Una de las confusiones más interesadas en los últimos años es aquella que habla del déficit y la deuda. Es cierto que guardan cierta relación, pero desde luego hay mucho que analizar, y por supuesto muchas cosas que no se olvidan.
El déficit y deuda son variables conectadas pero completamente distintas desde el momento en que una es una variable de tipo flujo y la otra es una variable stock.
El déficit necesita para determinarse un espacio temporal, porque es la diferencia entre los gastos y los ingresos en un período determinado, (lo más usual es el año), de tal forma que el déficit es el exceso de gastos sobre los ingresos en este período.
Por supuesto, esto influye sobre la situación del agente del que hablemos, de tal forma que si un año en particular alguien incurre en déficit, ese año o bien su deuda se incrementará o bien sus ahorros se reducirán.
En el caso particular de un gobierno, el déficit son los gastos menos los ingresos de un año en particular, mientras la deuda es el volumen total de deuda que tiene este estado, la cual no deja de ser la suma de todos los déficits menos los superávits que haya tenido en la historia.
Pues entendiendo esto, es fácil extraer conclusiones sobre la conveniencia de determinadas medidas. En todo caso, es muy sencillo ver que vender algo rentable para eliminar el déficit, (por ejemplo privatizar la lotería), no es otra cosa que vender un activo que nos genera rendimientos todos los años para reducir las pérdidas de un solo año. Es así de sencillo, arreglamos el déficit de este año, a costa de incrementar el déficit de los años posteriores por el importe de los ingresos que esta actividad deja de generar para los siguientes años.
Es así de sencillo; si en nuestra economía familiar, vendemos las joyas para pasar un año malo, el año siguiente no podríamos venderlas; si lo que hacemos es vender una fuente de ingresos, lo que ocurre es que el año siguiente no podemos venderlo y además el año siguiente tendremos un déficit incrementado por la caída de ingresos.
Por descontado tendremos que analizar cada caso en particular, porque desde luego hay que analizar el precio conseguido por la venta y por otra parte los ingresos a los que renunciaríamos en el futuro. Claro que este punto es un juego suma cero entre comprador y vendedor. Para que el negocio sea rentable, ha de ser interesante para el comprador y en consecuencia, la ecuación difícilmente será rentable para el vendedor, sobre todo en el caso de que sea una administración pública vendiendo por necesidad en un entorno de dificultades financieras también para los inversores.
En el sentido de que la empresa privada gane dinero, (y en caso contrario, no estaríamos planteando la operación, por lo que no tendría sentido no asumir esto), la realidad es que los déficits conjuntos se incrementarán de forma que la deuda se acabará incrementando.
El caso de activos como la organización nacional de la lotería, no estaríamos ante casos estratégicos, y por tanto deberíamos tener en cuenta que el caso de que se plantee la venta o la concesión de la gestión de determinados activos que el estado debe asumir, el resultado es incluso peor. En este caso, el estado puede reducir el déficit en la medida en que perciba una cantidad este año; sin embargo esto va a ocasionar un gasto muy superior (o ingreso inferior) en los años siguientes, de forma que ante un posible descenso de un déficit en un año, significará mayores gastos en el futuro, por lo que estamos ante la misma situación. Este es el típico caso de las concesiones que lleven algún tipo de pago en la sombra, como las de los planes de colaboración público-privada, que por un lado, es cierto que no alteran, (ni incrementan, ni reducen), el déficit de este año, pero que van a suponer unas condiciones salvajes para los siguientes años, con los efectos que esto provoca en la deuda.
Pero aún tenemos otro caso que es el privatizar determinados servicios, siendo el más típico el del agua. En este caso, lo que se consigue es que el órgano que vende el servicio de agua, (o que cede, que es peor), puede conseguir una determinada cantidad en el ejercicio de referencia. Y a partir de ese momento que sea la empresa privada la que se encarga de prestar el servicio, cobrando de los clientes y pagando todos los costes.
Está claro que esta situación genera unos beneficios para la administración pública, sobre todo en el caso de servicios que antes eran deficitarios. Sin embargo, en este caso debemos acordarnos de ampliar la mira de cálculos, ya que al final los estados no son más que un instrumento creado y financiado por los ciudadanos. En este caso tenemos que tener en cuenta que para analizar las diferencias entre la situación inicial y la final, tenemos que atenernos a las diferencias entre lo que pagamos los ciudadanos en una situación y en la otra. Es cierto que en el caso de un servicio público que sea deficitario, los ciudadanos pagamos una parte del servicio vía precios y otra vía impuestos. A partir de ese momento, el precio que pagaremos será únicamente precio y por supuesto será mayor; Por supuesto para analizar el impacto en los ciudadanos, (y por tanto en la economía), debe tener en cuenta ambos efectos. De esta forma, si el precio en la situación de un bien privatizado es mayor que la suma entre precio pagados más la parte correspondiente a las perdidas, los ciudadanos perdemos y tenemos una bajada de renta disponible en la economía.
Dicho de otra forma, si el volumen de negocio en un servicio privatizado es superior al volumen de costes del servicio público estaremos pagando más, y por tanto estaremos detrayendo recursos para lo que será un monopolio.
