Quien me iba a decir a mí que llegaría el día en que tendría que darle la razón a Gallardón, gran faraón de la ciudad de Madrid y actual ministro de Justicia, cuando desnuda las verdaderas intenciones de los jueces en la batalla de zancadillas y codazos que está librando con el tercer poder del Estado.
Hace falta tener un morro muy grande y muy poca vergüenza para solicitarle al recién investido ministro que incrementara las tasas judiciales (que ya existían) para ir acumulando una huchita con la que darse una alegría el día de la jubilación. Ahora alegan que la propuesta se refería solo a un pequeño incremento de las tasas y que a Gallardón se le ha ido la mano. ¿Y qué esperaban tratándose de Gallardón? Pero el meollo no está en el montante de las tasas sino en que esos fariseos, completamente alejados de los problemas de España y de las necesidades de la gente, pretendieran que las tasas que se cobraran a los justiciables sirvieran a sus exclusivos intereses pecuniarios.
Es increíble que a personas tan alejadas de la realidad se les permita juzgar a sus semejantes. Tan increíble como que los responsables del tremendo retraso de la Justicia, que a veces tardan hasta varios meses en dictar una sentencia, disfruten de 18 días para asuntos propios. Lo cierto es que suena a siglo XIX.
¿Alguien se cree el cuento de que estos tipos se están movilizando en defensa de los servicios públicos? Al contrario, a los jueces y fiscales, como a los médicos, los catedráticos o los mineros, lo que les lleva a movilizarse es la defensa de sus intereses económicos, que no por legítimos dejan de ir en contra del interés general. Que todos dicen en privado que España es un desastre y que hay que cambiarlo todo pero que cuando los cambios les tocan a ellos enseguida tocan a rebato y se lanzan a cavar trincheras en defensa de sus privilegios sin importarles ni un pepino tomar a los ciudadanos como rehenes.
Que nos tomen como rehenes vale, pero que no nos tomen por tontos.
Por cierto Sr. Presidente, ¿qué hay de lo mío?