Competencia estudia la limitación en los depósitos por el Banco de España
La Comisión Nacional de Competencia (CNC) estudiará mañana la decisión del Banco de España de limitar la rentabilidad de los depósitos, pagares, cuentas y bonos. Según fuentes consultadas por elEconomista, ha incluido en el orden del día de su consejo el análisis de esta medida promovida por el organismo que preside Luis María Linde, por si pudiera ser objeto de la apertura de un expediente sancionador por vulnerar la Ley de Defensa de la Competencia.
Por el momento, la institución que preside Joaquín García Bernaldo de Quirós prevé realizar un seguimiento de los movimientos realizados, ya que la decisión de once entidades de reducir la retribución de sus depósitos puede llegar a suponer una concertación en la oferta.
Las asociaciones de consumidores ya han mostrado su oposición a esta medida y alguna incluso ha mostrado su disposición de llevar el asunto a los tribunales, pese a que el Banco de España todavía no haya dejado claro si presentará una circular para regular estos cambios.
Límites a los clientes
En fuentes jurídicas consultadas por este diario se indica que no es necesario que exista una normativa en firme para que se produzca una concertación y consideran que los poderes especiales que mantiene el Banco de España, gracias al memorando de entendimiento con la banca, no son suficientes para adoptar este tipo de medidas, que pueden ir en contra del mercado y limitar las posibilidades de los clientes.
El hachazo al ahorrador además es especialmente relevante, porque en términos de competencia se limita la actuación del llamado maverick, es decir, del agente que suele ser más rompedor con sus propuestas y que en este caso era el Banco Popular con su depósito Gasol al 4,25%. La entidad financiera fue una de las primeras en reducir dicha rentabilidad al 1,75% y tras ella fueron las siguientes diez entidades.
Algunas entidades no ven del todo bien la medida adoptada por el regulador, ya que consideran que se rompen las reglas del juego igualitarias, ya que existen varias -ING Direct y Espirito Santo, principalmente- que escapan de las directrices, al operar en nuestro país a través de una sucursal y, por tanto, estar reguladas por los supervisores de sus territorios de origen.
Amenaza
Existe malestar en el seno de las entidades españolas, sobre todo las de mediano y pequeño tamaño, que están inmersas en un proceso de queja y presión para que el Banco de España obligue también por ley a la holandesa y la portuguesa a bajar los intereses que ofrecen para captar dinero.
La banca nacional ve como una amenaza, sobre todo a ING, porque en el pasado ya se hizo con una importante cuota de mercado con campañas agresivas, aprovechando su capacidad y el vacío legal. Por ahora, el Banco de España se ha limitado a pedir de manera verbal a las entidades que reduzcan las tasas de interés que pagan a sus clientes minoristas hasta una horquilla de entre el 1,75% y el 2,75% (100 puntos básicos sobre el precio oficial del dinero en función de plazos e importes). En caso contrario, serían penalizados con mayores requerimientos de capital.
La banca mediana y pequeña han protestado enérgicamente al supervisor y le han exigido que estos límites se pongan por escrito.
Ofertas superiores
En la actualidad, ING Direct lidera las rentabilidades en las cuentas a la vista, con el pago del 3,3% en los cuatro primeros meses. Esta remuneración sirve como gancho para atraer clientes y ahorro de los ciudadanos. Por su parte, Espirito Santo continúa ofreciendo un 4,5% por los depósitos a doce meses.
En el pasado, ambas entidades se beneficiaron de la llamada ley Salgado, que castigó los depósitos de alta remuneración con mayores aportaciones al Fondo de Garantía de Depósitos. Ni uno ni otro contribuyen a esta hucha, sino que hacen los desembolsos pertinentes a los instrumentos similares de Holanda y Portugal, respectivamente.
Entonces hubo una normativa. La banca se pregunta por qué ahora no y sólo existe una exigencia verbal. Además, considera que la existencia de una normativa, bien impulsada por el Banco de España o por el Gobierno, serviría para clarificar la confusión reinante en el mercado y evitaría discrecionalidades innecesarias.
El supervisor ha sido más restrictivo que el Ejecutivo socialista en 2011. Entonces la banca pudo traspasar la guerra del pasivo a los pagarés, por los que llegó a ofrecer más de un 5 por ciento en función de plazos de vencimiento e importes contratados. Con el fin de que el sector no inicie otra batalla parecida con otro producto de ahorro, el Banco de España ha incluido en la penalización todos los productos de ahorro. El objetivo de tal decisión es doble. Por un lado, quiere terminar con esta pelea que lastra los márgenes operativos y las cuentas de la banca. Y, por otro, pretende que el sector pueda trasladar la bajada de precios a los créditos y que éstos sean más asequibles para las empresas y las familias.