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Asufin denuncia a un abogado por el "engaño" de los gastos hipotecarios reclamados gratis
La asociación pide al Colegio de Madrid que abra un expediente sancionador al socio de ADS Abogados por, según el escrito, pedir la nulidad pero no el reintegro de la cuantía de las cláusulas hipotecarias nulas
Por Pedro del Rosal
19/03/2021 - 05:00 Actualizado: 19/03/2021 - 10:02
La Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) ha solicitado ante el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) la apertura de un expediente sancionador contra el socio de ADS Abogados. Según expone el escrito, fechado el 8 de marzo, el letrado habría vulnerado el Código Deontológico de la Abogacía, así como la ley general de publicidad, la de competencia desleal y la de consumidores y usuarios en su gestión de los procedimientos para reclamar por las cláusulas de gastos hipotecarios suscritos por sus clientes.
ADS Abogados se anuncia como un despacho que tramita gratis las reclamaciones relacionadas con cláusulas suelo y los gastos de la hipoteca. “Abonamos abogado, procurador y economista. 100% gratuito, sin porcentajes de lo recuperado”, anuncia un rótulo al abrir su página web. ¿Qué quiere decir 100% gratuito? Se explica algo más abajo. “Solo llevamos casos muy viables, así no tenemos que cobrar a los clientes adelantos ni porcentajes. Cobramos solo de la condena en costas al contrario y solo si las hay. Si no hay condena en costas, no cobramos nada, aun ganando”.
El escrito de Asufin explica que la asociación tuvo conocimiento, a través de un consumidor y del portal Rankia.com, de la existencia de varios clientes de ADS Abogados quejosos por el trato dado por el letrado. Rankia es un portal en el que sus usuarios intercambian consejos financieros. En 2017, uno de ellos abrió una consulta pidiendo información sobre ADS Abogados atraído por ese anuncio de que la demanda sería gratuita. El año pasado, empezaron a surgir mensajes dentro de ese mismo hilo alertando de unas prácticas engañosas por parte del despacho. El problema, según recoge el escrito de Asufin —que contiene ‘links’ a los comentarios concretos de los usuarios, alguno incluso haciendo pantallazo de la hija de encargo del despacho—, es que el bufete, en lugar de reclamar judicialmente de forma conjunta la nulidad de la cláusula y la devolución de los gastos al consumidor, se queda solo en la primera petición. ¿Por qué? Porque en las demandas por debajo de 2.000 euros en las que no es necesario acudir a juicio con abogado y procurador, explica el texto, no suele haber condena en costas o estas, al ir vinculadas con la suma del pleito, son muy bajas. Sin embargo, en los procedimientos de cuantía indeterminada (como son aquellos en los que solo se solicita la nulidad), las costas pueden elevarse por encima de los 1.000 o 2.000 euros.
El abogado denunciado les hace creer que va a realizar esa reclamación (la del reintegro de los gastos), pero en lugar de ello solo reclama que se declare la nulidad”, describe el documento presentado en el ICAM; “y, una vez obtenida la sentencia, rompe toda vía de comunicación con sus clientes ya que no vuelve a contestar sus llamadas ni correos electrónicos”.
Toque de atención de los jueces
Según la Asufin, el bufete se aprovecha de que muchos usuarios creen que la declaración de nulidad conlleva automáticamente la recuperación del dinero, cuando no es así, y caen en la trampa. La denuncia incluye los documentos aportados por dos clientes de ADS Abogados a la organización. “Esta forma de actuar obedece a una estrategia orientada a obtener el mayor lucro posible, aunque ello ocasione perjuicios a sus clientes, que se ven defraudados en sus expectativas de obtener, tras el encargo realizado a este abogado, el reembolso de los gastos que soportaron”, señala el escrito de Asufin. Al dividirse en dos los procedimientos, continúa, ADS Abogados obtiene las “considerables costas”, pero se convierte en el “único beneficiado” en detrimento de sus clientes, que no perciben nada. “Y se ven en la tesitura de tener que encargar a otro abogado, pagándole los honorarios que se acuerden en cada caso, que presente una nueva demanda”.
Asufin relata en su queja ante el ICAM que ha hecho un rastreo en la base de datos del Poder Judicial y ha encontrado 41 sentencias de audiencias provinciales en las que ha actuado el letrado denunciado en procedimientos de reclamación de gastos hipotecarios. Y señala, no obstante, que en dicho repositorio no aparecen las resoluciones de los juzgados, por lo que los procesos podrían ser muchos más. “La lectura de las sentencias halladas confirma que se trata de una práctica casi uniforme”, la de reclamar la nulidad y no la restitución de los gastos, aunque existen algunas excepciones, explica el texto. De hecho, en algún caso, los jueces han reprendido a ADS Abogados por su forma de actuar, imputándole mala fe, deslealtad procesal, abuso de derecho y fraude de ley, y reprochándole que fuerce una duplicidad de actuaciones en perjuicio de la Administración de Justicia y de su cliente.
‘Black hat seo’
Por último, el documento presentado por la asociación atribuye al letrado una estrategia para combatir las críticas recibidas en el portal de Rankia. Por un lado, en el foro aparecieron un importante número de mensajes alabando los servicios de ADS Abogados. Según afirma Asufin que les ha comunicado Rankia, todos estos comentarios procedían de usuarios recién inscritos, cuya loa era su primera y única aportación al portal, y que se habían remitido desde el mismo ordenador (ya que comparten dirección IP). Por otro lado, se detectó un ataque al foro denominado ‘black hat seo’, un mecanismo que consiste en enviar a esa dirección enlaces desde “páginas basura” para quitarle relevancia en el buscador de Google. Todo ello, concluye la denuncia de Ausfin, vulnera más de media docena de artículos del Código Deontológico; entre ellos, la regulación de la publicidad de los despachos o la captación desleal de clientes. Asimismo, asevera que sus prácticas pueden considerarse publicidad ilícita por engañosa y desleal, de competencia desleal, y atentan contra la regulación de consumidores y usuarios.
Al margen de lo que determine el ICAM, la presidenta de Asufin, Patricia Suárez, subraya que, en su opinión, los clientes que se sientan perjudicados también tendrían la opción de iniciar acciones legales individuales contra ADS Abogados. “Hay un daño moral indemnizable, pero también un perjuicio económico directo. Afirmar que iba a reclamar unos gastos que no solicitó podría plantearse si es una conducta constitutiva de fraude”, razona.
La versión de ADS Abogados
El Confidencial se ha puesto en contacto con ADS Abogados para conocer su versión de los hechos descritos en el escrito de Asufin. Desde el bufete entienden que la denuncia sobredimensiona la queja de dos clientes con los que ya se ha hablado y tratado de solucionar su problema. “No es que no cojamos el teléfono, es que somos un despacho pequeño y no estamos siempre disponibles para todos”, aseveran. "No hemos dejado tirado a nadie", responden desde ADS Abogados. El despacho reduce la cuestión a dos clientes descontentos Según explican, su modelo de negocio es no cobrar a los usuarios afectados por las cláusulas, por eso no tienen otra forma de trabajar de dividir los procedimientos y así obtener unas costas más cuantiosas en el de nulidad. “Pero eso no es una mala praxis”, rechazan. Y niegan que hayan desatendido de forma voluntaria a ningún cliente después de obtener la nulidad. “No hemos dejado tirado a nadie. Las diferencias con algún cliente son inevitables, no siempre todo el mundo sale contento”, relativizan. Asimismo, desde la firma ADS Abogados niegan que hayan acometido ninguna estrategia digital para defender su reputación o atacar Rankia, tal y como les atribuye el portal.
Desde el ICAM han rechazado hacer ningún comentario sobre este asunto, pero, según las partes implicadas en él, la denuncia ya ha sido recibida por la institución colegial y se ha comunicado (aunque, al cierre de este artículo, aún no notificado formalmente) a ADS Abogados. En los próximos días o semanas, se abrirá la posibilidad de que este aporte sus alegaciones al asunto y, posteriormente, el Colegio debe decidir si abre expediente disciplinario.
