En octubre de 2009, colgué un post sobre las tácticas que cetelem llevaba a cabo para el cobro de las deudas de los créditos que estaban en mora. Lo realmente triste del caso es que el origen del post estaba en un programa de televisión donde se les gravó cometiendo toda clase de tropelías y delitos. Coacciones, vulneración del deber de secreto, atentado a la intimidad son delitos tipificados en el código penal, e incluso en la constitución española, por lo que no tenemos que tirar de normativa escondida para encontrar que dichas acciones están claramente al margen de la ley.
Unos meses después, he colgado un post acerca de una empresa que se llamaba el payaso cobrador, en el que con total impunidad se anunciaba una empresa y se detectaban numerosas irregularidades incluso en la web.
La triste realidad es que en este país, nos encontramos con que los delitos pueden ser incluso publicitados sin ningún problema si son cometidos por personas que trabajan para empresas en el contexto de un negocio. Los fiscales están demasiado ocupados intentando condenar a controladores civiles por delitos militares, intermediando en sus supuestas huelgas o bien tratando de ayudar al amigo americano para que no se investiguen a militares por la muerte de Couso, como para intervenir en estos casos, y de esta forma la impunidad es total y absoluta.
Sin embargo el 2011, comienza con una nueva sorpresa de las instituciones públicas o los servicios públicos a cuenta de estas tácticas contra los morosos. Lejos de perseguir las actuaciones contrarías a unas cuantas normativas, nos encontramos con el ayuntamiento de A Coruña y la empresa municipal de aguas de Coruña, (Emalcsa), que se ha decidido incluso a mejorarlas y perfeccionarlas.
En este sentido nos encontramos con que va a luchar contra el 1% de morosos que tiene del servicio de agua, con unas tácticas agresivas y que dejan completamente en ridículo las tácticas de las agencias de recobro. La genial idea de la compañía es encargar 9.000 colgantes, (con el texto en gallego y castellano porque hay que ser políticamente correcto hasta cuando se incumple flagrantemente la ley), para, según las declaraciones de la empresa pública, apostar “por una campaña más agresiva, con denuncias en público a los usuarios que no estén al corriente del abono de sus facturas”.
Resulta que la compañía comenzará a dejar en los pomos de las puertas de los vecinos morosos, una serie de colgantes en los que van a aparecer textos para exigir a los morosos que se pongan en contacto con el servicio de atención al cliente, para "evitar incomodidades" y "regularizar" la situación o informar “de que su suministro queda desde este momento en estado de suspendido por moroso, a la espera de poder ejecutar el corte”, (¿Qué será suministro suspendido antes del corte?).
En el post sobre el payaso cobrador ya puse unas cuantas normativas que se ven afectadas por las tácticas que consisten en hacer pública la información personal de los usuarios de los servicios, algo que está especialmente prohibido en numerosas normativas. El problema no es como encontrar una forma de hacer pública esta información. Si Emalcsa o cualquiera se ampara en una norma para justificar las acciones que consisten en usar la presión pública para cargar contra las personas que no pagan las facturas del agua, lo que está cometiendo es un fraude de ley de libro, que es utilizar una norma legal para llevar a cabo una acción contraria a la ley. Además en este caso se escuda en la ordenanza municipal y la ley general tributaria, que les permite imponer recargos a las facturas impagadas; No parece que sea lo mismo imponer un recargo que imponer la vergüenza entre los vecinos.
Se esté o no se esté de acuerdo con esta medida, está claro que no creo que haya demasiadas dudas de la ilegalidad manifiesta de esta medida, que puede entrar incluso en el campo del código penal. Por supuesto, en caso de no estar de acuerdo, podemos entrar a discutir y cambiar todas las normas que se ven vulneradas, entre ellas la constitución. Aquí no valen medias tintas, y por supuesto no sirven excusas y supuestos beneficios de la vulneración de las normas que rigen el destino de la sociedad. En algún momento, resulta que es más importante el recibo del agua que la constitución y en este momento sería de esperar que alguien se parase a pensar en el absurdo.
Pero es que en este caso, nos encontramos con que muchos de los casos van a ser de personas que están pasando por enormes dificultades y un servicio básico, (como es el agua) y una administración política que para más inri presume de carácter social. Y en este caso, resulta que lo que está proponiendo es someter a escarnio público a las personas que lo están pasando tan mal que no se pueden permitir pagar el recibo del agua.
Además de ilegal, esta medida es un ejemplo claro de lo miserable, cicatero, ciego y absurdo que pueden llegar a ser los políticos, capaces de justificar con las mayores tonterías posibles el hecho de que se impongan penalidades adicionales a las personas que peor lo están pasando en estos momentos.
Si hubiese un mínimo de justicia en este mundo, (y la vamos a necesitar para salir de esta situación), el presidente de la empresa, que es el alcalde de A Coruña, (Javier Losada), tiene que acabar enfrentándose a los tribunales en la conveniente audiencia pública. Puede ser que no poder pagar el recibo del agua sea una vergüenza muy difícil de llevar para muchas personas que ya están muy castigadas. Pero todos debemos tener en cuenta que la mayor vergüenza es coaccionar a los que no pueden, saltarse todas las leyes desde el poder y en definitiva confundir ejercer el poder para mejorar las condiciones de los ciudadanos con ejercer el poder para con una manifiesta incompetencia acabar machacándolos.
Pena de que los fiscales y la justicia en general estén demasiado ocupados pasando y torturando la justicia.
