UPyD propone acabar con los casi 10.000 aforados que hay en España
Iniciativa sobre la supresión de los privilegios de la inviolabilidad, inmunidad y aforamiento de los políticos y otros cargos públicos
Lo que a lo largo de la Historia nació como una garantía para hacer efectiva la separación de poderes y evitar que los jueces –como miembros del Poder Judicial– actuaran contra el Ejecutivo o el Legislativo se ha convertido en un privilegio de los políticos del que se benefician miles de cargos públicos. Hasta 10.000 personas gozan de aforamiento en España. Es decir, sólo pueden ser investigadas y juzgadas por el Tribunal Supremo, los tribunales superiores de justicia de las comunidades o las audiencias provinciales en razón de su cargo.
Para cambiar este estado de cosas, la portavoz de Unión Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley (PNL) para que se debata en el Pleno «la supresión de los privilegios de la inviolabilidad, inmunidad y aforamiento de los políticos y otros cargos». La propuesta recoge que «en España alcanzamos la increíble cifra de ¡10.000! aforados», según estiman dos estudiosos de la materia, Juan Luis López Colomer e Iñaki Esparza en su trabajo Tratado jurisprudencial de aforamientos procesales.
Entre los beneficiados se incluyen los aforados ante el Supremo (miembros del Gobierno, diputados y senadores, vocales del Poder Judicial, magistrados del Supremo o de la Audiencia Nacional, el defensor del Pueblo, sus adjuntos, consejeros del Tribunal de Cuentas, del Consejo de Estado, altos mandos militares...), ante los tribunales superiores de justicia (presidentes autonómicos, consejeros y diputados en asambleas regionales...) y en las audiencias provinciales (policías, guardias civiles, agentes autonómicos...).
Las prerrogativas de las altas autoridades del Estado –entre ellos diputados y senadores– están fijadas en la Constitución y sólo podrán desaparecer con una reforma de la Carta Magna –que UPyD reclama–. Pero este en principio excepcional privilegio se ha extendido en leyes posteriores a miles de personas más. Y esas normas sí podrían ser modificadas por decisión del Congreso.
Por eso, la PNL propone que en la próxima reforma constitucional se revisen «los privilegios o prerrogativas parlamentarias de la inviolabilidad, inmunidad y aforamiento».
Mientras, UPyD pedirá también al Pleno que hasta que se revise la Constitución y en un plazo máximo de tres meses se supriman «todos y cada uno de los supuestos de inviolabilidad, inmunidad y aforamiento que han proliferado en distintas leyes», sobre todo en las administraciones autonómicas. Para UPyD, en un Estado que se define como social y democrático de Derecho «no tienen cabida los privilegios» y menos los que «obstaculizan la lucha contra la corrupción política».
En casi todos los países de nuestro entorno, estas prebendas se han ido reduciendo con la consolidación de la democracia. En Portugal e Italia, como señala UPyD, no existe más aforado que el jefe del Estado (ante el Supremo y el Tribunal Constitucional, respectivamente). En Francia, hay en torno a 10 o 15 aforados (sólo el presidente, el primer ministro y los ministros). Y en Alemania o el Reino Unido –país donde se creó la figura en la Edad Media–, ya no existe ningún aforado en la actualidad. Además, en ninguno de los países citados los parlamentarios nacionales –y menos los regionales– están aforados.
Inviolabilidad, inmunidad y aforamiento
Inviolabilidad. Impide la apertura de cualquier clase de procedimiento que tenga por objeto exigir responsabilidad a los diputados o senadores por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones.
Inmunidad. Somete determinados procesos al requisito de la autorización de la cámara correspondiente, el conocido como suplicatorio. Además, los que gozan de esta prerrogativa no pueden ser detenidos salvo en caso de flagrante delito.
Aforamiento. Los que disfrutan del mismo sólo pueden ser encausados y juzgados por determinados tribunales previamente señalados: en el caso de diputados y senadores, el Supremo, y los altos cargos autonómicos, en los tribunales superiores.