Rajoy inicia la ofensiva de privatizaciones en infraestructuras, peajes y comercio
El presidente del Gobierno prometía el domingo, en la clausura del Congreso del Partido Popular de Madrid que habría reformas todos los viernes hasta el final de la legislatura. Y aunque falta por concretar el orden de prioridades, las medidas más inminentes se van a concentrar, de a aquí al verano, en dos aspectos básicos: las liberalizaciones y la reforma administrativa, además de en la culminación de la interminable reforma financiera.
En el capítulo de privatizaciones, lo que ya está prácticamente confirmado es que el Consejo de Ministros de este viernes va a aprobar un paquete de medidas encaminadas a facilitar la entrada al capital privado en la gestión de las infraestructuras y los transportes.
AENA y Renfe
En concreto, la idea del Ejecutivo es liberalizar la gestión de los aeropuertos y de los ferrocarriles, además de implantar un nuevo modelo concesional para las infraestructuras, en el que se podrían sentar las bases para el cobro de peajes en las autovías del Estado para todos los vehículos ligeros.
Aunque los defensores de la medida justifican este nuevo ataque a los bolsillos de los ciudadanos por la necesidad de recaudar para financiar la conservación de las carreteras, dentro del Gobierno existen voces discrepantes y su aprobación supondría una nueva contradicción entre los dichos y los hechos de los miembros del Ejecutivo, ya que la propia ministra de Fomento, Ana Pastor, afirmaba recientemente que cobrar por el uso de las autovías sería perjudicial para el turismo, uno de los pocos sectores de actividad que aun funcionan en nuestra economía.
Además, la aplicación de la medida exigiría acometer un conjunto de inversiones de carácter técnico que harían inviable su operatividad hasta el próximo ejercicio.
Unidad de mercado
La política de liberalizaciones incluye también al comercio minorista, un sector en el que el Ejecutivo trabaja para ampliar la libertad de horarios y aperturas en festivos para los establecimientos comerciales en toda España, tras constatar que las comunidades autónomas con mayor libertad tienen mejores resultados en actividad y empleo.
Los responsables de Economía estiman que en un mundo en el que Internet permite comprar las 24 horas del día y los 365 días del año no tienen sentido las limitaciones a la libertad, además, de constatar que España es uno de los países más restrictivos en materia de horarios comerciales, después de que Italia y Portugal hayan aprobado recientemente la libertad total de horarios y de aperturas.
Respecto a la unidad de mercado, el Gobierno tiene intención de presentar próximamente un proyecto de ley al Parlamento para "garantizar que cualquier bien o producto producido en España pueda circular libremente por todo el territorio nacional".
La medida tiene por objetivo acabar con el exceso de regulación de las autonomías, que está levantado barreras comerciales dentro de España, desincentivando las inversiones, frenando la creación de puestos de trabajo y perjudicando la competitividad y la productividad del comercio minorista.
También entran entre las urgencias del Gobierno las medidas de reforma de las administraciones y este mismo viernes el Gabinete podría dar luz verde a supresión de ayuntamientos, con lo que el Ejecutivo espera ahorrar en torno a 8.500 millones de euros.
El Consejo de Ministros podría estudiar, además, un plan para combatir la "elevada" tasa de absentismo de los funcionarios. La intención de Rajoy y de su equipo es que los empleados públicos dejen de cobrar una parte del salario durante los primeros noventa días de baja laboral. Tampoco se abonarán los subsidios en caso de incomparecencia injustificada al reconocimiento médico y se acortarán los plazos de expedición y entrega de los partes de baja.
Finalmente, tampoco se descarta que este viernes o el siguiente el Gobierno autorice oficialmente la segregación de los activos inmobiliarios del balance de los bancos, que serían asumidos por el Estado, mediante la creación de una agencia estatal inmobiliaria.
Rajoy inicia la ofensiva de privatizaciones en infraestructuras, peajes y comercio