La nueva oleada de recortes que se nos viene encima
El Gobierno insinuó ayer claramente en la sede donde reside la soberanía nacional, el Congreso de los Diputados, lo que los mercados dan por hecho desde hace días. A tenor de la rentabilidad que nos exigen para comprar nuestra deuda, habrá más recortes en los próximos días, y no se descarta, si la deriva del país sigue así, que se produzca la intervención formal en el mes de agosto.
Mientras los españoles se echaban a la calle para protestar por los recortes, fue de nuevo el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el epicentro de la polémica desde hace varios días, quien lanzó el aviso a navegantes. Si el miércoles era el sueldo de los funcionarios, ayer el problema se centraba en los servicios públicos. "No hay dinero en las arcas públicas, no hay dinero para pagar los servicios públicos". El ministro aboga por renunciar a las prestaciones públicas que no son financiables. "Nos conviene renunciar a ellas si queremos conseguir factores de éxito, y debemos explicar sin subterfugios que lo que no se puede pagar es ineludible quitarlo porque lo que hace es lastrar las posibilidades de bienestar de los ciudadanos".
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¿Y qué es lo que el Gobierno piensa que no se puede pagar? Una lista larga de servicios públicos que prestan tanto el Estado, como las autonomías y ayuntamientos, que van desde actividades asistenciales a servicios culturales, informativos o de transporte ferroviario y que supondrían el cierre en cascada de empresas públicas, organismos, fundaciones y televisiones públicas. Es muy posible que nos exijan pagar por casi todo los servicios que queden en pie o al menos sufragar una parte de ellos.
También es muy probable que se implante peaje en toda la red de autovías ahora gratuitas para financiar el mantenimiento de las mismas, que absorbe más de 1.000 millones de euros al año. La medida se puede aprobar ahora pero tardaría un año en ser efectiva a la espera de instalar el sistema de pago en todas las carreteras. Además, de la anterior batería de ajustes está pendiente el anuncio de una fuerte subida de las gasolinas y no se descartan subidas adicionales del precio de la luz y del gas.
Si el escenario no mejora, podríamos ver en breve la intervención directa por el Estado de alguna autonomía cuyos números no cuadran ni tienen perspectiva de hacerlo.
Distintos expertos y analistas consideran inevitable que, ante el desplome de los ingresos fiscales, el Gobierno toque el único compromiso electoral que hasta ahora ha mantenido: las pensiones vigentes. Es una de las tres grandes partidas de gasto del Estado, junto a la nómina de los funcionarios y desempleo. Una de las pagas extra de los jubilados podría estar también en peligro.
