Primeros síntomas económicos de quebecquismo en Cataluña

Este domingo fue un día complicado para muchos empresarios catalanes. El viernes se habían ido de fin de semana con la expectativa de que hoy Artur Mas firmaría el decreto de convocatoria de elecciones autonómicas y ayer vieron deshacerse esta esperanza, cuando Carles Puigdemont era investido presidente de la Generalitat. Para el sector, antes de pactar con la CUP e incrementar la inseguridad jurídica, era preferible que se produjera un nuevo referéndum en Cataluña.

Además, el nuevo presidente no convence a los empresarios. Puigdemont, al contrario de Artur Mas, es una figura menos cercana a la clase empresarial catalana, que está preocupada por los pasos que dará.

Las patronales, a la espera
Las patronales empresariales se mantuvieron ayer en silencio al respecto del parto, si bien alguna de ellas reconocía a este diario que el acuerdo entre Junts pel Sí y la CUP había sido totalmente inesperado para ellos, y que, sin más datos, eran incapaces de emitir una opinión.

El nuevo presidente de la Generalitat, sin embargo, aportó el domingo bastantes pistas sobre cuáles van a ser sus primeros movimientos, que pasan por poner en marcha el proceso de ruptura con España y revivir el contenido y el plan incluido en la resolución independentista, aprobada el pasado 9 de noviembre por el parlamento de Cataluña y anulada por el Tribunal Constitucional en diciembre.

La decisión de Puigdemont de mantener vivo el proyecto secesionista impactará negativamente en la economía catalana y mantendrá frenadas las inversiones. "Los proyectos de inversión empresariales pendientes se van a quedar congelados", anticipa Ferran Brunet, profesor de Economía de la UAB y responsable de esta área en la Societat Civil Catalana. "La economía también se va a resentir, veremos un proceso de degradación económica y España también se verá afectada", añade.

Brunet no descarta que, si el proceso independentista se consolida, la economía regrese a la recesión. "El coste para Cataluña ya es notable, pero puede incrementarse", adelanta. La Societat Civil Catalana calcula, que comparativamente con otras comunidades autónomas, Cataluña ha perdido tres puntos de PIB en los últimos años por los efectos del auge del independentismo.

Además, la deslocalización de empresas en Cataluña ha sido continuada. Desde el gobierno catalán y desde otros sectores se ha mantenido que esta fuga de empresas se debe a la peor fiscalidad que soportan las empresas catalanas.

Ferran Brunet reconoce que influye y que las empresas catalanas viven un "infierno fiscal?", pero también defiende que el auge del independentismo ha impulsado la huida de empresas, con el consiguiente impacto negativo en la creación de empleo y de riqueza.

Su opinión la comparten otras asociaciones empresariales catalanas, entre ellas el Círculo de Economía. "Podemos afirmar que la ruptura de la legalidad que implica esa declaración ha tenido, desde el minuto uno de su aprobación, efectos negativos ciertos y objetivos en las decisiones empresariales de inversión así como en localización de sedes corporativas en Cataluña", afirmaba en un comunicado la junta directiva del Círculo de Economía que consideraba "indispensable y urgente corregir el rumbo que la política catalana ha iniciado con la declaración aprobada por el Parlament de Catalunya", añadía. El acuerdo de investidura alcanzado ayer no es la mejor manera poner fin a ese proceso.

El factor de la inseguridad
Amazon es una de las empresas que tiene pendiente inversiones en Cataluña. La Generalitat anunció a mediados de diciembre a bombo y platillo que había adjudicado al gigante tecnológico una parcela de 150.000 metros cuadrados por 30 millones de euros. En ella, Amazon planea poner en marcha su plataforma logística para el sur de Europa y la Generalitat ha explicado que creará 2.000 empleos.

Desde Amazon no han querido realizar valoraciones sobre los cambios políticos vividos por Cataluña en los últimos días y si podrían afectar a su decisión, pero han confirmado a elEconomista que el proyecto se encuentra en etapa de due-diligence y han recordado que la oferta que realizó no es vinculante. El plazo para responder si acepta la adjudicación es de un mes desde que ésta fuera comunicada oficialmente. Amazon señala que dicha comunicación se produjo días después de que fuera publicada por los medios, por lo que todavía está dentro del plazo para decidir.

Los empresarios están preocupadas por el impacto que puede tener en Cataluña un proceso rupturista ilegal, como el que impulsa la declaración independentista. Son varias las voces que han reclamado un espacio jurídico claro y estable y que están preocupados por el riesgo de que Cataluña salga del euro si impone la independencia.

PODRÍA PRORROGAR LOS PRESUPUESTOS
Puigdemont hereda de Artur Mas una deuda con proveedores de mil millones

Oriol Junqueras acaba de tomar posesión de su cargo d viceepresidente y consejero de Economía.

Moody's amenaza a la Generalitat con bajar su 'rating' de 'bono basura'

Los bonos catalanes, 'en perspectiva negativa' por 'el aumento de tensión' .

El nuevo vicepresidente económico de la Generalitat, Oriol Junqueras, deberá pedir un apoyo financiero este año al Estado de otros 6.600 millones para poder gestionar las deterioradas arcas públicas que hereda. Esa es la estimación de las «altas necesidades de financiación» que tendrá la nueva Generalitat en su primer año de mandato, según un duro informe de la agencia de calificación de solvencia Moody's, que considera imprescindible para Cataluña el rescate estatal. Mientras no haya nuevo gobierno, el líder de ERC deberá negociar con el ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro. Junqueras ha asumido la cartera económica con una muy deteriorada situación. «La deuda de Cataluña es la más alta de las regiones españolas al alcanzar 68.000 millones de euros, lo que equivale al 33,6% del PIB regional, cuando la media es del 23,5%». El grueso de esa deuda es con el Estado, que ha inyectado más de 50.000 millones desde 2012 a la Generalitat a través de, sobre todo, los préstamos a interés cero del llamado Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). Pero el nuevo vicepresidente económico de la Generalitat ni siquiera podrá limitarse a convencer al Gobierno central para una nueva inyección del FLA, deberá hacer ajustes él mismo. «Aunque la Generalitat se beneficia de financiación barata del Gobierno central, Moody's subraya que este factor no basta para rebajar la deuda si no continúan las medidas de ajuste de las que la región es responsable». Este hecho supone que Cataluña se encuentre en bono basura (Ba2), peor que el resto de comunidades autónomas y tres peldaños por debajo de la solvencia del Gobierno central, que está en Baa2 [fuera del bono basura] con perspectiva positiva.La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) estima que la Generalitat ha cuadriplicado en 2015 el objetivo de déficit que tenía asignado, lo que implicaría que en 2016 necesitará emprender un ajuste adicional de 2.500 millones en sus cuentas públicas.Moody's duda seriamente de que Junqueras vaya a tomar medidas de ajuste para cumplir el objetivo de déficit y es una de las razones de su negativo primer informe sobre el nuevo Gobierno de la Generalitat. En un primer mazazo económico internacional al nuevo Govern, esta agencia empeora su visión sobre la solvencia de Cataluña y amenaza al nuevo Ejecutivo catalán con rebajar aún más su rating, pese a que se encuentra ya en bono basura desde la etapa de Artur Mas. En un informe emitido en Londres para sus clientes en todo el mundo, la agencia sitúa la actual calificación de los bonos de la Generalitat de Ba2 en «perspectiva negativa», lo que implica una amenaza. Moody's justifica esta acción porque, tras el nombramiento de Carles Puigdemont al frente de la Generalitat, « aumenta el riesgo de que se paralicen los esfuerzos de consolidación fiscal [ajuste de las cuentas públicas] en la región» y porque «el incremento de la tensión política entre Cataluña y el Gobierno central puede afectar negativamente al clima de inversión en la región». Añade un tercer motivo, aunque señala que la posibilidad de que ocurra es «pequeña». Se trata del riesgo de que la escalada de tensión política provoque que el Gobierno central frene su apoyo a la Generalitat a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).

L'empresa tecnològica Toro Development trasllada la seu central de Taiwan a Barcelona

http://www.naciodigital.cat/noticia/101623/empresa/tecnologica/toro/development/trasllada/seu/central/taiwan/barcelona

El nuevo Gobierno de Carles Puigdemont ya ha manifestado su intención de aprobar para este año un Presupuesto “expansivo”. Una decisión que choca con Hacienda, que exigirá a la Generalitat nuevos esfuerzos para que Cataluña reduzca su abultado déficit público. De hecho, el Gobierno catalán deberá presentar un plan de ajuste cuando en marzo se confirme de forma oficial que en 2015 rebasó el objetivo de estabilidad.
Oriol Junqueras se ha convertido en el hombre fuerte del Ejecutivo catalán de Carles Puigdemont. Ocupará el cargo de vicepresidente y será el titular de la cartera de Economía en sustitución a Andreu Mas-Colell. Su primera misión será sacar adelante unos nuevos Presupuestos para 2016 y deberá negociar las nuevas cuentas con la CUP para pasar el trámite parlamentario. Hasta que ello no ocurra, se mantiene en vigor la prórroga de los Presupuestos de 2015. La formación anticapitalista exige un incremento notable del gasto social y el presidente del Ejecutivo catalán, Carles Puigdemont, defiende también la aprobación de unas cuentas expansivas. Según el calendario soberanista, éstos deberían ser los últimos presupuestos autonómicos antes de la creación del Estado catalán.
Las posibilidades de que Cataluña aborde un aumento del gasto público en el corto plazo son prácticamente nulas y el Ministerio de Hacienda, que actualmente sustenta financieramente a la Generalitat, exigirá nuevos ajustes. Cataluña incumplió en 2015 el objetivo de déficit público, aunque todavía no se conoce la cifra exacta. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) estimó que el desfase se situó en torno al 2,9% del PIB. Desde ese nivel, los números rojos deberían reducirse este año hasta el umbral del 0,3% del PIB. Ello implica un esfuerzo equivalente al 2,6% del PIB. El ajuste se reduce hasta el 2% si se tiene en cuenta que Eurostat obligó a elevar el déficit catalán de 2015 en 1.300 millones por inversiones público-privadas realizadas en el pasado y que suponen una operación puntual que no se repetirá en 2016.
Cataluña recibirá más recursos del sistema de financiación, pero no tendrá margen para elevar el gasto público
Un ajuste de 1.500 millones
El Gobierno catalán defiende que sí tiene margen de maniobra porque el próximo ejercicio aumentarán significativamente los recursos del sistema de financiación por la mejora de los ingresos por la liquidación positiva de 2014. Es cierto. Sin embargo, según la Airef, “ello permite cubrir un 0,9% de dicho ajuste”. Es decir, sin hacer nada, y teniendo en cuenta el incremento de ingresos del modelo de financiación, Cataluña parte con un déficit previsto del 1,1%, que debería reducir al 0,3%. Implica un ajuste de unos 1.500 millones.
Así, las posibilidades de explorar medidas sociales ambiciosas, como exige la CUP, chocan contra la realidad. De hecho, el 31 de marzo se confirmará de forma oficial que Cataluña incumplió el objetivo de déficit de 2015. Ello obligará al Ejecutivo de Carles Puigdemont a aprobar y presentar un plan económico-financiero (PEF), en el que deberá incluir medidas de ajuste. Así, la confección de los “últimos y expansivos” Presupuestos autonómicos coincidirán en el tiempo con la elaboración del plan de ajuste que exige la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Esta normativa contempla que Hacienda puede sancionar y hasta intervenir una autonomía que incumple el déficit y no aplica medidas para corregirlo.
A lo largo del día de hoy, está previsto que Hacienda publique el informe de seguimiento del plan económico-financiero en vigor y que Cataluña tuvo que presentar por incumplir el déficit de 2014. En ese informe, el departamento de Cristóbal Montoro alertará del desvío y reclamará aplicar medidas de ajuste.
Para acercarse al objetivo de déficit del 0,3% del PIB de este año –cumplir es inviable– Cataluña debería recortar el gasto o subir la recaudación. Como repitió Andreu Mas-Colell, las posibilidades de reducir las partidas presupuestarias son limitadas tras los tijeretazos aplicados en el pasado. Tampoco existe prácticamente margen para elevar los impuestos. Cataluña es la comunidad con un IRPF más alto y los catalanes también pagan por encima de la media en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y sobre actos jurídicos documentados, en el impuesto sobre el patrimonio o en los tributos que gravan las sucesiones y los hidrocarburos.
En una entrevista a TV3 el pasado jueves, Puigdemont aseguró que prevén ahorros en el capítulo de intereses de la deuda. Si bien esta partida se reducirá, supondrá un colchón insuficiente para sustentar subidas del gasto público. Cataluña puede priorizar las medidas sociales recortando en otras áreas, pero no incrementado el presupuesto total. Las cuentas que apruebe la Generalitat deben contemplar una reducción del déficit público al mencionado 0,3% del PIB.
Es cierto que el papel lo aguanta todo y cuadrar las cuentas en una hoja de excel resulta relativamente fácil. Un recurso típico y muy utilizado por las autonomías es sobreestimar los ingresos. Por ejemplo, en las cuentas de 2015, las comunidades presupuestaron 1.340 millones por la venta de inmuebles y terrenos. Y los últimos datos de ejecución publicados reflejan que, hasta octubre, solo habían logrado 83 millones. Esa abismal diferencia entre la previsión y la realidad se repite cada año.
Las cuentas catalanas siguen intervenidas

Nada ha cambiado. Fuentes de Hacienda señalan que la formación del nuevo Gobierno en Cataluña no supone ninguna modificación respecto al cumplimiento de las exigencias impuestas por el Ejecutivo central para acceder a los mecanismos extraordinarios de liquidez.
El pasado mes de noviembre, el Gobierno de Mariano Rajoy acordó el reparto del remanente del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), sin embargo, estableció condiciones adicionales para Cataluña. Obligó a la Generalitat a conectarse telemáticamente con el portal FACe, que es el servicio estatal de entrada de facturas electrónicas. Además, exigió que el interventor de la Generalitat emitiera un certificado mensual de la ejecución de todo el Presupuesto, dejando constancia de que los gastos no contravienen los ordenamientos jurídicos. El Ministerio de Hacienda defendió que todas esas medidas tenían como objetivo verificar que la Generalitat utilizaba el dinero del FLA para abonar facturas de servicios básicos.
El anterior Gobierno catalán cumplió las condiciones y recibió 3.000 millones de los 7.000 millones del remanente del FLA. Aun así, recurrió la condicionalidad impuesta ante el Supremo. El Gobierno de Carles Puigdemont denuncia que parte de los impuestos que abonan los catalanes regresan a la comunidad en forma de préstamo. Hoy, el único banco que presta dinero a la Generalitat a tipos de interés asumibles se llama Ministerio de Hacienda. Aun así, todavía no se han producido contactos entre el equipo económico de Oriol Junqueras y el departamento de Cristóbal Montoro.

CATALUÑA / EMPRESAS
La planta Seat en Martorell fabricó 477.000 vehículos en 2015, su cifra más alta en 14 años

El presidente de la firma automovilística española Seat, Luca de Meo, ha asegurado que el centro que posee la compañía en Martorell (Barcelona)...

Aunque los independentistas siguen defendiendo que la secesión de Cataluña le aportaría pingües beneficios económicos, casi todos los estudios académicos coinciden en que los costes serían mucho mayores que los beneficios que le aportaría. El último en realizar una estimación ha sido el Centro de Predicción Económica (Ceprede). Este instituto, vinculado a la Universidad Autónoma de Madrid con el apoyo de la Cámara de Comercio de Madrid y diversas fundaciones, sostiene que, de independizarse, Cataluña podría perder de entrada hasta el 14% de su PIB, lo que en términos nominales equivale a casi 28.000 millones de euros.
El resultado de su estimación es la diferencia que resulta de restar a los posibles beneficios que le aportaría a Cataluña su independencia los costes. En la parte de las ganancias, Ceprede coloca la desaparición del déficit fiscal. En el escenario más favorable, el centro calcula que el saldo podría acercarse al 9% del PIB. No obstante, según los cálculos oficiales de las balanzas fiscales, el beneficio se limitaría al 4% del PIB, advierte el análisis.
El problema para Cataluña es que este potencial beneficio del 4% no alcanza para compensar las hipotéticas pérdidas, que pueden llegar hasta el 18% de su PIB. El principal coste que enfrentaría la comunidad serían la posible caída de las exportaciones al resto de España, bien por el llamado “efecto frontera” -mayor propensión a comerciar con el país propio- o bien por el boicot a los productos catalanes.
“La aportación actual de las exportaciones que llegan al resto del territorio nacional se situaría en torno al 36% del PIB catalán, mientras que el efecto frontera podría suponer una reducción de entre el 30% y el 50% del comercio según las experiencias previas de secesión en el este europeo, el equivalente a entre el 11% y el 18% del PIB catalán”, advierte Ceprede.
Problemas de liquidez
El centro atisba también, aunque no se atreve a cuantificarlo en términos de impacto en la riqueza, un complejo escenario de liquidez para una Cataluña independiente. Como ha advertido la Unión Europea, su separación de España implicaría su salida automática del euro.
“Una posible salida de la moneda única podría inducir movimientos de deslocalización de entidades financieras que, de otro modo, no podrían acudir a los recursos de liquidez del Banco Central Europeo, ni podrían utilizar activos financieros financieras del nuevo estado como garantías colaterales para adquirir dicha liquidez”, asegura el informe. “Esta deslocalización de entidades financieras podría provocar un efecto de reducción de la oferta monetaria en Cataluña como consecuencia de una disminución de depósitos y otros activos líquidos”, concluye.

Leer más: La independencia le costaría a Cataluña 28.000 millones, el 14% de su PIB http://www.larazon.es/economia/la-independencia-le-costaria-a-cataluna-28-000-millones-el-14-de-su-pib-IE11734914#Ttt1OSyiRScsZe1k
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