En los últimos tiempos oigo con frecuencia, tanto en declaraciones, como en comentarios, la necesidad de adaptar la ley a la realidad. Se ha dicho desde la patronal, donde se ha manifestado la decepción acerca de las reformas laborales que se han llevado a cabo; o lo podemos escuchar cuando hablamos de aquello de que “quien más tiene, más debe contribuir al erario público”; o lo podemos escuchar cuando los tratados europeos prohibían los rescates. En fin, es una frase que se suele usar con mucha frecuencia para pedir exactamente esto.
En primer lugar, necesitamos entender que cuando estamos hablando de adaptar la ley a la realidad, en realidad estamos ante una situación en la que ahora mismo se está pasando por completo de la ley. Esto puede parecer una tontería, pero es un indicativo increíble del punto en el que estamos en el que las personalidades de referencia, los políticos y en general todo el mundo que tiene voz en este tinglado, pasa completamente de la ley; sino que además se permite ¡pedir que se cambie la ley!.
Esto nos lleva a una conclusión que es muy obvia; mal se puede culpar a una determinada norma de una determinada situación, cuando reiteradamente se incumple. Es decir, es difícil justificar que estemos en una situación como la actual por una regulación laboral supuestamente muy rígida, (por poner un ejemplo), que es incumplida hasta el punto de que España haya pasado de ser el país que más empleo creaba, (con muchísima diferencia) a ser el país que más empleo destruye, (también con mucha diferencia). También es difícil echar la culpa a unas leyes que establecen un sistema fiscal progresivo, cuando la realidad es que todo el mundo se lo pasa por el forro.
Es más, lo que parece más obvio es que si hay que echar la culpa a la crisis, se la tendremos que echar a la realidad, y no a unas leyes que están lejos de esta.
Lo peor es que parece que seguimos empeñados en profundizar en dicho despropósito. Por un lado tenemos el eterno discurso entre la desregulación y la seguridad jurídica; en el que se defienden las dos cosas al mismo tiempo, según la persona y según vaya en la feria. O sea, que de alguna forma, hemos llegado al absurdo (¡y es un absurdo!), de que determinadas personas, defienden que los trabajadores asuman los riesgos de la actividad empresarial, (es lo que ocurre cuando se dice que se han de vincular los sueldos a la situación de la empresa), mientras los inversores han de tener garantizados sus beneficios. (en ambos casos, extremos ejemplos de una dicotomía que vemos todos los días). Desde luego, lo del sector financiero, con sus exigencias de flexibilidad para todo el mundo, contrasta y mucho con las peticiones que todos los días están lanzando para tener un sistema jurídico que en muchas ocasiones llega a ser absolutamente draconiano cuando se refiere a proteger sus negocios. ¿en que quedamos?.
Pero es que aún incluso cuando estas recomendaciones asimétricas, (por no usar la palabra morro), y que en todos y cada uno de los casos, tratan de desequilibrar cada uno de los mercados (ya enormemente desequilibrados) hacía un centro de gravedad claramente visible; no se consiguen, simplemente se saltan las normas a la torera. Tenemos unas normas de transparencia de las entidades financieras, tenemos unas normas de competencia, tenemos unas normas de defensa de los consumidores, sobre temas fiscales … ¡que son continuamente ignoradas e incumplidas con el beneplácito e incluso recomendaciones de los reguladores!.
Es cierto que en todos y cada uno de los casos encontramos una razón (o más bien excusa) convincente para saltar la ley. (Por ejemplo; si hacemos pagar impuestos a las grandes fortunas, se irán del país, o si se pagan intereses por los depósitos todos los bancos pierden; o las que se nos puedan ocurrir…). Pero lo que parece olvidar todo el mundo es que una ley que regula determinado aspecto o actuación tiene su sentido fundamental en la existencia de esta razón.
Es decir, se desarrolla cualquier normativa, cuando exista la posibilidad de que exista un beneficio para unos agentes determinados que imponga un resultado perjudicial para el resto de los agentes. ¿Por qué se penalizan los robos?. Pues porque existe un incentivo que es robar, que se trata de evitar, porque a pesar de que sea muy obvio el beneficio para el que cometa la actividad prohibida, también somos capaces de ver el perjuicio a otras partes, (en este caso el robado). De hecho., lo que no tiene sentido es una norma tratando de regular o prohibir determinada actuación cuando no existan intereses. ¿Alguien recuerda alguna prohibición de algo que nadie quiera hacer?, ¿Alguien recuerda alguna norma que obligue a recibir algo que todo el mundo quiere?.
Se ve muy bien en la historia de la guerra de los depósitos. Tanto el BCE, como el ministerio de Economía, como los bancos, (que protestan con la boca pequeña, pero que no han puesto demasiados impedimentos para hacer otra cosa que una mera protesta de que conste), están de acuerdo en que en la guerra del pasivo, no gana nadie. Y como tal han estado, pues se ha oficializado una situación en la que se pasan por el forro, todos los planteamientos económicos, todas las normas anticompetencia y desde luego a todos los perjudicados que ¡ERAN LOS QUE GANABAN!; (y para quien no lo haya entendido, por una sencilla regla de tres: ¡Nadie!.
Esto es lo realmente grave; aquí algunos hablan de adaptar la normativa a una realidad actual; (por que creen que les interesa), y en realidad, el que consiga esto, (muy frecuente por otra parte), lo que está consiguiendo es que esto no sea otra cosa que una republica bananera.
En realidad lo que se hace en un país serio es exactamente lo contrario. Se diseña una normativa, (que puede ser más o menos equivocada), pensando en el conjunto de los ciudadanos, y posteriormente se ha de usar el poder del estado para que la realidad se parezca a la normativa, (no al revés).
En el fondo tampoco es tan difícil. A fin y a cuentas nuestros gobernantes lo están haciendo muy bien, porque si buscamos cualquier normativa destinada a los ciudadanos los efectos se ven claramente. Si nos cambian la ley del tabaco, resulta que todos nos vamos a fumar a la calle, (y ni se nos ocurre ponernos a fumar en los bares y exigir que se reconozca legalmente tal situación). Si incumplimos con un banco, el estado o una gran empresa, caerá todo el peso sobre nosotros, pero la realidad es que si es el banco el que incumple, el estado o la empresa…¡no ocurre absolutamente nada!.
Y todo esto va por un comentario que pedía reformar toda una serie de aspectos de la constitución; (hasta aquí hemos llegado); y realmente es lo dicho; primero hay que recordar que los artículos de la constitución son ley, y en consecuencia tienen que ser cumplidos por todo el mundo y no sólo por los ciudadanos de a pie. Y lo segundo y más claro, es que si reformamos la constitución para adaptarla a la realidad de quienes están pasando ahora mismo de la norma, lo que estamos haciendo es promoviendo la pura anarquía.
