En este país dejado de la mano de Dios y donde toda gilipollez tiene su asiento y toda desvergüenza parece poca, todavía ocurren cosas que sorprenden incluso a los más curtidos. Me sucedió la semana pasada al estudiar la subasta de un pedazo de chalet en la provincia de Madrid.
El caso es que al tratar de verlo con el Google Maps el chalet no me aparecía, así que una de las cosas a las que presté más atención en el juzgado fue a comprobar la dirección del chalet, que era correcta y a leer bien la certificación registral, donde junto a la inscripción cuarta, de obra nueva y construcción, aparecía una nota marginal con el siguiente texto:
Mediante acta autorizada el día 3 de mayo de 2.009 por el notario de Madrid, Don Fulanito García, (...) la Sociedad de Engaños SL, representada por Don Mambrú Martí Camelo, (...) DECLARAN que se ha terminado la construcción de la vivienda unifamiliar que se describe en dicha inscripción cuarta de obra nueva en construcción, lo que se acredita con certificación final de la dirección de obra, expedida el día 19 de abril de 2.009 por Don Pinocho Martí Camelo, arquitecto colegiado nºxxxxxx del Colegio de Oficial de Arquitectos de Madrid, con firma legitimada y debidamente visado, en el que se hace constar que la vivienda fue terminada en esa fecha, según el proyecto aprobado y la documentación técnica que lo desarrolla inserta en dicha acta, solicitando que así se haga constar en el Registro de la Propiedad, lo que verifico por la presente, acompañado por fotocopia de la licencia de obras del Ayuntamiento de Navalcarnero de fecha 9 de febrero de 2.008. Así resulta de copia del aludido acta que fue presentada a las 8 horas del día 4 de los corrientes, asiento 1.454 del Diario 24. Alegada exención del impuesto. En Navalcarnero a 29 de mayo de 2.009
No había duda, por tanto, de que el chalet se había construido.
Pues no, falso, mentira, embuste, patraña, trola... y me quedo corto. El chalet no existe y alucino con que La Caixa, de las entidades más eficientes de España, le haya atizado la friolera de 390.000 euros en el 2009, ya en plena recesión.
Debí haberlo sospechado al darme cuenta de que el administrador de la sociedad demandada y dueña del supuesto chalet compartía apellidos con el arquitecto que firma el fin de obra, pero es que el engaño es tan burdo y requiere tan altas dosis de caradura por parte del demandado y de retraso mental por parte de La Caixa que superan mi capacidad de asombro.
En fin, que tenemos el país que tenemos.