Yo acuso a Mariano Rajoy de destrozar el Estado del Bienestar: Mariano Rajoy, con las reformas que le imponen desde Bruselas y Berlín está destruyendo el Estado del Bienestar, está quitando a los españoles derechos por los que muchos murieron luchando por su consecución, por los que muchos pasaron largas temporadas en las cárceles franquistas y postfranquistas. Mariano Rajoy está utilizando los mismos métodos y aplicando similares medidas que en el siglo XX implementó Margaret Thatcher en Reino Unido y que llevó a la ciudadanía británica a unos niveles de desprotección propios de la Edad Media. Rajoy y el PP son alumnos de esta mujer, de esta ideóloga del liberalismo económico.
En primer lugar ha derogado derechos de los trabajadores con su Reforma Laboral, Reforma Laboral que casi legaliza un estado de sumisión del obrero al patrón rozando en algunos casos situaciones rayanas a la esclavitud. La Reforma Laboral de Mariano Rajoy lleva al texto legal las reivindicaciones de los sectores más decimonónicos de la CEOE, como, por ejemplo, la casi gratuidad del despido de los trabajadores.
En segundo lugar, y relacionado con el anterior punto, nos encontramos con una supresión de ciertas prestaciones por desempleo y el recorte de una prestación por la que cotiza el trabajador. Aún resuena en las paredes del Congreso de los Diputados aquel ¡¡¡Que se jodan!!! de la parlamentaria del PP Andrea Fabra dirigido a los parados, dirigido a los parásitos del sistema tal y como los ven desde el partido ultraconservador español. El PP lo justifica como una medida para incentivar la búsqueda activa de empleo, lo cual es un insulto para aquellos que han perdido su puesto de trabajo a consecuencia de la ineficiencia de las medidas de su Gobierno y a la inutilidad de la Ministra Fátima Báñez.
En tercer lugar, el Presidente del Gobierno ha dejado en manos de una Ministra sacada de las cavernas de un convento medieval la gestión de la Sanidad pública. La Sanidad es un derecho reconocido por la Constitución Española y el gobierno de Mariano Rajoy y de los gobiernos autonómicos del PP quieren hacer negocio con él a través de privatizaciones con la excusa de que es más barata la gestión externalizada que la gestión pública. Una cuestión económica. Mariano Rajoy trata a las personas como recursos dentro de un balance económico y esta privatización de los servicios sanitarios es una derogación en toda regla del derecho a la Sanidad que, repito, está legislado por nuestra Carta Magna. A esto se une la eliminación de la protección a inmigrantes, a parados o a cualquiera que no cotice, anulando el principio de solidaridad que impera en nuestro sistema hasta que el PP asaltó el poder. Para hacer más doloroso este abordaje a la Sanidad, la ministra Ana Mato, puesta en el cargo por Mariano Rajoy, ha incluido copagos en las medicinas, ha eliminado medicamentos de la lista que subvenciona el Sistema Nacional de Salud, ha suprimido prestaciones y servicios, como los protésicos o los traslados en ambulancia para pruebas o tratamientos.
En cuarto lugar, Mariano Rajoy es responsable de la LOMCE, una Ley promovida por una persona que bien podría haber sido ministro en los gobiernos de Arias Navarro o Carrero Blanco. La Ley Wert vuelve al sistema de clases: los adinerados podrán estudiar, los humildes hasta donde les llegue el presupuesto, pero de la educación universitaria los hijos de los trabajadores se pueden olvidar ya que las tasas que ha impuesto el ministro Wert hacen que se retorne a los tiempos en que los hijos de los trabajadores se veían obligados a abandonar sus estudios por falta de recursos económicos. A esto se une un punto ideológico ultraconservador: la inclusión de la religión católica como asignatura evaluable y válida para la media académica. Wert ha conseguido con su Ley, por primera vez en la historia, que todos los niveles educativos (profesores, padres, alumnos) se unan en su lucha contra esta regresión hacia los modelos franquistas. El ministro Wert, por su ideología propia de un habitante de Atapuerca, ha desafiado, incluso, al Tribunal Supremo, legislando después de una sentencia que condenaba la segregación de los colegios del Opus Dei y les incapacitaba para el acceso a las subvenciones estatales. Un retorno a lo que los españoles ya dejaron atrás en 1975 con la muerte del dictador, o del Caudillo como se le sigue llamando en RTVE.
Detesto a las víctimas que respetan a sus verdugos.