El pasado viernes me volví a topar con cierto juzgado de Colmenar Viejo en el que los asuntos no salen adelante o salen a duras penas porque el titular del juzgado o el secretario judicial no resuelven lo que tienen que resolver. Ignoro si el secretario continuará con su costumbre de llegar al juzgado bien entrada la mañana, solo para salir por la otra puerta para bajar a desayunar, pero aunque no fuera así, basta examinar un par de los expedientes de subastas para darse cuenta de que ahí los asuntos no marchan como debieran.
En concreto me estoy refiriendo a la subasta de un chalet de 240 m2, ubicado en la sierra de Madrid y que es propiedad de una sociedad mercantil, sociedad que está domiciliada en dicho chalet y en el que los administradores (marido y mujer) que firmaron la hipoteca han estado recibiendo y firmando todas las notificaciones del banco y del juzgado.
Pues resulta que hace casi un año, el pasado mes de junio de 2013, se persona en los autos el nuevo administrador de la sociedad, acreditando que ha habido cambio de administradores y aportando un contrato de arrendamiento firmado entre él y el hijo de los anteriores administradores.
Esto último, que el inquilino es hijo de los anteriores administradores no lo manifiesta él, pero es fácil deducirlo por la simple técnica de sumar dos y dos, es decir, comprobando que sus apellidos coinciden.
El contrato es una joya que podría servir de ejemplo en las Facultades de Derecho de cómo falsificar un arrendamiento. Para empezar el plazo de duración lo han establecido en quince años. Pobres ignorantes que desconocen que da igual el plazo que se inventen porque la Ley deja muy claro el máximo que un adjudicatario tendría que soportar la engañifa.
El precio del alquiler de este chalet hipotecado en trescientos diez mil euros y que yo valoro ahora en unos doscientos cincuenta mil lo han establecido en 350 euros mensuales de los que, ohh casualidad, el inquilino ha dejado pagados por adelantado los primeros cinco años. Se conoce que el chaval, aunque joven, es muy ahorrador.
Incluso se han tomado la molestia de aportar al juzgado el certificado de empadronamiento que acredita que el muchacho vive allí desde 2006, seis años antes de la fecha del contrato de arrendamiento. No es extraño, pues vive allí con sus padres desde que éstos compraron el chalet a nombre de su sociedad mercantil.
Y esto, que hasta un iletrado podría darse cuenta de que no se trata más que de un intento de la familia de permanecer en el chalet por dos duros y durante muchos años, se conoce que sus señorías no lo ven o no lo quieren ver tan claro. El caso es que la parte actora se ha descojonado del intento y ha solicitado, hace siete meses, que se resuelva de una vez que el contrato es falso y que los ocupantes no podrán permanecer en la vivienda tras la subasta.
Pues no, la subasta es inminente y el juzgado ha guardado silencio acerca del asunto. Quien acuda a la subasta lo tendrá que hacer con esa espada de Damocles pendiendo de su cabeza.
Ahora bien, a lo mejor pensáis que esta situación es de lo más natural y que lo que pasa es que yo soy un quejica.
¿O no?
