La semana pasada estaba previsto que se celebrara la subasta del mayor símbolo de los desmanes que se produjeron en España en la época del despilfarro. Sí, aquellas fechas en las que los políticos españoles (y los españoles mismos) vivían muy por encima de sus posibilidades, endeudándose alegremente mientras los banqueros alemanes adelantaban la pasta y se frotaban las manos.
De entre todas estas obras faraónicas destaca el primer aeropuerto privado de España, el aeropuerto de Ciudad Real, construido con el apoyo político y financiero otorgado por el gobierno castellano-manchego de entonces con el apoyo de todas las fuerzas políticas. O sea, que allí no hubo inocentes, todos fueron culpables.
Lo más gracioso fue que en el año 2009, unos meses antes de entrar en concurso de acreedores, el presidente autonómico de entonces, José María Barreda, sacó pecho y cifró en 3.000 los puestos de trabajo que se iban a generar y que iba a cambiar el tejido productivo castellano-manchego.
Si, fue muy divertido aquello.
Lo peor vino después.
Finalmente la cosa acabó como acabó y el viernes pasado estaba prevista la subasta del aeropuerto en el Juzgado de lo Mercantil número 4 de Ciudad Real por un tipo de 40 millones de euros, cuando el coste del aeropuerto había sido de varios cientos de millones.
Pero en el último momento...
Las tres empresas interesadas en participar en esta subasta y que habían depositado el aval por la nada despreciable cifra de dos millones de euros se encontraron con la desagradable sorpresa de que el secretario del juzgado había resuelto suspender la subasta con la excusa de que en los últimos días la administración concursal había decidido ofrecer algunos incentivos para animar las pujas, argumentando (el secretario) que las partes interesadas no habían tenido tiempo suficiente para informarse de este cambios.
Los postores están alucinando con la alegría con la que los juzgados españoles juegan con el dinero ajeno. No está de más precisar que un aval de dos millones de euros no es algo barato de conseguir sino que cuesta dinero, NO es gratis.
Además, el secretario judicial tomó esa decisión en contra incluso de la valoración del juez y de los administradores concursales.
Así que ni cortos ni perezosos, uno de grupos inversores ha denunciado al mencionado secretario por "presuntos delitos de prevaricación para influir en el desarrollo de una subasta pública".
Se quejan de que había logrado involucrar a inversores chinos en el proyecto, con lo complicado que puede ser conseguir algo así, un auténtico encaje de bolillos.
¿Cómo les explicamos ahora lo que ha ocurrido en Ciudad Real?
¿Cómo les podemos convencer de que España es un país serio para invertir?
¿País serio para invertir? De ninguna manera se les puede convencer de algo así porque sería una gran mentira.
Y si no que les pregunten a todos los bobos que le creyeron a Zapatero (menudo pájaro) e hicieron inversiones en energía fotovoltaica.
Pero algo bueno vamos a sacar de estos hechos, al menos por una vez un secretario judicial va a tener que explicar ante un juez el haber tomado ciertas decisiones tan dañinas para terceros.
Si por una vez en la vida que vemos algo así, habrá merecido la pena, al menos a nosotros, los simples expectadores que no hemos palmado dinero por las gracietas de ese hombre.
ULTIMAS NOTICIAS (25 de junio):
Y FINALMENTE (actualización 9 de julio de 2015):
