Blesa al juez: "Las tarjetas eran para gastarlas"
El expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa consiguió elevar su declaración del pasado jueves ante el juez Andreu a la categoría de club de la comedia. En esto que estaba el magistrado de la Audiencia Nacional intentando desentrañar cómo era posible que ese inspector de Hacienda en excedencia no viera nada raro en el uso de una tarjeta opaca, cuando el aludido arrancó risas en la sala. Insistió con más o menos desparpajo que las tarjetas eran “un complemento retributivo” para compensar lo “poco” que se cobraba en la caja madrileña con respecto al resto de las entidades financieras. El juez mostró su extrañeza de que un supuesto sobresueldo se pagara de esa forma, a lo que el interrogado dijo que sí, que era con tarjetas y para “gastarlas” y no hay duda de que siguió dichas indicaciones a pies juntillas.
Admitió, no obstante, que le llamó la atención descubrir que dichos gastos fueran a una cuenta de “regularizaciones de fraudes, negligencias y deficiencias del sistema”, cosa que, por supuesto, ignoraba en aquellos años locos en que tiró con fruición de su tarjeta, a pesar de ser presidente de la entidad durante nueve años. No, tampoco sabía a quién se le ocurrió dicho mecanismo.
Explicó Blesa que recibió la tarjeta de manos del que fuera responsable de recursos humanos, Manuel Gutiérrez, según la “costumbre” de la casa, por lo que no indagó más. Le trasladaron que se podía usar tanto para gastos personales como de representación y dio por supuesto que la empresa que él mismo pasó a presidir hacía la correspondiente retención fiscal. Tampoco le competía estar pendiente de eso, alegó, por lo que se declaró “sorprendido” de que no fuera así.
Las miradas de estupefacción de Andreu y del fiscal iban en aumento. Tampoco consiguieron avanzar mucho a la hora de intentar clarificar si el Banco de España conocía estas prácticas. Como hiciera poco antes Ildefonso Sánchez Barcoj, dijo suponer que estaban al tanto pero que, para chasco, a él no le correspondían las relaciones con el Banco de España.
Armado de paciencia infinita, Andreu recordó una y otra vez el artículo 24 de la ley de Cajas de Ahorro del año 2003, que establecía las condiciones para la retribución de los órganos de gobierno y que una tarjeta opaca violaba de forma clara, aunque su abogado contraatacó con el artículo 64 bis del mismo texto legal referido a incentivos. Sin embargo, para entonces, según fuentes presentes en el interrogatorio, Blesa estaba demudado.
La justificación de Rato
Con parecidos argumentos pero algo menos de descaro, se justificó Rodrigo Rato, su sucesor en la presidencia de Caja Madrid, más tarde Bankia. El que fuera todopoderoso vicepresidente económico de los Gobiernos de José María Aznar explicó que la tarjeta black era parte de su retribución y que no sospechó en ningún momento que no se estuviera haciendo la retención fiscal a la misma
Alegó en su defensa que se trataba de tarjetas perfectamente identificadas, emitidas por Visa y de las que es posible seguir la pista, por lo que nada le hizo pensar que hubiera un intento de ocultamiento. No fue hasta julio de este año, cuando el actual equipo directivo de la caja rescatada, capitaneado por José Ignacio Goirigolzarri, le reclamó que devolviera los 54.837 euros que gastó siendo ya Bankia. Con Caja Madrid gastó 44.200, cantidades que se antojan pequeñas ante la fianza que le han impuesto de tres millones de euros, una bagatela también si se tiene en cuenta que a Blesa se le han pedido 16, dinero que no puede reunir antes de este miércoles, por lo que será embargado.
Pero quizá lo más significativo de la declaración del pasado jueves es que los imputados entraron con la idea de que no habría medidas cautelares y la Fiscalía Anticorrupción reclamó esas astronómicas fianzas que el juez Andreu aceptó. La petición fiscal significa en muy buena medida que el Gobierno de Mariano Rajoy no tiene intención de atemperar la presión sobre Rato, al que ya se le ha abierto expediente informativo en el Partido Popular.
En principio, Génova tiene previsto respetar escrupulosamente los plazos que estatutariamente van de la apertura de dicho expediente a la posible suspensión de militancia o expulsión del partido, lo que podría alargar el proceso de dos a tres meses habida cuenta los plazos de recurso y alegaciones que tienen los sancionados. Eso, en principio, porque la presión social y mediática es tan potente que puede haber cambio de planes. La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, dijo el pasado viernes que el PP tomará una decisión "lo más rápidamente posible" sobre Rato, pero que antes había que cumplir con los procedimientos legales. "La contundencia no está reñida con la legalidad a la hora de tomar decisiones".
EL PP quiere marcar algo de distancia con el sistema expeditivo del PSOE, que ha provocado que el exministro de Relaciones con las Cortes Virgilio Zapatero, haya amenazado con ir a los tribunales por considerar que una expulsión colectiva es ilegal. La consigna en Génova es que se lleve este proceso de la manera más discreta posible hasta que se tome una decisión respecto de las 16 miembros del PP que hicieron uso de las tarjetas opacas en su condición de directivos o consejeros de la caja.
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