anunció el día 28 de marzo que hasta 2021, las entidades financieras pueden, a su juicio, determinar si los impagos derivados de los créditos a hogares y empresas deben materializarse en un incremento de las provisiones por riesgo de crédito esperado.
La implementación de la legislación derivada de los acuerdos de Basilea ha permitido que el sector bancario esté más preparado para hacer frente un periodo de turbulencias económicas como el actual. Además de esto, las medidas de apoyo por parte de los bancos centrales están aportando un balón de oxígeno a las entidades financieras. De acuerdo con lo que se viene repitiendo desde el inicio de esta crisis, el sector bancario es uno de los que tiene que apoyar a la economía en estos momentos a partir de su provisión de liquidez. Por el momento, parece que lo anterior se está cumpliendo, pero la incertidumbre en relación a la evolución de la economía a consecuencia del coronavirus hace que no sea posible descartar el surgimiento de problemas futuros en el sector.
Ante este conjunto de medidas de urgencia, se hace interesante reflexionar también acerca de la flexibilización en interpretación de las normas en los momentos de crisis. Si bien es cierto que las relajaciones normativas pueden producir riesgo moral (en este contexto, la asunción de más riesgos por parte de los bancos), lo que habría que tener también en cuenta es el contrafactual: ¿qué podría pasar en el caso de no aplicarse esta relajación normativa?
[1] La liberación de la cuantía anterior supone además un cambio transitorio de la regulación ya que se permite que las provisiones bancarias (pérdidas previstas) puedan ser atendidas con los colchones de capital los cuales se disponen para hacer frente a las pérdidas no previstas.
