Pulso de Mercado: Intradía

El PSOE tras varios años de gobierno no ha hecho ni el huevo para que las SOCIMI paguen más impuestos o para que los fondos buitre se larguen de España con viento fresco, a pesar de que ellos y sus socios de Podemos habían hecho promesas electorales en ese sentido. Han sido los afectados quienes han tenido que luchar durante años y sin ninguna ayuda por sus derechos.

Éstas son las cosas que lió el PP cuando trajo a los fondos buitre a España de la mano de la señora de Aznar y del hijo de Aznar:

https://elpais.com/espana/madrid/2021-12-24/compro-piso-a-precio-de-fondo-buitre.html

María Jesús Almena, vecina de un inmueble propiedad del fondo inmobiliario Fidere en el PAU Carabanchel, al que ha ganado judicialmente la posibilidad de comprar su vivienda al mismo precio que la adquirió dicho fondo al Ayuntamiento de Madrid.

Chus Almena (51 años) se coloca en el resquicio de la puerta de su casa y señala a un piso bajo con las persianas bajadas justo en frente: “Allí se ahorcó mi vecina”. En 2006 a Chus le tocó un piso de la Empresa Municipal de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid en el PAU Carabanchel. “Una lotería”, recuerda que le dijeron. Esa lotería se convirtió en pesadilla cuando el Gobierno de Ana Botella vendió su piso y otros 1.200 más de distintas zonas al fondo de inversión Fidere y su alquiler se incrementó hasta igualar casi su sueldo. Esa es la pesadilla que su vecina no soportó más. Hace unos días, tras ocho años de batalla judicial, recibió un mail de su abogado con el asunto “Regalo de Navidad”. Ella y otros 40 inquilinos acaban de ganar en los tribunales su derecho a comprar sus domicilios al mismo precio que lo hizo el fondo. En su caso, poco más de 60.000 euros.

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En ese 2013 las arcas públicas estaban en plena crisis. El Ayuntamiento de Madrid ideó un plan para ganar liquidez: vender masivamente vivienda pública a fondos privados extranjeros. “Va a ser simplemente un cambio de casero”, le dijeron a Chus y al resto de inquilinos. Pero en ese traspaso, muchos de ellos, que soñaban con que acabaran los 10 años de alquiler para poder comprar sus casas, perdieron ese derecho. “Nos encontramos con la operación hecha, en ningún momento se nos informó de que podíamos ejercer esa posibilidad”. La Audiencia Provincial acaba de reconocer que no se otorgó a los inquilinos poder comprar sus viviendas y que ni siquiera se les notificó que su propiedad pasaba a otras manos hasta que la operación ya estuvo completada. En tres años, el alquiler de Chus pasó de 400 a 980 euros. “Yo soy administrativa, mileurista, he vivido siempre conforme a mis posibilidades”, incide esta inquilina. Ella nunca dejó de consignar su alquiler en el juzgado, aunque no aceptara el nuevo contrato con las condiciones de Fidere.

Cuando empezaron a llegar las primeras notificaciones de aumento de alquiler e incluso de desahucio comenzó una lucha vecinal como se han visto pocas. Los inquilinos empezaron a autoorganizarse y emprendieron la batalla por todas las vías posibles. En estos años han visto cómo el Tribunal de Cuentas les daba la razón para luego quitársela. Han comenzado un proceso penal que ha llevado a declarar ante el juez a la exalcaldesa Botella. Y 41 personas de Carabanchel emprendieron esta vía civil, que por fin les ha dado la razón, aunque en una primera instancia perdieron la demanda. “Nos la jugamos muchísimo, porque si perdíamos y nos obligaban a hacer frente a las costas iba a ser imposible para muchos de nosotros”, recalca Chus.

El precio por el que adquirió Fidere los pisos va de los 50.000 a los 90.000 euros, dependiendo de los metros cuadrados. Chus confiesa que todavía no ha empezado a buscar hipotecas, porque no acaba de creerse esta victoria. La empresa inmobiliaria aún puede presentar un recurso de casación.

El artífice que ha movido los hilos legales en esta lucha de David contra Goliat es el peculiar abogado Mariano Benítez de Lugo. Peculiar porque a sus más de 80 años asumió este caso sin cobrar y ha acabado encontrando los resquicios que les han permitido ganar a los inquilinos. “Ha sido un éxito brutal. Además de los vecinos de Carabanchel tengo otras dos sentencias pendientes de inquilinos de Vallecas que espero que se resuelvan en el mismo sentido. Se les marginó y se ignoraron los derechos que ellos tenían”, apunta el letrado al teléfono. En total, el abogado lleva diferentes procesos de este tipo que afectan a 130 vecinos de Madrid.

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Al lado de Chus, en el salón de esta casa de la que, confiesa, comenzó a despedirse mentalmente unas semanas antes de recibir la inesperada sentencia, se encuentra Gimena Camino (41 años). Ella también era residente de este bloque de Carabanchel, pero no se sumergió en la batalla legal por su vivienda. “Yo tengo tres hijos, estuve tres años pidiendo la justicia gratuita pero me la denegaron, no podía arriesgarme a que perdiéramos”, reconoce. “Leí que las arquitectas que diseñaron estos pisos lo hicieron con el objetivo de fomentar la vida comunitaria, quién les iba a decir la intensidad de vida comunitaria que íbamos a tener aquí gracias a Fidere”, bromea Chus.

El abogado Mariano Benítez de Lugo, en su despacho. Álvaro García

Gimena muestra un vídeo con imágenes de todos estos años de reuniones, más o menos formales, entre vecinos y Benítez de Lugo. En algunas de ellas, durante la pandemia, se les ve hablando por una pantalla; la mayoría son en el despacho del abogado y entre ellas se cuela algún encuentro festivo, porque en estos años también ha habido tiempo para la celebración. “Aquí se han formado parejas, han nacido niños...”, cuentan las amigas en un día en el que se permiten echar la vista atrás y adelante con optimismo contenido.

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Atrás quedan las notificaciones de desahucio que han llegado a casa de Chus. Ella ha resistido, otros no se vieron capaces de hacerlo o se quedaron sin armas con las que afrontar la guerra. “Cuando llegó esa carta... Yo me he asomado por la ventana y he visto aquí todos los furgones de policía preparados para intervenir en otros desahucios en este bloque y piensas: ‘¿Pero de verdad me está tocando esto a mí? Yo que no he robado en mi vida ni una goma de borrar”, relata.

Este es un capítulo más en la ristra de litigios entre vecinos y fondos de inversión en Madrid. Los inquilinos afectados han celebrado importantes victorias en estos años. En abril, un abogado de oficio consiguió que 2.935 pisos protegidos vendidos por la Comunidad de Madrid a Goldman Sachs volvieran a ser públicos. Solo unos meses después, otros residentes de Torrejón de Ardoz lograron, tras meses de negociación con el objetivo de evitar un juicio, eliminar las cláusulas abusivas de sus contratos con Fidere.

Chus enseña un calendario para el que posaron desnudos algunos de los afectados por la venta de sus pisos. Querían mostrar que les habían despojado de sus derechos. Algunos de los que aparecen en él ya no viven en el bloque. “En una de nuestras reuniones con Mariano [el abogado] le dije: ‘Yo nunca he ganado nada, y si esto prospera, será la primera vez que algo me salga...’ ¿Ves? Al final voy a llorar”, dice mientras las lágrimas cortan la frase. La última palabra era “bien”.

Todo precioso, pero los sindicatos UGT y CCOO de momento NO convocan una HUELGA GENERAL, que es lo lógico:

Los incrementos salariales en los convenios colectivos no llegan al 2% mientras que la inflación ha escalado hasta el 5,6%. La pérdida de poder adquisitivo puede disparar la conflictividad laboral

https://elpais.com/economia/negocios/2021-12-21/quien-me-devuelve-el-poder-adquisitivo.html

Otro año más de pérdida de poder adquisitivo para los españoles. Las empresas no están por la labor de que los salarios suban conforme evoluciona la inflación, que el pasado noviembre escaló hasta el 5,6%, una cifra que no se veía desde 2012. Salvo raras excepciones el año que viene las revisiones salariales no se parecerán en nada al ascenso del IPC. Y ello preocupa a los ciudadanos y también a los sindicatos, que el pasado jueves se lanzaron a la calle para reclamar incrementos retributivos.

Los representantes de los trabajadores quieren que se desbloquee la parálisis en que se encuentra la negociación de los convenios. Los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social reflejan que en los 11 primeros meses de este año se han firmado 785 convenios colectivos, 594 de empresa y 191 de ámbito superior, así como 159 correspondientes a nuevas unidades de negociación. Es una cifra aún más baja que la de 2020, cuando la covid paralizó la economía y las negociaciones de empresas y sindicatos. Hoy con un 13,5% menos de convenios sellados, las centrales sindicales reclaman que la patronal se siente con ellas para revisar los salarios de cara a 2022. “Hay una situación de bloqueo de la negociación colectiva. Y ya no estamos como el año pasado, ahora la pandemia tiene una menor repercusión en la economía, las empresas crecen, obtienen beneficios y eso tiene que tener reflejo en los salarios, si no genera conflictividad social”, sostiene Mari Cruz Vicente, secretaria confederal de Acción Sindical de CC OO.

En lo que va de año, los convenios recogen un incremento salarial medio del 1,5%, por debajo del 1,78% alcanzado en 2020. Seis de cada diez de ellos fijan la subida en menos del 1,5%; casi el 14% entre el 1,5% y el 2% y solo un 24% superan ese porcentaje.

La representante de CC OO señala que su sindicato cree que unos aumentos razonables de cara al año que viene estarían entre el 2% y el 3%, más acordes con las previsiones del IPC para 2022, pues también confía en que la escalada de la inflación sea coyuntural. Eso sí, su intención es que se pueda retomar en años sucesivos el poder adquisitivo perdido, “recuperar la cláusula de revisión salarial en los convenios, que actualmente no afecta ni al 30% del total”, indica Mari Cruz Vicente.

Por su parte, la patronal CEOE no quiere ni oír hablar de incrementos salariales y mucho menos definir las cuantías que los empresarios están dispuestos a ofrecer para 2022. Fuentes de la confederación empresarial se limitan a decir que la escalada de la inflación es preocupante, pero coyuntural, por lo que hay que tener prudencia a la hora de abordar las revisiones. Además, antes de negociarlas, “hay que ver cómo queda la reforma laboral, que puede afectar a la negociación colectiva. Tenemos que ir paso a paso”, dicen.

“Este año no ha habido acuerdo marco para los convenios colectivos, y la evolución que del IPC unida a la eventual reforma laboral que vamos a tener, hace que no sea el mejor momento para negociar”, aprecia Alberto Santos, vicepresidente de Adirelab, la asociación que agrupa a los directores y profesionales de relaciones laborales. Falta saber la prioridad de los convenios (es decir, si los de carácter sectorial tendrán mayor prelación que los de empresa, como pretende el Gobierno), qué va a pasar con la subcontratación y con la ultraactividad de los convenios, continúa Santos.

Conoce en profundidad todas las caras de la moneda.

A su juicio, mientras no se despejen estas incógnitas (está previsto que antes del 31 de diciembre), será muy difícil negociar. Santos señala que lo que se están planteando las empresas es hacer convenios de transición, que solo afecten a 2022, mientras se estudia el alcance de la reforma laboral. Y en vez de vincularlos al IPC, tener en cuenta otros valores, como la evolución sectorial de los precios. Después ya se volverá a los convenios plurianuales. Las empresas que se reúnen en torno a Adirelab piensan en incrementos salariales en torno al 2%, según su vicepresidente. Y puede que intenten compensar el aumento del coste de la vida con la reducción de las jornadas, “será una de las palancas”, igual que la regulación del teletrabajo, asegura.

La consultora de recursos humanos PeopleMatters acaba de publicar el estudio anual que realiza para determinar los incrementos salariales que prevén las empresas de cara al año que viene. En 2022 las compañías subirán los salarios el 2,3% en promedio, más de medio punto por encima que este año, “pero llama la atención que sea un aumento tan alejado de la inflación”, reflexiona Victoria Gismera, directora de la compañía. Si bien hay que tener en cuenta, anota Jorge Herraiz, director de Recompensa y Rendimiento de AON, que actualmente solo uno de cada cinco convenios colectivos está vinculado a la evolución de los precios al consumo. También que la pérdida de poder adquisitivo suma y sigue. En los últimos diez años, mientras que los sueldos crecían un 9%, la inflación superaba el 12%, agrega.

Sin embargo, es una buena noticia que las empresas vislumbren la mitad de congelaciones de sueldos que el año pasado, según PeopleMatters. Como en 2021, este ejercicio los mayores incrementos irán a parar a los puestos más altos del organigrama empresarial. Si bien en el año que entra mandos intermedios, técnicos cualificados y comerciales ganarán más poder adquisitivo que los directivos. En cambio, los salarios de entrada, aquellos para trabajadores sin experiencia, retroceden, modificando la tendencia ascendente de los últimos años y situándose cerca de 23.000 euros anuales para los graduados.

Solo empresas de tecnología y consultoría están dispuestas a revisar las remuneraciones de sus empleados hasta un 3%, porque se trata de empresas donde la captación de talento es tan clave como difícil, igual que en las organizaciones que quieran detener la enorme rotación de personal que viven, como sucede en el caso de los auxiliares de laboratorio, aprecia Herraiz.

Ante esta coyuntura, se plantea un incremento de la conflictividad laboral, como se visibilizó hace algunas semanas con el sector del metal de Cádiz. “La ausencia de un acuerdo marco está propiciando que se dificulten los convenios y que tengamos que hacer movilizaciones”, admite la representante de CC OO.

Es alarmante, pero el análisis de un conjunto de académicos de distintas universidades, liderados por la de Alicante, no deja lugar a dudas: la precariedad laboral afecta al 48% de la población asalariada, que conjuga uno o varios de los elementos que llevan a ella, es decir, temporalidad, salarios inferiores a 1.200 euros brutos mensuales, jornadas laborales atípicas, sobrecualificación, etcétera. “Solo un 28% de los asalariados no tienen carencias, es una realidad muy preocupante”, señaló en la presentación del estudio Hipólito  Simón, catedrático de la Universidad de Alicante. La precariedad afecta especialmente a las mujeres (54% frente al 42% de los hombres), a las tres cuartas partes de los inmigrantes y al 75% de los jóvenes. Y aumentó entre 2008 y 2014 por la reforma laboral del PP y se redujo en 2019 por la subida del SMI y el registro horario, dijo Simón.

Feliz navidad.
Si hay algún asesor fiscal en el foro o alguno me lo puede contestar, tengo la siguiente duda:
Existe alguna forma legal por la que se pueda gestionar cuentas de clientes minoristas sin crear una eafi, creando cuentas en broker a nombre de clientes y ejecutar órdenes en su nombre. Hay alguna forma de hacer esto legal?
Saludos.
Muchas gracias.

La contrarreforma laboral del PSOE y los Podemitas: mucho ruido y pocas nueces.


Editorial

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/12/23/opinion/1640283540_849037.html

 24 DIC 2021 - 08:41 CET

Menos mal que la reforma laboral que propuso el Gobierno en junio de 2018 y cuyos términos trató de imponer Unidas Podemos cuando entró en la coalición en enero de 2020 era menos urgente de lo que los dos partidos aseguraban. Porque nada menos que cuatro años casi completos, el trecho de una legislatura, han tardado en alumbrarla, y se antoja que se ha logrado por el fórceps apremiante de la Unión Europea para soltar la financiación de los fondos Next Generation. Finalmente, a juzgar por los resultados puestos en el documento pactado, todo ha quedado en poco, en casi nada, y aflora de forma explícita que se trataba más de un eslogan ideológico contra Rajoy, que sí imprimió urgencia a su reforma solventándola en cuatro semanas y media, que de una convicción firme, aunque nunca demostrada, de que con el real decreto de 2012 los empresarios se comían crudos a los trabajadores.

No ha habido contrarreforma, porque tal giro hubiese paralizado un mercado de trabajo que, aunque con imperfecciones, funciona bien, crea empleo pese a tener calidad mejorable y hubiera chocado contra el criterio razonado y liberal de la vicepresidenta Calviño. Poco más que un maquillaje superficial se ha operado sobre el texto de febrero de 2012, esquivando entrar en los meollos verdaderos, como el despido, sus causas y las posibilidades de rebajar remuneraciones si la situación de las empresas lo aconseja.

Solo las herramientas incorporadas para tratar de poner coto a la temporalidad, muchas veces abusiva, parecen tener cierto empaque, aunque las vías de escape de los empresarios se agrandan por las subcontratas y las empresas de trabajo temporal. La prevalencia de los convenios de sector, montura preferida de los sindicatos para recuperar e imponer un poder que nunca han tenido ni se han trabajado en las empresas, queda aguada y limitada a materias salariales, y únicamente se rescata la ultraactividad de los acuerdos, un supuesto activo más formal que de sustancia.

La ministra de Trabajo ha colocado un modelo evolucionado de ERTE (una figura que existe desde la noche de los tiempos del Estatuto de los Trabajadores, 1981, pero que ella cree haber inventado), que permitirá a las empresas poco serias abusar de los recursos públicos y quedar en paralelo exentas de una buena parte de la cotización, cronificando una vía de gasto público que un país con delicadas finanzas como las españolas no se puede permitir, salvo que pague siempre el BCE.

No ha habido contrarreforma, para alivio de la economía, de los empleadores y de los empleados. Para este viaje no hacían falta tan grandes alforjas ni cuatro años de vueltas alrededor de una noria seca.

Si cobras por el servicio, brevemente no. Eso sería gestión de patrimonio a terceros. Sin estar dado de alta en Hacienda en la actividad correspondiente  sin estar regulado y supervisado como sociedad de inversión y sin cumplir todos los requerimientos tales como fondo de garantía, seguros, etc... poder, claro que se puede hacer. Pero te tendrían  pillado tus propios clientes y a la mínima que les fueran mal las inversiones serían los primeros en denunciarte. Y entonces, tela la que puede caer; delito societario, estafa, fraude fiscal, blanqueo... el pack completo. 

Vamos a por la última semana de bolsa del año. De momento los futuros en IG vienen planos.
Que tengáis buena sesión.

una imag

en vale...

Buenos días, recuperados de la resaca volvemos al lío. Era previsible esta bajada en apertura?  Lo que antes se llamaba "realización de beneficios", que ahora es poca, por que beneficios, pocos tenemos. A ver cómo sigue la sesión!!!