Autonomia catalana suspendida.

ESPAÑA / EL DESAFÍO INDEPENDENTISTA
El Constitucional suspende por unanimidad la consulta soberanista

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El desafío independentista
Hace 1 minuto

El pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha suspendido hoy, de forma cautelar y por unanimidad, la consulta soberanista catalana al admitir a trámite los recursos de inconstitucionalidad presentados por el Gobierno contra la convocatoria del 9 de noviembre.

La decisión ha sido adoptada en un pleno convocado de forma urgente, tras presentar esta mañana el abogado del Estado en el Registro del Constitucional los recursos del Ejecutivo contra ley de Consultas, aprobada el pasado día 19 por el Parlamento catalán, y contra el decreto de convocatoria, firmado el sábado por el presidente de la Generalitat, Artur Mas.

La interposición del recurso del Gobierno ha sido anunciada por el propio presidente, Mariano Rajoy, en una comparecencia ante los medios de comunicación después de una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros.

La suspensión se ha producido de forma automática, como está establecido cuando es el Gobierno el que presenta los recursos de inconstitucionalidad y lo solicita de forma expresa.

La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional impone que el tribunal de garantías constitucionales debe decidir si prolonga esa suspensión temporal antes de que pase un plazo de cinco meses o, en su caso, la levanta.

Por tanto, aunque la suspensión es cautelar y no supone pronunciamiento alguno sobre el fondo del asunto, podría extenderse hasta que el TC resuelva el recurso, es decir, la legalidad de la convocatoria.

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¿Pero esto no está "repe"?

Cinco razones por las que la ley de Consultas es inconstitucional

Sede del Tribunal Constitucional
Un referéndum encubierto
Cataluña puede celebrar consultas populares en virtud de su Estatuto, pero no una como la del 9-N, pues, a juicio de la Abogacía y del Consejo de Estado, es un referéndum consultivo en toda regla. Solo el Gobierno tiene la posibilidad de convocar un referéndum de estas características.

Administración electoral paralela
La relación de «personas legitimadas» para participar en las consultas populares contenida en el artículo 5.1 de la ley tampoco se acomoda a la ley del régimen electoral. Se inventan su propio censo y crean una «administración electoral paralela», lo que es también inconstitucional.

Cesión de datos para el censo
La cesión de datos personales (desde el padrón municipal de los ayuntamientos) a la Comunidad Autónoma sin consentimiento de los interesados (lo que prevé la ley de consultas) no se incardina en lo dispuesto ni en la ley de bases del régimen local ni en la ley de protección de datos.

Titular de la soberanía
La celebración del 9-N supondría reconocer a una fracción del pueblo español una capacidad que excede de las competenencias autonómicas: se llama a los catalanes a decidir sobre una cuestión (la constitución de Cataluña como Estado independiente) que afecta a todos los españoles.

Decisiones trascendentes
El artículo 3.1 de la ley de Consultas está formulado en términos tan genéricos que tales consultas podrían llegar a alcanzar a aquellas «decisiones políticas de especial trascendencia» que son objeto del referéndum consultivo que la Constitución Española reserva al Gobierno de la Nación.

El BOE publica la suspensión
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este martes las decisiones del Tribunal Constitucional de admitir a trámite los recursos del Gobierno contra la Ley de Consultas catalana y la convocatoria de la consulta soberanista del 9 de noviembre, así como la suspensión de ambos y de «cuantos actos o resoluciones hayan podido dictarse en aplicación de los mismos».
El Constitucional precisa que la ley y la convocatoria están suspendidas desde el mismo lunes, fecha de la presentación del recurso, para las partes en el proceso, y para terceros desde su publicación en el BOE.

TAMBIÉN LA DEL PNV
La magistrada del TC propuesta por CiU, contra el referéndum
Encarnación Roca y Adela Asúa (del PNV) se sumaron sin matices a la posición unánime del Constitucional para suspender la ley y el decreto de Mas.

En la federación nacionalista CiU contaban con la inmediata suspensión cautelar de la ley de consultas y del decreto para el referéndum del 9-N, pero no con la unanimidad exhibida por el Tribunal Constitucional.

Encarnación Roca Trías, propuesta por CiU en la última renovación del Alto Tribunal en 2el año 012, se sumó a la admisión a trámite de los dos recursos, así como la vicepresidenta, Adela Asúa Batarrita, propuesta por el PNV. En la ficha de Encarnación Roca en el TC, además de sus extensos méritos, se hace constar que está en posesión de la "Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya".

En CiU atribuyen esta postura a la presión que habrían ejercido sobre ambas magistradas el resto de los componentes del Constitucional, aunque la actitud de Encarnación Roca ha sembrado ciertas dudas en el sector más realista de Convergència sobre la consistencia jurídica tanto de la ley autonómica como del decreto del referéndum. El resto intentaba justificar a Roca y confiaba en su voto particular cuando el Constitucional resuelva definitivamente respecto a la ley de consultas catalana.

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Sin embargo, la realidad es que los doce magistrados que integran el TC acordaron este lunes la suspensión de la ley de consultas y el referéndum al unísono basándose en el artículo 161.2 de la Constitución española que señala "el Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses".

Pese a que CIU entienda la postura de Roca como una traición lo cierto es que a la magistrada no le quedaba ayer otra opción que votar a favor de la admisión a trámite de los recursos de la Abogacía del Estado. Si no lo hubiera hecho habría prevaricado.

Carles Viver Pi-Sunyer, presidente del Consell Assessor per a la Transició Nacional, el organismo que planifica la independencia, también fue magistrado del Constitucional a propuesta de CiU, entre 1992 y 2001.

La Vanguardia dice con toda su mala intención que "el TC suspende la consulta horas después del recurso". Que hay que ver qué prisas cuando les interesa, viene a decir. "El recurso alega que se busca un referéndum sobre la independencia", ¡qué cosas piensan en Madrit! El editorial, porque hay editorial, dice que aunque parezca que la cosa está más que calentita, no es así para nada. "Estamos convencidos de que no hay más salida que un pacto y que el conflicto institucional que ahora parece tan grave se resolverá mediante un pacto", y si se han puesto tan burros es porque "estamos esperando que Rajoy concrete su oferta de diálogo, Catalunya la escuchará con gran atención". ¡Ángela María!, haber empezado por ahí. Ofertas, regateos... Dolores García se ha coscado de que hay señales. "Rajoy repitió ayer varias veces que la Constitución se puede reformar si bien evidenció que ese camino no le hace ni pizca de gracia". Y "Mas, por su parte, ha transmitido algún mensaje que podría leerse como invitación a buscar una salida". Si Rajoy le deja hacer su consulta, "el resultado más probable sería sí-no (sí a un estado, pero no independiente), de forma que ambos saldrían ganando (win-win): Mas ganaría porque se había votado y habría salido una mayoría de síes, mientras que Rajoy ganaría porque cerraría el conflicto sin que se llegase a la independencia". Y aquí no ha pasado nada. Mira qué par de listillos.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha advertido hoy a CiU de que incumplir la decisión del Tribunal Constitucional de que se suspendan todos los actos relacionados con la consulta que pretenden celebrar el 9 de noviembre es incompatible con la democracia.

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ufffffffff comienzan las divisiones y es que esto de la independencia es muy bonito pero si por seguir con esto voy a la carcel ay ay ay

La reunión del Consell Executiu de este martes presidida por Artur Mas ha sido una de las más intensas y, en algunos momentos, más bien tensa, de las mantenidas en esta legislatura. El Govern tenía que discutir los acontecimientos de las últimas horas, marcados por la suspensión de la ley de consultas catalana y el decreto de convocatoria del 9-N. Al menos un miembro del ejecutivo catalán ha planteado abiertamente que debían suspenderse todas las actuaciones relacionadas con la consulta. La vicepresidenta Joana Ortega (UDC) ha dejado claro que no se podía ir más allá. Algunos consellers de Convergència han replicado y el debate ha sido en algunos momentos áspero. El titular de Economia, Andreu Mas-Colell, ha sido uno de los que se ha mostrado más airado.
Tanto Ortega como el conseller del Interior, Ramon Espadaler, son los miembros del Govern más afectados por las decisiones relacionadas con la convocatoria de la consulta. La vicepresidenta tiene a su cargo la organización del dispositivo del 9-N y de ella dependen todos los funcionarios de la Generalitat. Del conseller de Interior dependen los Mossos d'Esquadra, cuya cooperación sería necesaria para un correcto desarrollo de una jornada electoral. Ambos habían mantenido hasta ahora una actitud fiel a las directrices del president Mas, pero consideran que el punto máximo de pulso al Estado al que se podía llegar acaba de cumplirse con la suspensión declarada por el Tribunal Constitucional.

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