Pulso de Mercado: Intradía

No caigas en la trampa de los politicos y los medios de comunicacion de España , que solo calculan la deuda publica PDE impuesta por los burocratas de Bruselas , que es absurdo , la real  es del 170% pasate por el BDE y sino en el siguiente articulo muy reciente veras que son 2 Billones de euros , lo calculas en base al PIB que tampoco es real , pero sobre esa cuestion no voy entrar lo explique hace años y la verdad que nadie lo comprendia , hay que tener un cierto nivel sobre economia dado su complejidad , pero de forma muy generica desde el año 2008 no hemos crecido practicamente nada pero todos los años hemos acumulado deficit publico

Te voy a dejar los datos y el articulo , un desastre todos los años en deficit publico y un crecimiento economico anemico , esta es la clave del desastre economico en España 

EL BCE EXIGIRÁ RECORTES EN PENSIONES Y FUNCIONARIOS

 

Arranca la cuesta de enero y con ella las subastas de deuda del Tesoro, imprescindibles para poder hacer frente al gasto público de un país, como España, que no es capaz de tener un superávit fiscal a pesar de registrar los mayores niveles de recaudación de la historia. Aunque el departamento dependiente de la vicepresidenta económica Nadia Calviño aún no ha publicado la estrategia de emisiones de 2023, espera colocar bonos, letras y obligaciones por un importe de 256.900 millones de euros, un 8,2% más que el pasado año.

El problema fundamental es que los rendimientos que habrá que pagar a los inversores seguirá creciendo como consecuencia de las subidas de tipos de interés en la eurozona y de las dudas sobre la capacidad de España para afrontar con garantías el escenario recesivo. Porque aunque se cumplieran las previsiones más optimistas de los analistas, lo cierto es que la deuda pública española es insostenible. El interés de la última colocación del Tesoro realizada este martes ha sido el más elevado desde 2012, año en el que España solicitó el 


 

Los datos no mienten. Los pasivos reales de las Administraciones Públicas (AAPP) españolas rondan los dos billones de euros, lo cual equivale a casi el 170% del Producto Interior Bruto (PIB). Esta cifra permanece oculta en las tablas y cuadros del Banco de España y es desconocida para la mayoría de los ciudadanos. 

El dato que aparece en notas de prensa y comunicados oficiales es el de la deuda pública según el Protocolo de Déficit Excesivo (PDE), que es la que usan las autoridades comunitarias para determinar el grado de cumplimiento de las reglas fiscales (congeladas hasta 2024). Estos pasivos se sitúan en los 1,5 billones de euros en el caso de España, descontando el dinero que se deben las AAPP entre sí. Este truco estadístico –legal– permite ocultar bajo la alfombra 500.000 millones de euros de deuda soberana. 


 

Más allá de metodologías estadísticas, lo relevante es que esos bonos, letras y obligaciones van a tener cada vez un coste mayor para las arcas públicas. El Banco Central Europeo (BCE) ha anunciado que irá reduciendo las compras en el mercado secundario, que son las que mantienen a raya a las primas de riesgo de los países del sur de Europa. En los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023 ya se refleja que el gasto en intereses se disparará un 7%, superando los 30.000 millones de euros.

Este aumento de la rentabilidad de los bonos españoles ha generado un renovado apetito de los inversores extranjeros. Fondos de inversión esperan sacar tajada durante este año para salir corriendo en cuanto vuelvan las dudas sobre la capacidad de España para cumplir las exigencias de Bruselas. Las nuevas reglas fiscales que verán la luz en 2024 serán menos exigentes que las actuales, pero el propio Paolo Gentiloni, comisario europeo de Economía, ha dejado claro que no se modificarán sustancialmente los límites. 

La forma en la que se establezcan finalmente los nuevos criterios fiscales será determinante para saber si España e Italia podrán salir adelante por sus propios medios o, en cambio, se verán obligados a solicitar el rescate europeo. El BCE ha creado un nuevo salvavidas, denominado Instrumento de Protección de la Transmisión (ITP, por sus siglas en inglés), que mantendrá las compras de deuda pública de aquellos países que lo soliciten. A cambio, las Haciendas rescatadas deberán cumplir un plan de ajuste fiscal.

 

 

Fuentes comunitarias señalan a La Gaceta que lo relevante de este nuevo mecanismo es que obliga al país receptor a pedir expresamente el rescate y, sobre todo, sanear las cuentas públicas perdiendo la soberanía fiscal en favor de los «hombres de negro» del Consejo de Gobierno del BCE. Será entonces cuando vuelva a ponerse sobre la mesa la reducción del sueldo de los empleados públicos, nuevos recortes en las pensiones, venta de activos públicos y el resto de recetas que tradicionalmente se imponen a los países que piden ayuda financiera.

A los problemas de la deuda pública que deberá afrontar seguramente el próximo Ejecutivo –sea del color político que sea– se suma otra verdad incómoda: el aumento de la deuda de los hogares como consecuencia de la pérdida de poder adquisitivo derivada de la inflación y, sobre todo, del aumento de los costes de financiación, sobre todo los hipotecarios. El euribor medio ha cerrado diciembre por encima del 3% y los analistas apuntan a que seguirá subiendo hasta situarse en la horquilla del 3,5% al 4%.

Esta evolución del índice al que se referencian las hipotecas variables ha multiplicado por ocho el pago mensual de intereses de las familias españolas, pasando de 57 euros a 470 en las más nuevas, que son las más afectadas. En España el sistema de amortización está configurado para pagar al principio de la vida del préstamo más intereses que capital. Este aumento de los intereses ha disparado las cuotas que pagan los hogares, superando los 250 euros para una hipoteca media (150.000 euros a 25 años).

De momento las entidades financieras está aprovechando los aumentos de tipos para elevar su margen de intermediación, pero es indudable que los problemas de morosidad terminarán por aparecer cuando muchas familias no sean capaces de hacer frente a sus deudas. 

La agencia de calificación crediticia Fitch Ratings ha publicado un informe en el que apunta a la banca británica y la española como las más expuestas al contexto recesivo europeo. «La ralentización económica, la subida de los tipos de interés, la elevada inflación y el aumento del desempleo provocarán un incremento de las tasas de impago de las hipotecas sobre inmuebles residenciales en la mayoría de los mercados y los beneficios de los bancos se verán sometidos a una mayor presión a medida que se ralentice la concesión de préstamos hipotecarios», un aviso a navegantes que muestra hasta qué punto el emperador está desnudo.

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DENUNCIA INJERENCIAS POLÍTICAS POR PARTE DE LA CASA BLANCA

La FED da la espalda a la agenda verde de la Casa Blanca y BlackRock

El presidente de la REserva Federal (FED), Jerome Powell (Europa Press).

ENERO 13, 2023

El presidente de la Reserva Federal (FED por sus siglas en inglés), Jerome Powell, va a dar más de un quebradero de cabeza a la Casa Blanca en los dos años que quedan de Legislatura. El máximo responsable del banco central de Estados Unidos no está dispuesto a admitir injerencias gubernamentales –al menos de cara a la galería– tras las presiones que está recibiendo para que detenga la subida de tipos de interés y, sobre todo, asuma la agenda verde como guía de la política monetaria de la institución.

Era algo que se rumoreaba en los círculos financieros de Washington pero que ha quedado patente esta semana, cuando Powell aprovechó unas conferencias organizadas por el Banco Nacional de Suecia para señalar expresamente que la FED no incorporará criterios medioambientales a sus actuaciones en materia de política monetaria, saliéndose del guión y sorprendiendo incluso a Isabel Schnabel, consejera ejecutiva del Banco Central Europeo (BCE) que también participó en el acto. Eso sí, ella defendió que la autoridad monetaria europea abrazará la Agenda 2030 en su vertiente climática.

De hecho el BCE ya ha solicitado información a las entidades financieras para determinar hasta qué punto los créditos y emisiones de deuda de sus clientes son compatibles con la lucha contra el cambio climático. El pasado verano realizó unos test de estrés a los principales bancos europeos para que se vayan acostumbrando a un nuevo tipo de inspección, que dará lugar en los próximos años a nuevas exigencias de capital para cubrir estos «riesgos climáticos«.

Se trata de una vuelta de tuerca a la tarea de supervisión bancaria, entrando en el terreno de la ingeniería social y siguiendo el camino marcado por BlackRock, la mayor gestora de inversión del mundo. Su presidente Larry Fink es el principal defensor en el mundo financiero de los criterios ESG, que son los principios que determinan las inversiones calificadas de «sostenibles» en función de los ODS de la Agenda 2030 diseñados por el economista Jeffrey Sachs.

Esta introducción del riesgo climático como principio a la hora de adoptar acciones de política monetaria ha generado mucho debate en el seno de la Unión Europea (UE), ya que las pruebas de resistencia a los bancos se realizan con unos criterios discrecionales que son susceptibles de cambiar en el futuro, al depender exclusivamente de decisiones políticas no basadas en el mercado. 

Este debate también se ha trasladado a Estados Unidos, hasta el punto de generar un movimiento que los medios oficialistas califican de «anti ESG», sobre todo ahora que la Administración Biden quiere impulsar junto con los reguladores financieros una ampliación de estos criterios medioambientales para que alcancen cuestiones laborales y de otra índole. Es en este contexto en el que cobra importancia el discurso de Powell, dejando muy claro que la FED se mantendrá al margen al menos hasta que no haya un mandato claro de los legisladores estadounidenses.

«Sin una legislación explícita del Congreso, sería inapropiado que usáramos nuestra política monetaria o herramientas de supervisión para promover una economía más verde o lograr otros objetivos basados en el clima (…) no somos, ni seremos, legisladores climáticos«, declaró Powell tras recordar que “es esencial que nos ciñamos a nuestras metas estatutarias y que resistamos la tentación de ampliar nuestro alcance para abordar otros temas sociales importantes del momento».

Aunque muchos puedan pensar que la inclusión de la agenda climática en el mundo financiero es algo positivo, lo cierto es que introduce incertidumbres regulatorias que aumentarán las distorsiones en los precios de los activos, que dejarían de actuar como señales para dirigir las acciones de consumo, ahorro e inversión de los agentes económicos. 

Como explica la consultora Mary Malone, «una inversión centrada en criterios ESG reduce la productividad del empleo y al eficiencia del negocio en la búsqueda objetivos políticos», al mismo tiempo que provoca que fondos de pensiones dejen de basarse en cuestiones financieras para elegir el destino del dinero que los futuros jubilados, poniendo en riesgo los ahorros al exponerlos a factores que dependen de burócratas.

Hasta el momento este tipo de «inversión socialmente responsable» –que es como la denominan sus defensores– es de carácter voluntario, aunque haya gestoras como BlackRock que penalicen a las compañías que no los adoptan. Sin embargo, la Administración Biden quiere impulsar modificaciones normativas para hacerla obligatoria, algo que será difícil de conseguir con el actual reparto de poderes en la Cámara de Representantes. 

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En base a esas dos variables economicas un burla considerar que desde el año 2008 el PIB  de España sea del 1,2 Billones , es un 17% menos y la deuda publica es del 170% siendo generosos , dado que la contabilidad nanacional publica es un 17% mas baja que en el año 2008