Por una vez estoy totalmente de acuerdo en todo lo que expones.....
pero no te acostumbres que eso suele ser muy malo(Broma) Lo de estar de acuerdo si, no es broma, sino una realidad, y es lo que te he venido a decir más o menos.
pero no te acostumbres que eso suele ser muy malo(Broma) Lo de estar de acuerdo si, no es broma, sino una realidad, y es lo que te he venido a decir más o menos.
Que no haría falta movilizar al ejercito, que con cuatro guardias civiles y un buen juez se acaba el problema.
Lo de que Escocia e Inglaterra eran países que se unieron y no así Cataluña es simplemente uno de los numerosos sofismas que se vienen planteando en esa cuestión. El meollo es que allí han resuelto el problema y aquí lo dejamos que se pudra, como suele ocurrir desde hace siglos. Eso sí es historia y no sofisma.
En cuanto al derecho por parte de otras regiones y pueblos, más de lo mismo ¿Cómo van a tener derecho a algo que ni siquiera está planteado? ¿es que si en el pueblo de al lado les gusta más el té que el café, yo también tengo que tomar té?
El silencio es hermoso cuando no es impuesto.
Hombre, haber empezado por ahí y nos hubiéramos ahorrado todo el debate. Ya veo que, al final, no se trata ni de Constitución ni de democracia.
Ya me estaban mosqueando tantas referencias tuyas a la dictadura, ahora está claro.
El silencio es hermoso cuando no es impuesto.
Ya que la policía detiene a los que no cumplen con la ley y no hay nada m´s democratico que sea un juez quien juzgue. Pareciera el resto del hilo, el juez sería para juzgar si las cosas se han hecho conforme a ley, no tiene que dictar sentencia en el sentido que se suele pensar. Pero repito que todo tiene su procedimiento legal y juridico, lo que no puede ser es que me salto la ley porque me sale de los mismos y declaro territorio independiente tal región. Y como ya se ha comentado por activa y por pasiva esto daría lugar a la ley de la selva, pues por las mismas los habitantes del nuevo estado dirían pa que huevs voy a pagar impuestos a estos que nos gobiernan, que se pongan a trabajar como todos,y se instaura una anarquia, y luego no pueden aludir a la ley cuando ellos fueron los primeros en saltarsela, no tienen razonamientos morales para hacer cumplir la ley a nadie.
a los saharauis que se pensaban que les iban a dar el oro y el moro, nunca mejor dicho. Y como siempre vendrían de nuevo a que retornaran al antes, y de hecho muchos de estos nacionalistas de pacotilla, me refiero a nacionalistas no de convicion, esos me merecen el mayor de los respetos, yo me estoy refiriendo a los oportunistas de eso qeu esperan a ver que cae con la nueva situacion y sino nos interesa pues cambiamos a la situación anterior, claro que los otros les mandaremos a tomar aire, que es muy sano. Pero es que es muy preocupante lo oida a muchos de estos nacionalistas, que superan con creces a los que realmente lo son de espiritu y verdad. Repito, para mí estos tienen todo mi respeto, siempre que intenten hacerlo conforme a ley todo el proceso.
EStamos hablando de proceso independencia, para ello la constitución dice superclaramente todos los pasos a dar y nadie se puede negar a ello siempre que se sigan las normas establecidas, tanto de procedimiento, como numerico. Lo que no puede ser que x personas de un parlamento, por que les ha salido de los mismos decidan por los 7 millones de catalanes que hay,para eso ya está expuesto el proceso y las mayorías necesarias, y no creo que sea la mitad más uno, como se desea.
El Gobierno está preparado para llevar al Tribunal Constitucional el simulacro de consulta anunciado por la Generalitat para el 9 de noviembre. Mañana se cumplen los siete días hábiles de trámite de audiencia previstos en el edicto publicado el viernes 17 en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma catalana, y que contempla el fichero de participantes en la consulta ilegal. A partir de este momento, cuando la creación de ese fichero sea «oficial» y firme, la Abogacía del Estado podría impugnarlo ante el TC denunciando el incumplimiento de la suspensión de la ley de Consultas. Fuentes próximas a los servicios jurídicos del Estado indicaron que la fórmula prevista sería el incidente de ejecución, al igual que los presentados contra el decreto de nombramiento de la comisión de control (junta electoral) del 9-N. La decisión se tomará a lo largo de la semana y podría ser anunciada en el Consejo de Ministros del viernes.
Centros docentes
Desde el nuevo anuncio de Mas están estudiando qué actos son susceptibles de ser impugnados. Hasta el momento solo hay un acto administrativo propiamente dicho, que es el citado edicto, pero fuentes del Ejecutivo aseguran que hay otra prueba material y documental que también puede conformar el expediente de impugnación, como las misivas que un alto cargo de la Generalitat ha enviado a los ayuntamientos, la información que se ha colgado en la web de la Generalitat o la autorización expresa del Gobierno autonómico para que los centros docentes se utilicen para fines distintos a la enseñanza, como es el caso. Así lo prevé la ley de Educación: si no hay autorización de la administración competente (en este caso la Generalitat) no se podrán abrir los colegios ese 9-N. Y esa autorización lógicamente tiene que traducirse en un acto de naturaleza jurídica.
Y es que la Generalitat ha anunciado con todo detalle cómo se desarrollará la jornada: habrá 6.430 mesas en 1.255 locales; se votará en 938 de los 947 municipios; se contará con más de 30.000 voluntarios y el «cuerpo electoral» se mantiene inalterado: podrán votar 5,4 millones de personas mayores de 16 años que residan en Cataluña o se hayan inscrito en el registro de la Generalitat de catalanes en el extranjero. Nada de esto ha revestido la forma de acto administrativo porque se pretende obstaculizar los movimientos del Ejecutivo, que tiene claro, como aseguró el ministro de Justicia, Rafael Catalá, que son actuaciones de hecho por las que se quiere conseguir un resultado equivalente al del referéndum del 9-N.
El propio consejero de Presidencia catalán, Francesc Homs, ha reconocido sin tapujos que «el operativo está suficientemente blindado», y que el fichero de participantes no se activará hasta el mismo 9-N, cuando desde primera hora de mañana podrán inscribirse de forma presencial los ciudadanos que quieran votar.
Ni atajos ni añagazas
La impugnación del fichero de participantes sería el quinto incidente de ejecución que la Abogacía del Estado planteará ante el TC, de momento la única vía que se ha abierto en el marco de esta consulta. Cabría también la Contencioso-administrativa sobre acuerdos adoptados por ayuntamientos (no ha llegado el momento de recurrir a ella) y, por supuesto, la Penal, en la que intervendría la Fiscalía.
El Gobierno se ha mostrado contundente contra la pretendida «astucia» de Mas para esquivar al TC. El jefe del Ejecutivo ya ha advertido de que no caben atajos ni añagazas contra el Estado de Derecho, y tiene la firme intención de actuar ante la más mínima ilegalidad y cualquier fraude que puedan cometerse. Moncloa ve «ridículo» el sucedáneo de consulta por la falta de toda garantía democrática, pero quiere evitar la burla de la ley.