GEORGE BERNARD SHAW Y LA REGULACIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO

En su magnífica obra, Guía de la mujer inteligente para el conocimiento del socialismo y el capitalismo(1), escrita por George Bernard Shaw en 1927 cuando todavía tenía 71 años (murió a los 94) y que aún se lee con gusto y provecho, hay un momento (en el capítulo XIX) en que trata de lo que hoy llamaríamos la regulación del sector energético. Concretamente, Bernard Shaw se plantea cuál debiera ser el precio correcto del carbón que era en aquella época la fuente de energía para calefacción y cocina más usada, y por consiguiente un bien de primera necesidad y más en un país frío y lluvioso como Inglaterra.

Bernard Shaw era enteramente consciente de que el precio que tenía el carbón en el mercado dependía de las condiciones técnicas de producción en las minas donde más dificultosa era su extracción, de modo que, dada una demanda, el precio de la tonelada de carbón en el mercado venía determinado fundamentalmente (pues no hay que olvidarse de los costes de comercialización) por el coste de su extracción en la minas relativamente peores en términos de su explotación técnica. Ello suponía que los propietarios de las minas donde la extracción era relativamente más fácil obtenían unas pingües rentas pues el precio al que vendían su carbón era el precio de mercado, el mismo al que vendían su carbón los propietarios de las minas de explotación más difícil. Bernard Shaw conocía además las implicaciones distributivas resultantes de esta fijación de precios por el mercado, lo que da fe de su preciso conocimiento de la Teoría de la Renta(2), y así dice: "De este modo la mujer inteligente (y también la que no lo es) se ve condenada siempre a pagar por el carbón el coste total de extraerlo de las minas más caras, aunque sepa que sólo una pequeña parte del carbón procede de dichas minas, viniendo el resto de otras en las que el coste es mucho más bajo. Si protesta, se le asegurará que el precio apenas basta para permitir que los obreros sigan trabajando, y esto será completamente cierto. Lo que no se le dirá, aunque también es exacto, es que las minas mejores obtienen beneficios excesivos a costa suya, para no hablar de las regalías del propietario. Y aquí surge otra complicación. Los mineros que extraen el carbón de las mejores minas no cobran más que los de las otras peores, que apenas pueden ir tirando, porque los hombres, a diferencia del carbón, pueden ir de una mina a otra, y lo que tiene que aceptar el minero más pobre tienen que aceptarlo todos los demás. De este modo, los salarios de todos los mineros se mantienen en la misma escala que los de las peores minas, exactamente igual que las facturas de todas las amas de casa lo tienen valorado a su coste más alto. Los mineros descontentos declaran huelgas, haciendo que el carbón escasee todavía más y suba más de precio. Las amas de casa se lamentan, pero no pueden hacer bajar los precios, y censuran al 'burgués'. Nadie está satisfecho, salvo los propietarios de las mejores minas".

Puestos a enfrentarse al "problema de inequidad entre generadores y consumidores" de carbón (el sentido de esta rebuscada expresión y de dónde la he sacado se hará evidente un poco más adelante), Bernard Shaw lo tenía perfectamente claro: la nacionalización. "Si todas las minas de carbón pertenecieran a una Central Nacional, ésta podría compensar las minas malas con las buenas y vender el carbón al coste medio de la obtención del suministro total, en vez de tener que venderlo al precio de coste de las minas peores. Para tomar cifras imaginarias, si el coste de la mitad del suministro es de una libra por tonelada y la otra mitad cuesta media corona, se podría vender a once chelines y tres peniques la tonelada, en vez de a una libra. Un trust carbonífero comercial, aunque podría llegar a poseer todas las minas, no haría esto, porque su objeto sería obtener los mayores beneficios posibles para sus accionistas en vez de abratar lo más posible el carbón para los consumidores. Sólo hay un propietario que podría trabajar en interés del público sin aspirar a ningún beneficio. Ese propietario sería un agente del Gobierno que actuara en nombre de la nación, es decir, en nombre de usted y de todas las demás amas de casa y de todos los consumidores de carbón".

Convincente el argumento de Shaw ¿no?. Ciertamente lo es para cualquier persona no demasiado interesada en Economía o en la regulación del sector energético. El que podríamos llamar "precio-Shaw" parece a primera vista un buen precio en el sentido moral, un precio "justo", que facilita por un lado el acceso a un bien de primera necesidad comno es el carbón a las familias más pobres, y por otra parte permite que los ingresos del sector se repartan de forma más equilibrada entre los distintos productores (de lo que quizás se beneficiasen tambien los mineros). En definitiva, parecería que nos encontramos ante un buen remedio, ante una buena política reguladora.

Pero no lo es. La política de regulación que propone Bernard Shaw para el sector del carbón (2) (y no sólo para él sino también para todo sector productivo en que se obtengan rentas económicas de situación) no sólo no debería ser convincente sino que habría de calificarse como un completo desatino, pues de implementarse la pérdida de eficiencia en la asignación de recursos sería a todas luces desproporcionada. Como sabe (o debería de saber) cualquiera que haya reflexionado un poco en asuntos económicos, la producción eficiente de cualquier bien requiere que el precio de mercado sea igual al coste marginal de producción(4), es decir, que en este caso, el precio eficiente y correcto de una tonelada de carbón es aquel que equivale al coste de extracción (y transporte y distribución) de la última tonelada que se pueda vender, y que obviamente, provendrá de una mina de dificiles condiciones de extracción pues resulta obvio que para abastecer el mercado se empezará por las minas donde la extracción es más fácil para ir luego, conforme el mercado lo pida, sacando carbón de las más difíciles. Si usamos del ejemplo que propone Bernard Shaw Shaw, el precio eficiente de la tonelada de carbón debe ser una libra, exactamente el coste de extracción de esa tonelada adicional en las minas de condiciones peores. El precio intermedio, el "precio-Shaw", que propone es una auténtico dislate en términos de eficiencia, pues llevaría a que se produjese una cantidad ineficiente de carbón, dado que a ese precio más bajo aumentaría la cantidad demandada lo que obligaría a extraer ineficientemente más carbón en condiciones todavía más penosas(el precio "shawiano" final intermedio no sería por tanto los once chelines y tres peniques por tonelada de su ejemplo sino un precio algo más alto, si bien inferior a una libra).

La política recomendada por Bernard Shaw demuestra que, si bien conocía el concepto de coste marginal, no entendió la relación que tenía con la eficaz asignación de los recursos y, consiguientemente, la producción eficiente de carbón. Su preocupación, resulta evidente era evitar que el alto precio del carbón vedase el acceso a este producto de primera necesidad a las familias pobres. Pero, si ése era el problema de fondo, la solución: el alterar el precio de mercado sabemos bien que no es la política correcta a seguir. Si lo que pretendía era evitar que la mala distribución de la renta llevase a que muchas familias no tuviesen un acceso adecuado al carbón, más que alterar el precio de mercado lo que debería haber fomentado era una redistrubución de la rentas que aumentase los ingresos de las familias pobres, redistribución además cuyos costes de eficiencia podrían adicionalmente ser bajos en la medida que para instrumentarla se usase de la imposición sobre las rentas generadas en las minas de explotación más fácil.

Pero, puede con razón preguntarse, ¿a qué viene toda esta crítica hacia un no-economista como George Bernard Shaw?. Pues a que la lectura de un artículo publicado en El País el 23 de julio de 2009 por don Martín Gallego Málaga con el título "¿De quién es el negocio nuclear?" me trajo a la mente de forma inmediata la aproximación de Shaw al asunto de cómo debía procederse en la regulación del sector enérgetico, con la única y muy importante diferencia de que lo que era enteramente disculpable en un literato tan genial como George Bernard Shaw resulta difícilmente perdonable en un técnico burócrara como don Martín Gallego que ha sido Secretario General de la Energía. Transcribo a continuación algunos de los puntos y opiniones más relevantes de su artículo que avalan este juicio.

Tras señalar que "debajo del debate nuclear hay intereses económicos muy importantes", cosa en la que todo el mundo está de acuerdo, pasa a señalar que "las nucleares existentes tienen altos beneficios, al vender su producción a un elevado precio", cosa ésta que -de salida- sólo en términos contables podría quizás ser aceptable pues, en términos económicos, y como ya bien sabía Bernard Shaw en 1927, lo que obtienen las empresas eléctricas titulares de nucleares son unas altísmas rentas económicas. Ello se debe, como señala el señor Gallego, a que el precio de la electricidad "viene establecido por el precio de mercado que la Ley Eléctrica de 1997 establece como el coste que tienen que satisfacer los consumidores, pero esto no significa que ése sea el coste en el que incurre la empresa que produce electricidad. En el caso de las centrales hidraúlicas y nucleares existentes, que generan un 40% de la electricidad total, dicho coste es muy inferior al de la central más cara de gas o carbón que determina el precio de mercado". O sea, que nos encontramos aquí con unas viejas conocidas con ropajes nuevos:las minas fáciles y las difíciles de la Inglaterra de principios del siglo XX. Pero más aún, y esto es más que sorprendente, el señor Gallego no considera que tal situación que garantiza unos elevadas rentas para los propietarios de las centrales nucleares y hidroelectectricas sea el fruto lógico del comportamiento de mercado,como sabía Bernard Shaw,sino que lo considera una suerte de "impuesto feudal"(5), y así díce. "¿Cómo puede liberarse a los consumidores eléctricos de esta especie de nuevo impuesto feudal? Al eliminarse -como está previsto- las tarifas, desparece el concepto de deficit tarifario, pero los consumidores permanecen inermes ante unos comercializadores que les suministran una energía que tienen que seguir adquirieno a los generadores a precio de mercado. Para liberar a los consumidores hay que ir al fondo y solucionar el problema de inequidad entre generadores y consumidores eléctricos, modificando la regulación para que estos últimos puedan obtener la energía de las centrales eléctricas y nucleares a un precio relacionado con su coste". Acabáramos. La misma y errónea "solución" regulatoria propone todo un (me imagino) aburrido tecnocráta ex-Secretario de la Energía que la que propuso un brillante premio Nobel de Literatura hace 80 años: el ineficiente "precio-Shaw" como pieza central de la regulación del sector eléctrico del siglo XXI.

Cierto que las rentas económicas que han obtenido y obtienen las compañías electricas titulares de activos ya plenamente amortizados por la prolongación de las concesiones hidroeléctricas por parte del Gobierno Aznar son enormes. Cierto que el alargamiento de la vida útil de la central nuclear de Garoña también ya amortizada por parte del Gobierno Zapatero es, en comparación,un pequeño "regalito" aunque nada despreciable. Cierto que no estaría nada mal, sino todo lo contrario, que el Estado se apropiase de buena parte de esas rentas fruto como son de decisiones normativas acerca de los plazos de amortización (o bien, alternativamente, obligase a su uso en la expansión de la capacidad de generación, deber éste que ha justificado históricamente el buen trato por parte de la Administración al sector eléctrico y cuyo cumplimiento por parte del sector ha dejado mucho que desear). Tal política, por otro lado,vendría muy bien para combatir el deficit público en estos tiempos de recesión y sería enteramente consistente desde un punto de vista económico pues, como es obvio, un impuesto que gravase a esas rentas económicas NO se traduce en ningún aumento del precio de la electricidad pues no supone ningún aumento en los costes de generación de la misma.

No se me oculta que la regulación del sector enérgético es una cuestión muy compleja. Sé que en ella aparecen muchas circunstancias a tener en cuenta como, por ejemplo, la existencia de indivisibilidades técnicas, rendimientos crecientes a escala, consideraciones estratégicas, cuestiones distributivas, etc. Pero lo que no es de recibo para ningún economista es que la regulación del sector eléctrico se pretenda llevar adelante violando las más elementales condiciones de eficiencia, pretendiendo que los precios se alejen todavía más de los costes marginales de producción.

NOTAS
(1) Utilizo una edición sin fecha de la editorial Aguilar que debió ser publicada en Madrid en tiempos de la República. Desconozco si hay ediciones actuales.
(2) Dice Shaw, y dice bien lo siguiente: "Nótese que los economistas dan el nombre de renta a la diferencia entre el coste más alto de la producción bajo las peores circunstancias y el coste más reducido bajo circunstancias más favorables. Las rentas de la minería, la propiedad literaria y los derechos de patente se llaman regalías, y la mayoría de la gente sólo llama renta a lo que paga por la casa y la tierra. Pero la renta forma parte de todo cuanto tiene precio, excepto de las cosas socializadas y de las que se producen bajo las condiciones más desfavorables".
(4) Para Bernard Shaw, el precio de venta era pero no debería ser igual al coste marginal sino que debiera guardar relación con una suerte de coste medio general o nacional: "el precio de venta representa el coste del artículo en las escasas minas y fábricas en que el coste de la producción es mayor. Nunca representa el coste medio entre unas y otras minas y fábricas, que es el verdadero coste nacional".
(5)El señor Gallego considera también que "el sistema regulatorio vigente es intrínsecamente amenazante para los consumidores, porque incentiva a que las empresas traten de equilibrar la demanda con la oferta de la central más cara, que marcará el precio al que les tendrán que remunerar toda su producción". Hay que reconocer que no entiendo esta "opinión" suya pues, ¿acaso no debería equilibrarse la demanda con la oferta? Y, por otro lado,¿ no les interesa a las empresas producir a un coste más bajo?. Pero mi incomprensión llega a su extremo cuando a continuación, el señor Gallego cree que los oferentes son también sus propios demandantes al afirmar que los oferentes pueden "tratar de aumentar sus beneficios incrementando puntualmente la demanda con exportaciones o con bombeo" (sic). ¿Quiere esto decir que las empresas eléctricas se autodemandan desde fuera de España? Si es así, ¿cómo lo hacen? ¿alquilan pisos en Francia y dejan encendida la luz todo el día?