Por esto gana el PSOE en Andalucía.(Soy andaluz).
El PER ha regado Andalucía con más de 4.000 millones desde el año 1986 hasta el año 2012.
"Algunos reciben el PER para ir al bar del pueblo". Así de contundente se manifestó en octubre pasado, una vez más, el político catalán Josep Antoni Duran i Lleida sobre el Acuerdo para el empleo y la protección social agraria (Aepsa, nombre que sustituyó desde 1996 al de Plan de Empleo Agrario, PER).
Un programa para garantizar la mayor parte del año una renta mínima a los trabajadores eventuales del campo (jornaleros), creado en 1986 por el Gobierno de Felipe González para mejorar y potenciar el ya existente plan de empleo comunitario nacido de la UCD y que el primer Ejecutivo de José María Aznar rebautizó diez años después y extendió a un total de ocho comunidades. Aunque el grueso de la partida anual que recogen los Presupuestos del Estado se la llevan Andalucía y Extremadura (más del 80% del total entre ambas), también reciben fondos del Aepsa en Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, Valencia, Murcia y Canarias.
En total, según cálculos de la Diputación de Jaén hasta 2010, e incluyendo las aportaciones de 2011 (148 millones para Andalucía) y el ejercicio en curso (unos 150 millones), este programa -que da empleo a esos jornaleros mediante la entrega de fondos del Sepe (antiguo Inem) a los ayuntamientos para la realización de obras municipales en las que se contrata a los campesinos en las épocas en las que no hay faena- ha supuesto unos 4.000 millones de euros desde 1986. La diferencia entre Andalucía y Extremadura y el resto de autonomías es que los braceros de éstas -trabajadores agrarios sin tierras en propiedad- pueden utilizar las jornadas de trabajo en obras financiadas por el Aepsa para completar las jornadas realizadas en el campo para, entre ambos conceptos, poder solicitar el subsidio agrario.
FRAUDE
Este subsidio, de 426 euros al mes durante un máximo de seis meses al año y que en 2011 cobraron en Andalucía unas 260.000 personas, es el que no se recibe por parte de los campesinos de las otras regiones. Estos perceptores han de tener más de 35 años -o menos, pero con cargas familiares- y haber realizado al menos 20 jornadas de trabajo (peonadas, en el lenguaje popular) en las tareas agrícolas. En caso de que el volumen de trabajo en el campo no permita alcanzar ese número de jornales, los eventuales agrarios pueden trabajar en obras financiadas por el Aepsa para completar el mínimo de las 20 (límite rebajado en 2010 por el Gobierno de Rodríguez Zapatero, desde las 35 exigibles antes).
Ésta es la teoría, porque en la práctica -y a eso se refería en el fondo Durán, aunque confundiendo erróneamente PER y subsidio agrario- hay una amplia casuística de fraude que ha provocado en las décadas de vigencia juicios contra alcaldes y empresarios agrícolas.
Estos van desde la firma de peonadas falsas a jornaleros que nunca han trabajado en las empresas agrarias que dicen haberlos contratado eventualmente, hasta el asociado a la realización de las propias obras públicas de interés municipal.
Felipe Gayoso, de Asaja Andalucía, reconoce que se producen fraudes y apuesta por mejorar los controles e, incluso, por reorientar el objetivo de esos fondos para abarcar otro tipo de actividades más allá de las obras, como el respaldo financiero a la creación de micropymes o a la conversión de los jornaleros en autónomos. No obstante, alerta de que con la situación de crisis, las rentas que proporciona el subsidio son fundamentales para las zonas agrarias. Más aún cuando muchos jornaleros que abandonaron el campo en el boom inmobiliario, han regresado a las tareas agrícolas.
Plazos
En este contexto, han quedado por ahora postergados los planes de reforma del Aepsa y del propio subsidio agrario que en el seno del PP a escala estatal -no a escala andaluza, por evidentes razones electorales- puedan barajarse. El propio ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, diputado por Sevilla, defendió públicamente unos días antes de las elecciones autonómicas del 25-M en un coloquio en la capital andaluza tanto la pertinencia de que exista un programa como el Aepsa como la percepción del subsidio agrario por personas que legalmente tienen acreditado el cumplimiento de los requisitos.
Fuentes del PSOE andaluz, sin embargo, explican que pese a esa defensa, la estrategia más inmediata del Gobierno central, siguiendo el ejemplo de las dos legislaturas del Ejecutivo del PP 1996-2004, podría ser la de postergar la aprobación del Aepsa para retrasar así, y reducir, el presupuesto finalmente ejecutado. Este año, debido al retraso en la tramitación de los Presupuestos, el proceso de solicitud de programas de obras por los ayuntamientos y aprobación y ejecución de las mismas comenzará en mayo, en plena campaña agraria.
Habitualmente, el reparto de los trabajos se produce en febrero, para permitir su realización y la posterior mudanza al campo. Retraso o no, el antiguo PER y el subsidio afrontan en esta legislatura una más que probable reforma de filosofía y, quizá, de cuantía. Más aún tras la constatación de que el PP no gobernará Andalucía.