9N, cuenta atrás (últimas noticias)

¿Por qué cinco delitos puede la Justicia pedir responsabilidades penales a Mas? - 10/11/2014 08:55:00
La implicación del Govern de la Generalitat en el proceso participativo celebrado en Cataluña el 9 de noviembre, está siendo investigada por la Fiscalía General del Estado. Durante la jornada de votación, el ministerio de lo Público ha anunciado que continuará recabando datos a la luz de las denuncias existentes para valorar la existencia de responsabilidades penales.Se refiere la Fiscalía a una querella que interpuso UPyD, pidiendo la retirada inmediata de las urnas y que se produjera la detención del president de la Generalitat, Artur Mas, a la consellera de Ensenyament, Irene Rigau y a otros implicados. En la querella, -también contra Rigau y Ramon Espadaler, responsable de Interior- se acusa al president de la Generalitat, Artur Mas, por desobediencia, prevaricación, sedición, omisión de perseguir delitos y malversación de fondos públicos por celebrar la consulta a pesar de su suspensión. SIN RETIRADA DE URNAS PERO CON DILIGENCIAS El titular del juzgado de instrucción número 3 de Barcelona rechazó la petición de paralizar las votaciones del 9-N por considerarlo una medida “desproporcionada”, pero admitió a trámite la querella. Considera el juez que la votación del 9-N podría acarrear delitos de "desobediencia a la autoridad judicial por parte de funcionario administrativo, prevaricación y malversación de caudales públicos". De esos delitos, en opinión del magistrado, serían responsables "las autoridades que actuaran contraviniendo lo dispuesto por la resolución del Tribunal Constitucional" y extenderse "al resto de personas que tienen la condición de funcionarios públicos en cuanto a las actuaciones que fueran contrarias a lo dispuesto" por el TC. JOANA ORTEGA, TAMBIÉN INVESTIGADA El mismo juez ha abierto diligencias a raíz de la denuncia presentada por la formación Plataforma X Catalunya contra la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, por comparecer públicamente para informar de los datos de participación del 9N. La denuncia de PXC, presentada en la tarde del domingo en los juzgados, pedía al juez que ordenara a los Mossos d'Esquadra conminar a Ortega a desistir de comparecer para informar de la jornada de participación del 9-N y solicitaba que, en caso de que esta se negara a hacerlo, fuera detenida.

ya ves txuska ... a estas horas la bolsa parece que no se ha dado por aludida...veremos si lo hacen otros estamentos o grupos....un abrazo....

Si queremos analizar los datos de esta consulta participativa...desde una óptica distinta a la de plantar cara al estado español... y al tribunal constitucional...sin tener en cuenta estos factores y que una parte importante de la sociedad catalana no ha ido a votar porque los partidos unionistas han vetado esta consulta...pues que quiere que le diga. No creía que tuviera que recordarle semejantes evidencias.

yo la analizo desde la perspectiva de la oportunidad que se ha dado sin tanques en la calle para que la gente exprese su opinion de manera democratica...y tu desde una optica de frente...esta clara la diferencia ...no te parece serrallonga...un abrazo...

ahora bien es cierto que ese mas de millon y medio de personas tienen el derecho y el estado la obligacion de no ser ninguneadas...es una parte que aunque no mayoritaria de la sociedad catalana si es sustancial....y ningun pais puede alejar lo sustancial de su patrimonio...habra que buscar los encajes...un abrazo...

No han querido ser cómplices de la "ilegalidad" cometida por el Govern de Artur Mas. Es la principal razón de cuatro catalanes para no participar en el proceso consultivo del 9 de noviembre, igual que tampoco lo hicieron más de cuatro millones de ciudadanos empadronados en Cataluña que estaban contabilizados por la Generalitat. Estos cuatro catalanes recuerdan que el proceso independentista ha causado una fractura social importante entre la ciudadanía, aunque reparten responsabilidades. Consideran que la culpa no corresponde sólo al Govern, sino que el Gobierno de Mariano Rajoy tampoco ha respaldado a los catalanes que se sienten también españoles.

El jurista Alejandro Rusiñol destaca que está de acuerdo en votar siempre y cuando se haga "dentro de un marco constitucional". "No estoy a favor de alentar una ilegalidad", resalta. Rusiñol ha presentado una denuncia ante los juzgados de Mataró contra el proceso participativo por considerar que pueden haberse cometido los delitos de desobediencia a las resoluciones del Tribunal Constitucional y malversación de caudales públicos. En declaraciones a este diario, explica que ayer, "lamentablemente, se pisoteó una vez más el derecho fundamental de los ciudadanos, con el agravante de haberse producido fuera del marco constitucional".

El jurista destaca que el proceso aumenta "el enfrentamiento entre la sociedad catalana que se ve apartada por la ilegalidad y los que se ven impulsados por mensajes totalitarios que sólo buscan el enfrentamiento con el Gobierno". Rusiñol lamenta que los organizadores del proceso participativo afirmasen que votaban contra el Estado español: "Ellos mismos se retratan con sus declaraciones".

Un precedente 'horrible'

Ana Losada, especialista en comercio exterior, no fue a votar porque "no es una consulta legal", sino "un acto político, una votación que escenifica a los catalanes todavía más separados". Losada explica que el proceso participativo "polariza más la situación" ya que los ciudadanos se encuentran entre el Govern de Mas y el Gobierno español. "Ahora se ha abierto el telón y todos están situados en el escenario", destaca, y lamenta que el Gobierno de Rajoy "crea un precedente horrible para el resto de España".

En este sentido, considera que el Ejecutivo de Rajoy "no apoya a los catalanes que piensan diferente", por lo que no se siente identificada con la actuación del Gobierno respecto a los ciudadanos que han vivido el proceso independentista. "Como ciudadana me uniré a otras personas que también se sientan catalanes y españoles a la vez", destaca. También denuncia el uso de la educación por parte del Govern para realizar la consulta y recuerda que en los últimos años han ido colocando a directores de centros educativos afines para que ahora "permitan abrir las puertas para realizar las votaciones".

"Para mí la imagen de la jornada es ver a Jordi Pujol votando. Lo comparo con el proceso, ya que representa una persona que ha puesto a Cataluña como escudo para no querer hablar de todo lo que ha confesado y del dinero que tenía fuera. Es lo que hace daño". De esta forma Alfredo Serrano, un jubilado, explica cómo vivió ayer el proceso participativo. No fue a votar porque "no era una votación legal". "Yo cada cuatro años ejerzo mi derecho a decidir, por eso si alguien quiere que decidamos, pues que convoque elecciones y lleven la independencia como primer punto de su programa electoral", afirma Serrano.

Una ilegalidad

Como concejal en el Ayuntamiento de Cabrils (Barcelona) por el partido Vecinos Independientes de Cabrils, Serrano presentó ayer una denuncia en el juzgado de Mataró contra el Consistorio por el uso de la página web para animar a votar. "Es una malversación de fondos", destaca Serrano, que recuerda que él no ha participado de esta decisión. "Los concejales somos garantes de la legalidad, por eso, ¿cómo puedes firmar una sanción si instas a la desobediencia?", destaca. "Por mi condición de concejal electo y al jurar la Constitución, no puedo participar en una ilegalidad", añade.

El estudiante de Derecho Robert Albiol argumenta para no ir a votar que el proceso no tiene "las reglas claras, ni existen garantías, ni censo". "Con estas normas no dejan votar a un catalán que viva en el resto de España, pero sí a uno que está en otro país o a un extranjero que resida desde hace un año en Cataluña", explicó Albiol. Además, indica que la votación de ayer supone "un fraude de ley" ya que el Tribunal Constitucional suspendió el proceso y considera que se deben cumplir sus resoluciones.

Albiol también destaca que la votación "significa una brecha social entre los catalanes que cumplen la legalidad y los que rompen con todo". Por eso, lamenta que los independentistas se sientan con el derecho a "decidir por ellos mismos el futuro de todos los españoles".

El 9-N no habrá decidido nada, pero después del 9-N nada podrá ser igual. Una movilización como la de ayer, en la que 2.250.000 catalanes desafiaron al Estado (y al mal tiempo) con una papeleta en la mano, constituye un acto de afirmación política bastante más serio que esa ridícula anécdota a la que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quiso rebajarla el sábado al referirse a ella como «lo de mañana». La Catalunya que quiere ser consultada -con todas las garantías- sobre su futuro sigue en pie y en marcha. Y exige algún tipo de respuesta. La estrategia gubernamental del quietismo se ha revelado estéril, lo mismo que la de la prohibición y que la del desprecio. Con estas recetas, el suflé no baja. Y sin embargo, el Ejecutivo del PP sigue empeñado en creer (o en hacer creer) que el problema no es político, sino jurídico. Así se desprende del hecho de que el representante elegido para fijar la posición del Gobierno no fuera otro que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, que se limitó a calificar lo acontecido ayer de «acto de propaganda sin validez democrática». Sin más. Por el contrario, Artur Mas no dudó en arrogarse todo el protagonismo al comparecer para hacer la primera valoración del Govern tras el cierre de los centros de votación. Calificó la movilización de «éxito total», pidió apoyo internacional para forzar a Rajoy a negociar la celebración de «un referéndum legal y vinculante», destacó la «simbiosis perfecta entre instituciones, tejido asociativo y personas» y amagó con situarse ya en un escenario de elecciones plebiscitarias al lanzar un mensaje inequívoco al líder de ERC, Oriol Junqueras: «Cuando vamos juntos avanzamos más y mejor». Primer acto de una campaña en la que el president parte indiscutiblemente reforzado. Si es que accede a convocar los comicios. PORCENTAJE INSOSLAYABLE Las cifras. Participaron 2.250.000 personas, lo que supone algo más que la suma de los votos que los partidos del frente proconsulta obtuvieron en las últimas elecciones al Parlament y representa casi un 36% sobre un censo estimado de 6,3 millones. Sería un porcentaje bajo si esto fuera una convocatoria electoral ordinaria. Es un registro estratosférico para una 'costellada' («de 'costellada' en 'costellada' hasta la victoria final» es el nuevo lema del independentismo 'enragé', a partir de una expresión acuñada por el periodista y activista Antonio Baños). Y es una cifra insoslayable en una seudoconsulta alegal sin campaña ni censo ni voto por correo y que el Gobierno central y varios partidos catalanes habían llamado a boicotear. El escrutinio aportó pocas sorpresas y, como era previsible, la mayoría del sí-sí fue abrumadora. La 'consellera' de Governació, Joana Ortega -el Govern se implicó absolutamente en la comunicación de los datos-, dio las cifras pasada la medianoche con solo el 88,4% de las mesas escrutadas. De las papeletas contabilizadas a esa hora, el 80,72% habían escogido la opción del sí-sí, el 10,11% optaban por el sí-no y el 4,55% se inclinaban por el no. UN CLIMA BÁLTICO La jornada se inició con clima báltico y colas soviéticas. En el argumentario que el Gobierno español suele utilizar contra el discurso independentista, una imagen recurrente es la de una Catalunya que tendrá que salir de la Unión Europea y ponerse «a la cola» para negociar su ingreso. Bien, a juzgar por lo visto ayer, no parece que la perspectiva de tener que guardar cola vaya a desalentar al soberanismo. Las imágenes de largas filas de ciudadanos ante los puntos de votación («de participación», según la jerga eufemística acuñada por el Govern) determinaron ya a primera hora de la mañana el estado anímico del «proceso» (otro eufemismo). El 9-N era un éxito casi antes de empezar. A ello contribuyó, sin duda, la incertidumbre jurídica alimentada en los últimos días por la suspensión de la neoconsulta decretada por el Tribunal Constitucional a instancias del Gobierno central. La posibilidad de que los centros de enseñanza habilitados como colegios electorales se vieran obligados a cerrar sus puertas en algún momento del día por imperativo judicial empujó a cientos de miles de catalanes a madrugar para poder votar cuanto antes. 'Ben d'hora, ben d'hora', como recomendaba Pep Guardiola, que voló el sábado desde Múnich a Barcelona a fin de tomar parte en el proceso. Los temores se revelaron infundados. La fiscalía y los jueces de guardia impusieron el criterio de considerar «desproporcionada» una eventual retirada de las urnas, aunque abrieron diligencias para estudiar si pudo existir delito de alguna clase en la actuación de los organizadores de este 9-N unplugged («si buscan un responsable, soy yo», advirtió Mas). La prudente medida de jueces y fiscales propició que la jornada transcurriera sin apenas incidentes -más allá de algunos altercados protagonizados por gupúsculos de ultraderecha que trataron de impedir que la gente votara, ya fuera sellando las puertas de los centros, intimidando a los voluntarios o, como ocurrió en Girona, intentando romper las urnas-, pero generó un visible malestar entre algunos dirigentes del PP catalán, que habrían deseado una actitud más enérgica por parte del Ejecutivo de Mariano Rajoy.

lo del clima baltico no es cierto ...mas del doble de temperatura...y lo de las colas sovieticas puede ser una imagen a la que esten abocados....eso es cierto....la participacion es la que es...el porcentaje a la albanesa...nada que no supieramos que pudiera ocurrir...los temores se demostraron infundados ..es decir algien mintio....jaumes estamos como estabamos...no hay mas...un abrazo....