El Gobierno allana los despidos en Administración y empresas públicas

El Gobierno sigue empeñado en reducir el número de empleados públicos. Uno de los objetivos no confesados de la reforma laboral era facilitar los despidos colectivos en la Administración, las empresas y los entes públicos. Lo hizo cuando estableció la “insuficiencia presupuestaria” durante tres trimestres consecutivos como motivo para justificar los despidos objetivos. Y ahora, en el reglamento de los expedientes de regulación de empleo (ERE), ha dado un paso más: ha definido esa “insuficiencia presupuestaria” como la reducción en un 10% respecto al año anterior en las transferencias que se hacen a comunidades y Ayuntamientos o las asignaciones presupuestarias en entes, organismos, entidades o empresas públicas.

A la hora de reducir el gasto público, el Gobierno ha dirigido la tijera a la partida de personal. Y lo ha hecho por una doble vía: por un lado, ha reducido sus remuneraciones al suprimir la paga extra de diciembre (en torno al 7% del salario anual); por otro, ha clarificado mucho los procedimientos para reducir las plantillas del sector público.

A la hora de reducir el gasto público, el Gobierno ha dirigido la tijera a la partida de personal
Hasta que se aprobó la reforma laboral había un debate sobre si se podían promover despidos colectivos en la Administración. La mayoría de juristas opinaban que sí, pero había voces contrarias. La aclaración del decreto de febrero zanjó la discusión: se podían llevar a cabo y hacerlo aduciendo “insuficiencia presupuestaria” durante tres trimestres consecutivos para pagar la indemnización más baja de las extinciones de contrato (20 días por año trabajado y un límite de 12 mensualidades).

Esta es la versión para el sector público de la caída de ingresos también durante tres trimestres que se aprobó en la misma reforma laboral para que las empresas privadas puedan promover despidos colectivos. Aunque entre un caso y otro hay una diferencia importante: es la propia Administración la que puede provocar la causa que aduce para despedir. Son los gobernantes quienes elaboran los presupuestos y asignan las subvenciones nominativas o las transferencias de capital y quienes adoptan acuerdos de no disponibilidad, supuestos recogidos para el despido colectivo en el borrador del reglamento al que ha tenido acceso este diario.

La medida no afecta a los tres millones de trabajadores del sector público (el régimen laboral de los funcionarios no se rige por el Estatuto de los Trabajadores, sino por el de la Función Pública). Solo lo hace al personal laboral contratado por las Administraciones (700.000 empleados, según el Ministerio de Administraciones Públicas) y a los asalariados de empresas con más del 50% del capital público (142.000, según la Encuesta de Población Activa).

Desde que en febrero se aprobó la reforma laboral —en la que además se cerró al sector público la posibilidad de hacer ajustes de plantilla a través de reducciones de jornada o suspensiones de contrato— ya se han podido ver ejemplos de dónde se puede dar con más asiduidad este tipo de despidos: Radio Televisión Valenciana ha anunciado el despido de 1.247 trabajadores, el 76% de la plantilla.

No comment. He leído un par de veces el texto buscando, entre líneas, algo referente a practicar con el ejemplo por parte de la casta política o las clases privilegiadas, pero nada. Señores, los que actualmente tenemos trabajo, tendremos que ir palnificando cómo será nuestra vida sin él, por lo que nos pueda pasar.

La medida no afecta a los tres millones de trabajadores del sector público (el régimen laboral de los funcionarios no se rige por el Estatuto de los Trabajadores, sino por el de la Función Pública)

Esto es erroneo, de los 2,7M de empleados de las administraciones, solo 1.6M son funcionarios de carrera, los demas pueden ser puestos en la calle mañana mismo. Los laborales, con 20 dias por año, despido por causas objetivas, los eventuales, porque los pueden cesar tan libremente como los nombran y los interinos, amortizando sus plazas. Y todo sin cambio normativo ninguno. Pero quien trabaje en las administraciones tiene que entender que todo el empeoramiento de las condiciones laborales de los empleados privados les va a alcanzar, inexorablemente. Salvo que seas politico o filo-politico.

O sea que 1,1 millones de trabajadores pueden ser despedidos,si las condiuciones empeoran cosa uqe va a pasar mas las presiones que van a venir desde Europa via rescate....podemos temernos lo peor.

Pues si, y solo es una parte del total. Todo el empeoramiento que se ha dado en el empleo privado se va a replicar en el público.

Tambien va a empeorar el privado,van a bajar mas el sueldo con la excusa y aprovechando los males publicos.Malos tiempos para la lirica.